Al Gobierno no paran de surgirle frentes de conflicto en medio de la pandemia de coronavirus. A todos los problemas que ya arrastraba por la gestión de la crisis acaban de sumar otro más que llega desde las comunidades autónomas, que ya le estaban provocando ciertos dolores de cabeza por los distintos criterios de conteo de contagios o fallecidos por Covid-19. Las controversias se agudizan por las medidas de desescalada que Moncloa pretende llevar a cabo las próximas semanas, y que comenzaron con la decisión de no prorrogar el cierre de la actividad no esencial. Autonomías como Cataluña o País Vasco ya han empezado a exigir que empiece a reactivarse el país o se relaje el confinamiento. Incluso anuncian, como es el caso del Govern catalán, que lo harán sin esperar a lo que diga el Ministerio de Sanidad, que es el único que tiene las competencias para iniciar ese fin de la cuarentena de manera gradual.
Que haya regiones que se sumen a la lista de díscolas que inauguraron Madrid y Cataluña coincide con la gran problemática sobre las cifras oficiales de positivos, muertos o tests realizados. Los números unificados que ofrece el Ejecutivo ya no cuadran tras un mes de actualización diaria de estadísticas. El último retoque a la manera de contar ha provocado que haya menos afectados de un día para otro, lo que el responsable sanitario de la pandemia, Fernando Simón, ha justificado con que estaban "ajustando" los datos de algunas autonomías. Algo que ocurre en un momento en el que el propio departamento que lidera Salvador Illa admite que crecerán los contagios oficiales por haberse realizado más tests. Y con las cifras de víctimas manteniéndose por encima de las 500.
Choque por los niños
Esta nueva brecha entre comunidades y Gobierno central tiene como polémica principal el debate en torno a la salida de los niños de casa. La primera que quiere poner en práctica esta medida es la Generalitat que preside Junts per Catalunya en coalición con ERC, que ya ha anunciado un plan para que se les permitan salidas de algunos minutos a partir del próximo fin de semana. Un plan que el equipo de Quim Torra da por hecho que se llevará a cabo cuando no puede tomar esa decisión sin contar la autorización previa de Moncloa. De hecho, el ministro de Sanidad ya ha advertido de que la decisión de la salida escalonada de los pequeños le corresponde a su departamento. Sin que ninguna autonomía puede actuar de forma unilateral.
Más prudente que el Ejecutivo de Torra fue el lehendakari, Iñigo Urkullu, que habló de proponer al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "medidas de descompresión social y económica", entre las que señalaba como prioridad la de que los menores puedan estar en la calle durante un tiempo determinado. Dicho plan tendría que llevarse a cabo, según el líder vasco, "con estrictas medidas de seguridad y de distanciamiento físico". Una propuesta parecida a la que hizo el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que abogó por salidas de una hora fuera de horas punta en las que estuvieran acompañadas de un adulto, y sin que los menores pudiera utilizar bicicletas o patinetes.
Tras cumplirse más de un mes sin que los menores puedan abandonar sus hogares por un tiempo limitado por el estado de alarma, varios representantes políticos destacados ya reclamaron que se abrieran las puertas a los niños en algún momento del día. Una flexibilización que también ha solicitado el Defensor del Pueblo, que ha trasladado a Salvador Illa que "debería permitirse algún tipo de salida de los menores con sus padres, aún limitada en el espacio y el tiempo, de manera controlada, tal y como ya sucede en algunos países de nuestro entorno". Algo en lo que ya trabaja el Gobierno, tras el encargo de Presidencia a Sanidad de que realice un informe que analice los escenarios y fije los criterios que afecten a los más pequeños y sus paseos por la calle.
Apertura económica... y gradual
Las otras presiones autonómicas tienen que ver con la economía y en la manera en que se realizará la desescalada. En el primer asunto también ha destacado Urkullu, que solicitará que se abran ciertos comercios y pequeños negocios para que comience esa etapa de "nueva normalidad". Dicho plan coincide con el que ya propuso el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, que señaló a este medio que había que poner en marcha la actividad el día 26 "porque no podemos esperar más". En la misma línea, pero con una fórmula distinta, se situó el presidente de Murcia, Fernando López Miras. El dirigente murciano pidió que se permitiera la apertura económica a las comunidades con mejor situación de contagios y fallecidos, como es el caso de la suya.
Ese proceso de 'desconfinamiento' progresivo forma parte de las discusiones de Moncloa, que aún no ha presentado ningún plan más allá de anunciar una nueva prórroga del estado de alarma para extenderlo hasta el 10 de mayo. Aunque Pedro Sánchez y su gabinete no paran de recibir peticiones para que aclaren qué van a hacer, por ahora se han limitado a señalar que seguirán el criterio que les marquen los científicos que les asesoran. La realidad actual es que Madrid y Cataluña siguen siendo las más afectadas por el virus. Lo que supone un contraste con otras a las que les va mucho mejor, como Asturias, Aragón o Navarra. Y las presiones al Ejecutivo de unos y otros no hacen más que crecer.
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