El proceso para iniciar la desescalada de las duras medidas de confinamiento impuestas por el estado de alarma está en marcha. El principio del fin de la cuarentena obligatoria para la población motivada por el coronavirus ya forma parte de las reuniones telemáticas que Moncloa mantiene con expertos o representantes de las comunidades autónomas. Y lo hace a través de un comité especializado en dicha cuestión, formado por cargos públicos o técnicos designados por cada autonomía. Una elección que Moncloa permitió que fuera libre, por lo que cada gobierno regional ha designado a quien considere. Lo que les sirve para que sus 'peones' puedan defender sus intereses y luchar porque se les permita controlar ese desconfinamiento que se llevará a cabo en las próximas semanas.
Este comité para la desescalada fue una propuesta que Pedro Sánchez trasladó a los presidentes autonómicos hace un par de semanas, cuando se discutió la petición de la primera prórroga del periodo de alarma. Después, Moncloa pidió a cada autonomía que propusieran los nombres de quienes querían que les representaran. Fuentes conocedoras de estos encuentros explican que ya se han producido varios encuentros telemáticos entre los elegidos por las Consejerías de Sanidad de cada comunidad, que son las que tienen las competencias de mayor importancia por el carácter sanitario de la crisis. Pero, hasta el momento, no se han producido grandes avances debido al mando único que ostenta el Ministerio, y a la incertidumbre que aún pesa sobre el proceso.
Aun así, los distintos jefes de gobierno regionales han ido marcando el terreno de por dónde quieren que vayan las deliberaciones en las reuniones que se mantengan. Los más explícitos han sido el president catalán, Quim Torra, y el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, que han pedido tener plenos poderes para controlar y diseñar ese regreso paulatino a la "nueva normalidad" que se afrontará por culpa del virus. Entre las razones que exponen para ello está el conocimiento del territorio de sus técnicos con respecto a los que pueda tener el departamento que lidera Salvador Illa. Una singularidad que, como señaló el propio Revilla sobre Cantabria, no tiene nada que ver con la catalana o la madrileña. Además, piden esa competencia por el hecho de que se les dé voz y voto, y no se les informe simplemente de lo que decide Moncloa por todos.
Todas las comunidades consultadas por esta redacción coinciden en que están a la espera de que Sanidad les concrete cuál será el camino que quiere iniciar y si podrán ser partícipes de las decisiones. En la casilla de salida para relajar las restricciones están la ya mencionada Cantabria, que comparte lugar con Andalucía o los archipiélagos canario y balear. En el caso andaluz, las provincias que cuentan con más posibilidades de ir permitiendo la salida de los ciudadanos de sus casas son Almería y Huelva. La región cántabra está en una situación distinta, ya que las grandes ciudades como Santander o Torrelavega permanecerían confinadas, según ha podido saber este diario. Sí se abriría la mano con las localidades más pequeñas, al registrarse casi 40 municipios sin casos positivos o fallecidos.
Expertos, pero no independientes
Las fuentes consultadas explican que cada Ejecutivo ha elegido a quien ha considerado. E incluso algunos de ellos han tenido la oportunidad de designar a más de una persona para que forme parte de las reuniones. Este sería el caso de Madrid, que ha sentado en esa mesa telemática a la viceconsejera de Sanidad, Ana Dávila, y la Directora de Salud Pública, Carmen Yolanda Fuentes. También cuenta con esa ventaja País Vasco, por quien hablan el viceconsejero de Salud, Iñaki Berraondo, y el experto en enfermedades crónicas Esteban de Manuel. Otras como Murcia o Extremadura tan solo cuentan un técnico, al disponer la primera de Jaime Pérez, médico que trabaja en su dirección general de Salud Pública y Adicciones, y la segunda con la doctora especialista en medicina intensiva María Jesús López.
Sus hojas de servicios evidencian que casi todos los representantes autonómicos tienen relación con el mundo de la medicina y la investigación. Pero eso no quiere decir que sean independientes a los planteamientos de los gobiernos que les han elegido. Muchos de ellos tienen vinculación política con esos ejecutivos, ya sea por estar en cargos públicos o por afinidad ideológica. Y su elección está pensada para que, además de formar parte de debates constructivos, defiendan los intereses de sus autonomías, como explican las distintas fuentes consultadas por este diario.
Su función es la de proponer, discutir y valorar las distintas medidas para relajar la cuarentena que sea posible aplicar en función del avance del virus. Un grupo de trabajo que coordinará de esta manera un proceso que sigue generando miedos en el Gobierno central, que no quiere dar pasos en falso por la amenaza de rebrotes del Covid-19. Por eso no tendrá capacidad de decisión de por sí. Tendrá por encima al Comité de Seguimiento del Covid-19, liderado por el presidente Sánchez, o a la propia Conferencia de Presidentes autonómicos, que desde el inicio de la pandemia se reúne todos los domingos.
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