Consideran imposible que justicia Guatemala deje firme sentencia a Ríos Montt

  • La condena de 80 años al general golpista José Efraín Ríos Montt por genocidio dictada en mayo pasado por un Tribunal de Guatemala y que luego fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC), "ya no es posible que se mantenga", aseguró hoy una fuente jurídica.

Guatemala, 8 ago.- La condena de 80 años al general golpista José Efraín Ríos Montt por genocidio dictada en mayo pasado por un Tribunal de Guatemala y que luego fue anulada por la Corte de Constitucionalidad (CC), "ya no es posible que se mantenga", aseguró hoy una fuente jurídica.

El abogado del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), Héctor Reyes, querellante en el juicio, dijo a Efe que "es imposible" que se haga la petición que formuló hoy en París el presidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Karmi Lahidji.

La FIDH pidió a la CC, la máxima instancia jurídica de Guatemala, que mantenga la condena a 80 años de cárcel a Ríos Montt por genocidio y crímenes de guerra.

Sin embargo, Reyes explicó que "ya no es posible" porque la resolución de la CC, emitida el 20 de mayo pasado que anuló la sentencia dictada diez días atrás, "ya fue ejecutada por una Sala de Apelaciones".

Esta alta magistratura, dijo, incluso ya designó al Tribunal B de Mayor Riesgo para que realice un nuevo juicio a Ríos Montt a partir del pasado 19 de abril, fecha a la que retrocedió el caso la Corte por supuestos malos procedimientos judiciales.

"Lo único que queda a las partes (querellantes y Fiscalía) es pedir una aclaración y una ampliación, pero ello no cambiará en ningún momento la resolución", acotó.

Según la FIDH, que hoy divulgó su informe en París y Guatemala sobre el proceso judicial elaborado en base a dos misiones de observación durante el debate en marzo y abril pasados, la anulación de parte del juicio, incluida la sentencia, representa "una flagrante violación del derecho internacional y de las obligaciones de garantizar el derecho a la verdad y la justicia".

El informe calificó de "histórica" la sentencia dictada por el Tribunal A de Mayor Riesgo, que presidió Jazmín Barrios, y también el "coraje" que tuvieron las víctimas para dar su testimonio.

La anulación "es una prueba más de la impunidad de la que han gozado durante décadas y continúan gozando, los más altos responsables de los crímenes perpetrados durante el conflicto armado interno (1960-1996", asegura el documento, presentado en Guatemala por Manuel Ollé Sesé y Jo-Marie Burt de la FIDH.

"La decisión de la Corte de Constitucionalidad evidencia la falta de voluntad de condenar a Ríos Montt en la medida en que tres de los cinco jueces que la conformar, se alinearon con las maniobras procesales dilatorias de la defensa", expresa.

La organización apunta en el informe que constató las "presiones a las que fueron sometidos los integrantes del Tribunal de Sentencia, los abogados defensores e incluso los propios supervivientes y víctimas que declararon como testigos en el juicio, a través de campañas de difamación, intimidaciones y amenazas".

La FIDH exhorta "a que ningún en caso se re-victimice a los supervivientes, obligándolos a soportar la carga de un nuevo juicio en caso de que se reanude el mismo", y pide que "se garantice la seguridad de los operadores de justicia, abogados y testigos en el caso".

El Tribunal designado para el nuevo juicio ha anunciado que el caso se podría reactivar hasta abril del 2014 debido a que tiene que resolver antes varios procesos judiciales.

Ríos Montt, quien gobernó de facto entre 1982-1983 y su antiguo jefe de Inteligencia Militar, José Rodríguez, quien fue absuelto en el pasado juicio, son acusados del asesinato de 1.771 indígenas ixiles del departamento noroccidental de Quiché.

Ambos se encuentran con arresto domiciliar luego de la resolución emitida por la Corte de Constitucionalidad a la espera de enfrentar de nuevo a la justicia por genocidio.

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