Conservar el trabajo tras un ERE también puede dañar la salud física y mental

Madrid, 28 oct.- Las reestructuraciones de plantilla afectan a la salud física y mental no sólo de los trabajadores que son despedidos sino también de los que permanecen en la empresa, lo que los expertos han denominado "síndrome del superviviente".

Según un estudio sobre la incidencia de las reestructuraciones de empresas en la salud de los trabajadores elaborado por Labour Asociados para el Ministerio de Empleo, el estrés, la depresión y la ansiedad se han convertido en las principales causas de enfermedad de los centros de trabajo europeos.

En el caso de España, con una tasa de paro muy elevada, el informe subraya que la salud pasa a un segundo plano en las negociaciones de las reestructuraciones, porque la prioridad se centra en las indemnizaciones y en las condiciones para el paro o la jubilación.

Esta falta de atención se extiende a otros ámbitos institucionales públicos y privados, mantiene el informe, ya que ni la administración, ni las mutuas de prevención, ni otros centros de investigación han dado muestras de interés sobre un tema que "emerge como relevante en la Unión Europea".

Los procesos de reestructuración suponen una fuente de cambio de la organización del trabajo que se manifiesta en despidos o en cambios en las condiciones de empleo y trabajo para los que permanecen en la empresa, los denominados "supervivientes", que también pueden tener riesgos en la salud, especialmente psicosociales.

Sin embargo, en España no existen instrumentos de mediación y análisis estadístico sobre el impacto de las reestructuraciones en las condiciones de trabajo y la salud de los trabajadores.

"La investigación cuantitativa española es especialmente escasa en este aspecto", recalca el informe y añade que apenas se aprecian acciones ni recursos significativos dirigidos a este fin.

El estudio ha analizado grandes empresas distribuidas en varios centros de trabajo de todo el territorio nacional y de distintos sectores y destaca que en el ámbito de las pymes, donde se ha producido una "reestructuración silenciosa", los procesos son de difícil seguimiento.

Incluye datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según los cuales, la crisis ha hecho que los trabajadores afronten miedo y estrés ante la posibilidad de perder sus empleos que pueden producir más accidentes, lesiones e incluso muertes en el trabajo.

En este contexto, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, aseguró el miércoles pasado que las medidas de flexibilidad que se han introducido en la reforma laboral para evitar los despidos están contribuyendo a que las empresas sean "más saludables", por las consecuencias nocivas que el paro puede tener para la salud.

Para CCOO y UGT, lejos de las "supuestas bondades" de la reforma laboral y la flexibilidad interna, las reestructuraciones en las empresas empeoran la situación tanto de los que se van al paro como de los "supervivientes".

El secretario de Salud Laboral de CCOO, Pedro José Linares, en declaraciones a EFE, ha calificado la reforma como una "carga de profundidad" para el trabajador enfermo porque ahora es más fácil despedirle.

Considera que con un ERE, disminuye el uso de los derechos reconocidos en los convenios para los trabajadores que permanecen en la empresa por miedo a las represalias.

También se ha mostrado cauteloso sobre la flexibilidad interna ya que sólo sería positiva si fuera pactada, pero con la reforma laboral es el empresario quien tiene más facilidad para cambiar las condiciones de trabajo de sus empleados.

En el mismo sentido se ha manifestado la secretaria de Salud Laboral de UGT, Marisa Rufino, para quien la reforma laboral "perjudica la salud de los trabajadores" porque la sobrecarga de trabajo, el empeoramiento de las condiciones laborales y el temor a perder el empleo producen ansiedad, depresión y trastornos musculoesqueléticos, como dolor de espalda.

Ello unido a una menor inversión en prevención, porque las empresas lo consideran un coste.

Al respecto, ha recordado que el presupuesto del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo se han reducido un 16 % y que el destinado a la Fundación de Prevención de riesgos laborales ha pasado de 44 millones a 25 millones.