El Gobierno acelera y rechaza una ola de casi 200 indultos en plena crisis del virus

El Consejo de Ministros de este martes no solo aprobará un nuevo paquete de medidas económicas por la pandemia del coronavirus. Junto a ello, está previsto que se deniegue una avalancha de casi 200 peticiones de indulto parcial que se habían recibido en las dependencias de Justicia, muchas de ellas en los últimos dos meses, según han confirmado fuentes cercanas a ese proceso administrativo. El pasado sábado 21 de marzo el BOE recogió una disposición del Ministerio de Justicia por la cual se acordaba reanudar la tramitación de los indultos. El estado de alarma decretado estipulaba que solo se podían gestionar bajo esta situación aquellos procedimientos administrativos que se consideraran indispensables. Siete días después, el Gobierno incluyó en estos supuestos los casos relativos a los indultos que estuvieran en tramitación desde el 14 de mayo anterior o que se iniciaran estando ya en pleno estado de alarma.

Se trata de una resolución sorprendente por la cantidad de expedientes que se tramitan de una sola vez, en plena polémica por la posibilidad de que los presos del 'procés', en prisión y sin ventajas penitenciarias por el estado de alarma, opten finalmente por pedir su indulto de motu propio. Por lo pronto y ante la negativa de ellos mismo a pedirlo, cabe la opción de que sean terceros los que pidan esa gracia para los políticos independentistas catalanes, como ocurre en el caso de Dolors Bassa, cuya petición de indulto se puede plantear por iniciativa del sindicato UGT, algo que quedaría pendiente de que ella lo ratificase. En cualquier caso, los indultos tramitados y denegados este martes suponen acelerar muchos expedientes pendientes y abrir camino para los siguientes. 

Según han explicado fuentes jurídicas habituadas a hacer este tipo de peticiones de indulto, desde que se originó la crisis ha habido el tiempo justo, pero suficiente, para hacer estas peticiones con la excusa del virus, si bien también cabe la opción de que, en muchos casos, se trate de modificaciones y añadidos a procesos ya en marcha que pueden incluir el riesgo de contagio del virus como una razón adicional para no entrar a lugares donde hay aglomeraciones de personal, como las cárceles. Se incluyen, además, tanto los casos de quienes están privados de libertad y quieren reducir su pena o salir, como quienes están pendientes de entrar y pretenden recortar la condena a menos de dos años y evitar su entrada.

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Se da el caso de que, hasta el momento, el coronavirus apenas había contagiado a dos presos en las cárceles españolas, dado que el aislamiento al que están sometidos y la paralización de todos los permisos con el decreto de alarma había impedido su propagación. Es más, el virus sí dio positivo en una quincena de funcionarios de prisiones, más por sus relaciones fuera de la cárcel que dentro de sus paredes. De hecho, Instituciones Penitenciarias hizo un recuento del retén de material antivirus que obraba en su poder, sobre todo mascarillas y guantes, para repartirlo en las prisiones en el momento que haga falta, siempre con el permiso de Sanidad y sin precipitaciones.

Según explican a este diario juristas expertos en derecho penal, son muchas las solicitudes que cursan los familiares de los condenados y pocas, o muy pocas, las veces en las que se resuelve favorablemente. Cabe destacar que, pese a tratarse de una cuestión puramente administrativa, en estos casos excepcionales pesan más los motivos de índole humanitario que la razón jurídica. Es decir: para conceder un indulto, ya sea total o parcial, se tiene muy en cuenta la conducta del condenado, el grado de arrepentimiento y la gravedad de los delitos.

De todas formas, en esta situación de estado de alarma la solicitud de este trámite no solo proviene por reos que cumplen condenas en firme en prisión. También puede ocurrir, de acuerdo con las fuentes consultadas, que soliciten el indulto precisamente para retrasar lo máximo posible su ingreso en la cárcel. Incluso se puede amparar la petición en el peligro que supondría ingresar en un centro penitenciario teniendo en cuenta la actual crisis sanitaria que atraviesa el país, tanto porque muchos de ellos pueden convertirse en focos de transmisión de esta enfermedad, como por el riesgo de entrar en la cárcel siendo portador del virus sin síntomas. 

Con todo, no existe un único tipo de indulto, sino que hay que diferenciar entre el parcial y el total. En este último caso se produce la remisión de todas las penas a las que hubiera sido condenado el beneficiario de esta medida, sin excepción de ningún tipo. Sin embargo, en el indulto parcial se remiten algunas de las penas impuestas. De este modo suelen ocurrir, por ejemplo, que en algunos casos los afectados ven reducidas sus penas de cárcel en la mitad de años, aunque también ocurre que se le puede librar de la prisión al reo pero mantenerle otras medidas como multas u órdenes de alejamiento, dependiendo de sus condenas.

Sea como fuere, el Ministerio de Justicia también tiene muy en cuenta no solo la actitud del reo sino también sus circunstancias personales. Algunos de los indultos que se conceden en España se hacen tras evaluar la situación personal de cada uno. En este contexto pesa mucho si se trata de una persona que tiene que mantener una familia que no puede subsistir por sí sola o bien si, como ocurre en ocasiones, el que lo pide está saliendo de alguna adicción como pueden ser las drogas o el alcohol.

Con todo, no solo es difícil conseguir un indulto en España (se concedieron 17 en todo el año 2019) sino también tramitar su petición. El tribunal sentenciador no decide sobre esta pretensión pero sí debe estar al tanto de la formulación de esta medida de perdón para después ofrecer su valoración sobre este asunto, aunque no sea vinculante. Además, se trata de una causa de la que muchos expertos reniegan al considerar que data de cuando el Rey impartía Justicia, a partir de una ley del siglo XIX (1870), por lo que entienden que no tiene cabida en el sistema actual.

Prueba de que muchos presos temen sufrir en primera persona el contagio del coronavirus es que en los últimos días dos de los principales protagonistas de las causas penales del país han pedido su salida de prisión ante el miedo a contraer esta enfermedad. Así, el primero que cursó esta petición, ya denegada, fue el comisario jubilado José Manuel Villarejo. Su abogado Antonio García Cabrera expuso en un escrito que se trata de una circunstancia “extraordinaria” y que su cliente es una persona de alto riesgo puesto que sufre “hipertensión arterial crónica”.

Luis Bárcenas, por su parte, también ha pedido su excarcelación de Soto del Real. La Fiscalía Anticorrupción se opone a la petición alegando que el riesgo de fuga ha aumentado más, si cabe, con motivo del próximo pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre los recursos a la sentencia de Gürtel por la que se le condenó a 33 años de prisión, tal y como consta en el escrito de la fiscal Belén Suárez al que ha tenido acceso este medio.