Las monjas inquilinas de uno de los rincones más desconocidos de la capital de España no se podrían ni imaginar que, casi 15 años después de abandonar su residencia, ésta se convertiría en epicentro de una batalla judicial. Vecinos de la zona y actuales propietarios de este terreno están en pie de guerra desde hace tres años por el valor de la parcela que, pese a encontrarse en el corazón de uno de los barrios más sibaritas y codiciados de Madrid, suma 17.000 metros cuadrados, de los cuáles 5.000 son solo jardines. Las partes enfrentadas pleitearon ante los tribunales para esclarecer si el edificio que se construyó en 1928 estaba protegido como Bien de Interés Patrimonial antes de que el Ayuntamiento iniciara las gestiones para ello.
Paseo de la Habana número 198. Un muro oculta el interior de una parcela de la que solo son testigos los privilegiados vecinos cuyos domicilios rodean este enclave tan particular de la capital. Poco o nada hace presagiar que tras esa tapia se esconde un terreno que hizo las veces de convento desde su construcción en 1928. El mismo se atribuye al arquitecto Críspulo Moro, representante de la estética modernista cuya obra más conocida son los Cines Doré. El bautizado como Noviciado de las Damas Apostólicas, que también sirvió de internado durante todo el siglo XX, contaba con una Iglesia, sala de conferencias, vivienda para sacerdote o enfermería, entre otros servicios. La joya de la corona de esta obra era la fachada principal, de estilo neomudéjar, y los patios casi simétricos que la rodeaban.
Sin embargo, desde la salida de las monjas en el año 2006 poco o nada queda de su esencia. Las malas hierbas crecen en el jardín y el edificio principal se encuentra medio derruido. Para entender la situación actual hay que remontarse al año 2017. Fue entonces cuando la promotora Global Alchiba adquirió este complejo con el objetivo de poner en marcha un colegio mayor para estudiantes pero las obras de demolición no pasaron del primer día. Los vecinos del lugar denunciaron que se estaba tirando abajo un edificio de valor incalculable y la Policía echó el freno. La promotora, por contra, alegó que esta casa de la caridad (que no convento) jamás contó con la protección que ahora aduce el movimiento vecinal ya que, de lo contrario, no la hubieran adquirido.
¿Edificio protegido?
La parálisis de estas nuevas obras -en las que se calcula una inversión de 40 millones de euros- han tenido su derivada en la Justicia. Tras años de litigios, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid se pronunció sobre este asunto en enero de 2020. En su resolución, los magistrados tumbaron los planes de la promotora y concluyeron que tenía que entenderse como Bien de Interés Patrimonial no solo el noviciado sino también los jardines del mismo. Paradójicamente, nueve meses después, el mismo tribunal dio la razón a los actuales dueños de la parcela y les reconoció que no se tenía que haber frenado la demolición. Sin embargo, la promotora alega que es una respuesta tardía dado que estos tres años parados les ha supuesto un gran perjuicio económico además de un importante daño reputacional.
Por ese motivo movió ficha y pidió a la Justicia nuevas diligencias con las que desatascar la situación de parálisis actual. La respuesta ha sido favorable para ellos después de que un juzgado de primera instancia de Madrid haya dado luz verde a su demanda contra el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM) por daños y perjuicios. La sociedad promotora quiere que expliquen en sede judicial el cambio de criterio al pasar de autorizar la demolición de los tres edificios que integran el noviciado a pedir su protección como Bien de Interés Patrimonial (BIP). Por ese motivo, el magistrado Lorenzo Valero apela en un auto al que ha tenido acceso La Información que la corporación y la exsecretaria de la Junta de Gobierno, Elena Sarabia, deben comparecer en sede judicial el próximo 12 de enero para responder por estos hechos.
La promotora, que pagó una cantidad inicial de 32 millones de euros, responsabiliza al COAM de haber dado luz verde al proyecto de derribo y dice que si hubiera sabido que el noviciado estaba protegido, lo hubiera integrado desde el principio en su proyecto de residencia de estudiantes. Además, recuerda que la Congregación de Apostólicas del Corazón de Jesús, propietaria de la finca hasta su venta, facilitó información en la que no constaba nada acerca de que fuera patrimonio histórico y que recabaron cartas de la Santa Sede autorizando la transacción. ¿Qué pasó entonces para que las obras se paralizaran el mismo día de su arranque en junio de 2017? Según denuncia la propia promotora, fue el COAM el que dio la voz de alarma ante la Dirección General de Patrimonio y Cultura de Madrid. A su pretexto se unieron los vecinos de la zona que consideran que las obras se precipitaron para evitar tener que hacer frente a la prohibición de demolición.
- La Dirección General de Patrimonio paró las obras un día después de su arranque tras la denuncia de un vecino.
El carácter religioso
Por ese motivo, la batalla judicial que todavía no ha terminado en los tribunales viene auspiciada por un reguero de normativas y leyes a las que ambas partes se acogen para respaldar sus teorías sobre la verdadera naturaleza de esta parcela. Para el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid la clave está en considerar el noviciado como un edificio conventual anterior a 1936. Y es que la Ley de Patrimonio Histórico protege todos los inmuebles de estas características previos al año en que arrancó la Guerra Civil. La pregunta que surge a tenor de esta normativa es si se trata o no de un edificio religioso. Mientras la promotora niega ese extremo y dice que la parcela nunca tuvo ese reconocimiento, los vecinos afectados defienden la tesis contraria. La Justicia razona sobre este punto que ninguno de los usos dado al complejo fue de convento.
Pese a ello, los tribunales no se ponen de acuerdo en la cuestión troncal. Y es que si en enero se dictaminó que la protección debía ser total de toda la parcela, en noviembre se reconoció que la orden de julio de 2017 de paralización de las obras no se ajustaba a derecho. En lo que respecta al primero de los fallos, el TSJ de Madrid concluyó que no se trataba de una mera protección de los huertos del solar sino de preservar todo ese espacio debido a su "significación histórica". En el segundo, hecho público en noviembre, los magistrados apuntan al Ayuntamiento de Madrid por incumplir su obligación legal de completar el catálogo sobre este inmueble antes de la entrada en vigor de la Ley3/2013 de Patrimonio Histórico de la Comunidad. Las resoluciones emitidas y la falta de entendimiento con el consistorio abocaron a los propietarios de este singular edificio a un punto muerto del que esperan salir para poder poner en marcha su proyecto.
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