Convivencia Cívica recurrirá a Estrasburgo si Govern incumple sentencias TS

Barcelona, 21 sep.- La entidad Convivencia Cívica Catalana recurrirá al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si la Generalitat no cumple las cinco sentencias del Tribunal Supremo (TS) que consideran que el castellano es también lengua vehicular en la enseñanza junto con el catalán.

Así lo ha asegurado hoy el presidente de esta entidad, Francisco Caja, tras presentar ante la sede de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en Barcelona, un escrito de oposición al recurso presentado por la Generalitat contra el auto que la obligaba a ejecutar en dos meses las sentencias del TS.

Caja ha indicado a los periodistas que "estamos dispuestos" -la entidad que preside y las familias que reclaman una enseñanza bilingüe- a llegar hasta el Tribunal de Estrasburgo y ha asegurado que ya tiene preparada la denuncia.

A su juicio, el recurso presentado por la Generalitat contra el auto del TSJC "no ha lugar" porque, con anterioridad, no recurrió las propias sentencias del Supremo, que se conocieron en diciembre de 2010, coincidiendo con el cambio de gobierno en Cataluña.

Ha retado al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, a que le digan dónde se menciona la inmersión lingüística en la Ley de Educación de Cataluña, una inmersión que, ha opinado, "es una práctica ilegal".

Caja ha anunciado, además, que "dentro de dos días" Convivencia Cívica presentará un recurso contra la providencia del TSJC que deja en suspenso el plazo de dos meses para que el gobierno catalán cumpla las sentencias del TS.

"Creemos que una providencia no es la forma adecuada" para suspender el auto del TSJC y ha considerado que el alto tribunal catalán "nos dará la razón" y el gobierno de Mas "se verá obligado a acatar las sentencias".

Según datos facilitados por Francisco Caja, unas 500 familias en Cataluña han presentado la solicitud para que sus hijos reciban una enseñanza bilingüe, unas peticiones que la consellera Irene Rigau "no ha respondido", ha asegurado.