La Comisión Permanente del Consejo de Estado ha avalado por unanimidad que el Gobierno presente un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la reforma de la Ley de Presidencia de Cataluña que permitirá una investidura a distancia de Carles Puigdemont.
Fuentes de esta institución informaron de la aprobación por unanimidad del dictamen, favorable a la presentación del recurso ante el TC. El dictamen, solicitado por el Consejo de Ministros el pasado viernes y que es preceptivo para la presentación del recurso aunque no vinculante, será remitido al Gobierno, según indicaron las mismas fuentes.
El Consejo de Ministros acordó el viernes solicitar el preceptivo informe al Consejo de Estado con carácter de urgencia, después de que el pleno del Parlament aprobara la ley, con el apoyo de la mayoría de JxCat, ERC y la CUP. Este lunes, con toda celeridad, el organismo ha emitido su dictamen, lo que permite al Ejecutivo recurrir la normativa ante el Constitucional.
Así, el Gobierno pretende frenar una reforma que fue aprobada por el procedimiento de lectura única, pese a que el Consejo de Garantías Estatutarias lo desaconsejaba. La modificación de la ley contó con un total de 70 votos que incluyen los delegados del propio Puigdemont y Antoni Comín y los diputados en prisión, mientras que se opusieron los 64 parlamentarios de Ciudadanos, PSC-Units, Catalunya en Comú-Podem y PPC.
Los republicanos de ERC pidieron una reunión urgente con JxCat para consensuar los pasos a dar en los próximos días hasta que acabe el plazo del 22 de mayo para conseguir una investidura efectiva en Cataluña, después de que haya sido puesto de nuevo encima de la mesa la candidatura de Carles Puigdemont.
El Tribunal Constitucional vetó en abril la investidura de Puigdemont como presidente de la Generalitat de Cataluña de manera telemática o mediante cualquier fórmula que no implique su presencia en el Parlament y, además, con permiso judicial. Los responsables de la Cámara autonómica catalana fueron entonces advertidos por el Tribunal Constitucional de la obligación de respetar sus resoluciones
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