El Gobierno retrasa la aprobación de la renta básica y la moratoria de alquileres

La aprobación de una renta básica y la moratoria en el pago de algunos alquileres tendrán que esperar. El consejo de ministros celebrado este martes en el búnker de La Moncloa ha dejado de lado ambos asuntos, de forma que el Gobierno retrasa durante un tiempo indefinido la implementación de estas medidas que beneficiarían a una parte importante de la población. El área económica quiere medir y calcular el coste de sus decisiones antes de aprobarlas mientras los titulares de Unidas Podemos siguen insistiendo en ambas decisiones.

El Gobierno de coalición lleva horas de intenso debate para la ampliación del llamado "escudo social" para hacer frente a la crisis del coronavirus. Hay dos posiciones al respecto en el consejo de ministros. La que defiende Pablo Iglesias, el resto de ministros de Unidas Podemos y algún titular nombrado por el PSOE, como José Luis Escrivá, que piden pisar el acelerador con estas medidas económicas; y la postura que defiende la vicepresidenta económica Nadia Calviño y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que prefieren contemporizar en el tiempo las decisiones.

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En cuando a la propuesta de renta básica o mínima, el debate sigue abierto. En las últimas horas y en el cónclave de este martes se ha hablado de una ayuda especial para aquellas personas que no pueden acogerse al paquete de ayudas económicas aprobadas hasta ahora. Se trataría de una renta para ciudadanos con bajos ingresos, una especie de ingreso mínimo para proteger a quienes tienen rentas modestas  o hayan visto las mismas reducidas por la crisis del coronavirus. El equipo de Calviño ha retrasado la decisión para calcular el coste de la medida.

Lo mismo sucede en cuanto a la moratoria de determinados alquileres. El vicepresidente Iglesias y los titulares morados quieren que la medida se anuncie lo antes posible, ya que consideran que la situación es extrema para españoles afectados por el drama que ya está suponiendo para su puesto de trabajo la crisis y quieren darles una solución urgente que alivie su economía personal y familiar. Pero Economía lo vuelve a frenar. Eso no quiere decir que lo descarte, sino que prefiere aplicar otro ritmo.

La cuota de autónomos también está sobre la mesa de los debates entre ministros. Unidas Podemos está intentando que el Gobierno exima a estos trabajadores afectados por la crisis del coronavirus del pago durante la declaración del estado de alarma. Y que, incluso, se haga con efectos retroactivos. Aquí ocurre lo mismo: el área de Calviño frena la medida que también ha reclamado la asociación ATA presidida por Lorenzo Amor. Esta decisión, sin embargo, lleva otro ritmo y se espera para más adelante.

Lo que sí ha aprobado el consejo de ministros de este martes es la activación de una primera línea de avales públicos por valor de 20.000 euros, una quinta parte del total anunciado. Esta movilización inicial tiene como objetivo facilitar la liquidez a las compañías y pequeños empresarios que puedan requerirlo a través de la banca. Para ello la garantía pública cubrirá hasta el 80%. 

Para el resto de compañías, es decir, las empresas más grandes, los avales serán del 70% para los nuevos préstamos y del 60% en caso de la renovación de líneas ya existentes. Por tanto el Gobierno deja el listón por debajo de lo solicitado por el sector y lo aprobado por otros países, como Alemania, que alcanza el 80% del montante total.

Lo que sí ha descartado totalmente el Gobierno, al menos de momento, es paralizar la actividad empresarial del país. El Ejecutivo, en boca de Nadia Calviño, argumenta que las medidas aprobadas con motivo del estado de alarma son las más restrictivas de Europa y no ve necesario ampliarlas. Sí se está aplicando un escenario de economía de guerra y se ha dado orden a varias industrias de fabricar material sanitario para hacer frente al desabastecimiento.

Pero el área de Unidas Podemos en el consejo de ministros está insistiendo en que, si es necesario, se pare la actividad económica. Quieren, en definitiva, que si hay que poner en marcha restricciones más severas se haga, aunque eso suponga el cierre total de las empresas españolas. Solo quedarían operativas las de primera necesidad. Si Sánchez se ve obligado a tomar esta decisión Iglesias y sus ministros la apoyarían.