El Gobierno da 15 días a los Franco para señalar un nuevo lugar donde enterrarlo

La familia Franco tiene 15 días para elegir un nuevo espacio donde reposar los huesos del dictador. Así lo ha decidido el Consejo de Ministros este viernes y ha anunciado que, en caso de que el lugar no responde a las condiciones legales y de seguridad especificadas, será el propio Gobierno quien decida. Hasta ahora la familia había elegido la catedral de La Almudena para la reinhumación, pero la Delegación de Madrid señaló que supondría “evidentes riesgos para el orden público, la seguridad ciudadana y la movilidad". 

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha anunciado la finalización del procedimiento, que ha valorado como histórico y que culmina con la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos. Delgado ha enfatizado la escrupulosidad con la que se ha llevado a cabo este expediente, que era una "decisión de Estado". 

Ante la finalización del procedimiento administrativo y la inminente exhumación de los restos de Franco, el Gobierno ha dado un plazo de 15 días a las partes interesadas, que el Ejecutivo limita a la familia, para que elija donde depositar los restos óseos. Pero también han tenido en cuenta la posibilidad de que los familiares no se pongan de acuerdo y decidan guardar silencio al respecto, en ese caso "el gobierno se reserva el lugar donde deben ser enterrados los restos". 

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Hasta ahora la familia Franco había planteado la catedral de La Almudena como nuevo donde depositar los restos del dictador. Sin embargo, la ministra de Justicia ha recordado que esa opción no es factible "por razón de orden público y porque incumpliría la ley de memoria histórica". 

Delgado ha destacado el significado "histórico" de este procedimiento, que, según ha explicado, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumió tras la moción de censura porque "es una cuestión de memoria histórica". Además, ha señalado que el transcurso de este procedimiento "ha sido difícil y complicado", pero que su determinación era hacerlo con "todas las garantías". 

El Ejecutivo recuerda que la exhumación de los restos mortales de Franco “no depende ni de la autorización de los familiares ni de la autorización de la Iglesia, sino de un mandato legal”, aunque reconoce que la autorización de la familia “hubiera facilitado el procedimiento”. Asimismo, indica que “no existe un derecho de la familia reconocido ni nacional ni internacionalmente a inhumar o mantener los restos mortales de un familiar en un lugar determinado, más aún cuando estamos hablando de una tumba pública sobre la que carecen de título alguno”.

Respecto a la autorización de la Iglesia para acceder a la basílica, recuerda que “no puede ser negada cuando se refiere al cumplimiento de una resolución legal”. Así, en última instancia, la solicitud y consecución de la autorización eclesiástica en tales términos será efectuada en fase de ejecución por el Consejo de Ministros.