El Gobierno no respalda la Ley 16/2017 del cambio climático aprobada por el Parlamento de Cataluña en agosto de 2017. El Tribunal Constitucional sí, excepto en un punto: la prohibición del 'fracking'. El Ejecutivo recurrió la ley catalana en noviembre de 2017 y el Constitucional suspendió su aplicación. Ahora, en un auto notificado en marzo, el Constitucional levanta la suspensión de la norma que, entre otras cosas prevé el cierre de las centrales nucleares -hay tres en la comunidad autónoma- antes del año 2027.
El Constitucional sólo mantiene la suspensión de un artículo de la norma catalana: el 19.4. El artículo, uno de los más de 20 cuestionados por el abogado del Estado, prevé que "el Gobierno [de Cataluña] no concederá permisos de exploración para la obtención de gas y petróleo de esquisto por fracturación hidráulica horizontal (fracking), incluida la relacionada con la obtención de gas metano de capas de carbón con utilización de fracturación inducida".
El Alto Tribunal mantiene suspendido el artículo referido al 'fracking' en coherencia con la doctrina aplicada sobre el mismo asunto en las comunidades autónomas que legislaron para prohibir tal actividad: La Rioja, Cantabria, Navarra, País Vasco y la propia Cataluña.
La norma y el artículo 155
Todo el resto de preceptos obtiene el visto bueno, lo que en principio deja vía libre a la comunidad autónoma para aplicar la norma. Pero en Cataluña, en estos momentos, no hay Gobierno que pueda decidir cómo ponerla en marcha y está en vigor la aplicación del artículo 155 de la Constitución que intervino la comunidad y que da el control al Ejecutivo central con el respaldo del Parlamento.
La ley catalana de cambio climático fue aprobada en agosto de 2017 sin ningún voto en contra. Votaron a favor Junts pel Sí (JxSí), Ciudadanos, PSC, Catalunya Sí Que Es Pot (CSQEP) y la CUP. El PPC se abstuvo. La norma plantea, entre otras cosas, reducir un 40% las emisiones de gases contaminantes de efecto invernadero para el año 2030 con respecto al nivel registrado en 2005 y llegar al 65% en 2040 y al 100% en 2050. Asimismo, establece que las administraciones públicas deben gravar con impuestos aquellas actuaciones que aumenten las emisiones contaminantes e incentivar fiscalmente sus reducciones.
La ley también crea un fondo público para impulsar el fomento de las energías renovables, el autoconsumo eléctrico -una cuestión especialmente polémica-, las viviendas energéticamente eficientes, la movilidad sostenible, el ahorro de agua y la conservación de la biodiversidad.
Pero donde la ley catalana es especialmente sensible es en lo que afecta al parque nuclear. Según detalla, el objetivo es aplicar tecnologías que contribuyan "a reducir la dependencia energética de Cataluña de recursos energéticos externos, a la descarbonización y a la desnuclearización". Y ese objetivo, según recoge el artículo 19.2 (a) pasa por "establecer un plan de transición para el cierre, no más allá de 2027, de las centrales nucleares, velando por la preservación de los puestos de trabajo directos que generan en el territorio".
La mitad de las nucleares del país
En Cataluña funcionan tres de los siete grupos nucleares que existen en España. Los tres están en Tarragona. Se trata de Ascó I (Endesa 100%), Ascó II (85% Endesa, 15% Iberdrola) y de Vandellòs II (72% Endesa y 285 Iberdrola). Los teóricos del independentismo las tienen bien estudiadas. La Fundació Josep Irla, próxima a ERC, detalló en un estudio sobre la energía en Cataluña que esas centrales producen “aproximadamente el 50% de la electricidad que consume” la comunidad. Cataluña se situaría por detrás de Francia, Lituania, Bélgica y Ucrania en proporción nuclear.
Según los autores del informe Irla, Catalunya tiene una capacidad de generación eléctrica instalada de "más de 13 gigavatios", lo que "permite cubrir el actual pico de demanda de 12 gigavatios" en caso de que tuviera que operar "de manera aislada". En estos momentos, la supervisión de las instalaciones nucleares, así como la gestión de los residuos, corresponde al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). El consejo CSN tiene la facultad de encomendar a las comunidades autónomas el ejercicio de funciones que le están atribuidas.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios