Lejos de aliviar la tensión en el Poder Judicial, su presidente, Carlos Lesmes, avivó las llamas en la votación celebrada a puerta cerrada para avalar a Dolores Delgado como próxima fiscal general del Estado. El hecho de que siete de los magistrados más afines a su presidente votaran en contra del nombramiento de Delgado provocó un claro descontento entre el ala más progresista del Pleno, el cual dio el 'plácet' a la propuesta de Lesmes-modificada por primera vez tras eliminar el apartado relativo a la 'idoneidad'- por "responsabilidad institucional", según explican fuentes jurídicas consultadas por La Información.
De este modo, parte de los doce magistrados que avaló el nombramiento de la exministra de Justicia bajo la fórmula de Lesmes mostró su sorpresa cuando los magistrados más conservadores no hicieron lo propio y se desligaron de este cambio. Como consecuencia, la votación que se alargó una hora y media y contó con la ausencia de dos magistrados afines al PP (Vicente Gilarte y Wenceslao Olea) culminó con 12 votos a favor y siete en contra. Sin embargo, lo más destacable fue lo que sucedió después: la vocal Nuria Díaz (elegida a propuesta del PP) emitió un voto particular discrepante al considerar que la candidata de Pedro Sánchez no es idónea para desempeñar como máxima representante del Ministerio Fiscal porque se crea una apariencia de vinculación con el Ejecutivo.
Este gesto deja entrever que Lesmes no logró calmar las aguas en una votación que se antojaba tensa no solo por el perfil de la candidata sino por los choques con el Poder Ejecutivo de los últimos días. Para los magistrados cercanos a su presidente no fue suficiente la eliminación del borrador de toda la parte relativa a la idoneidad de la candidata y prueba de ello es que el voto de Díaz viene suscrito además por todos los vocales que votaron 'no' a Delgado y que son José María Macías, Juan Martínez Molla, Juan Manuel Fernández, Gerardo Martínez, Antoni Ballesteros y Carmen Llombart.
"No cumple el requisito de imparcialidad"
Así, el voto discrepante recoge que, aunque no tienen ninguna "duda" en lo que respecta a las garantías exigidas por la Ley (jurista de reconocido prestigio que ha desempeñado sus funciones durante más de 15 años); a su juicio Delgado "no cumple con el requisito de imparcialidad" por su cargo como ministra de Justicia y su elección como diputada independiente del PSOE. "Supone, a nuestro juicio, un serio impedimento para garantizar ante la ciudadanía la imagen de independencia que ha de exigirse a un fiscal general del Estado", reza el voto, que recuerda que la participación de Delgado en la campaña electoral ayuda a crear una imagen de apariencia de vínculos con el Ejecutivo que perjudica la autonomía del Ministerio Fiscal.
Pero no solo se ha pronunciado el ala conservadora; el hecho de que se haya debatido una cuestión que se había erradicado del informe relativo al examen de Delgado ha provocado que dos magistrados de los doce que sí han respaldado el documento hayan interpuesto un voto particular concurrente para afear la actuación de los conservadores. Se trata de los vocales Concepción Sáez y Rafael Fernández Valverde, a los que se adherirá Ángeles Carmona, presidenta del Observatorio Contra la Violencia Doméstica y de Género. De este modo, queda patente que el Poder Judicial ha sacado adelante el trámite que establece la Ley para que el Rey nombre de manera oficial a Delgado como fiscal general del Estado pero ha dividido, más si cabe, un órgano de gobierno de jueces en ciernes de una urgente renovación.
Los fiscales piden una reforma de su estatuto
De hecho, fuentes fiscales consultadas por La Información consideran que la clave de bóveda de todo este asunto reside en la necesaria reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal en dos aspectos troncales: el relativo a la propuesta del candidato, que hasta la fecha corre a cargo del Gobierno, y en lo relativo al cese de esta figura. Ello implicaría una modificación del artículo 21 del Estatuto que recoge que el mandato del fiscal general tiene una duración de cuatro años pero se le puede cesar ante de ese plazo si se producen una serie de supuestos, entre ellos, el cese del Ejecutivo que le ha propuesto. El hecho de desvincular su salida del fin de un Gobierno dotaría a esta figura de mayor independencia.
Pero el Pleno, que solo tenía que como única propuesta del día votar la candidatura de Delgado, también trató otro asunto de vital importancia a petición de su presidente: lo relativo a los nombramientos de los cargos judiciales pendientes de producirse. Al respecto, el órgano de gobierno de jueces -en funciones desde diciembre de 2018- acordó paralizar este trámite hasta que no se renueve por completo la constitución. Todo un aviso a navegantes lanzado por la cúpula del Poder Judicial que durante todo este tiempo ha pedido a la clase política que se pongan de acuerdo para poner fin a la actual situación de bloqueo.
Esta decisión, que afecta a la designación de tres de magistrado en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y la presidencia de la Audiencia de Ourense, se produce justo un día después de que el CGPJ tuviera que salir al paso de unas declaraciones de Pablo Iglesias en las que puso en duda la imparcialidad de los jueces del país. Por ello, en un gesto sin precedentes, emitió una declaración institucional en la que pidió "mesura" al vicepresidente segundo de Sánchez en aras a no politizar la Justicia. La respuesta, por fuentes de Moncloa, vino en forma de respaldo a Iglesias y recordando la necesidad de desbloquear el CGPJ, el cual recordó, por su parte, que si todavía no hay renovación es, precisamente, por ausencia de acuerdo político.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios