Priorizar la política y la economía incluso cuando la situación sanitaria por el coronavirus no es la adecuada no le ha salido bien a la Comunidad de Madrid. El rechazo del Ministerio de Sanidad a que la región que lidera Isabel Díaz Ayuso avance a la fase 1 del plan de desescalada ha sido un jarro de agua fría para las expectativas del Ejecutivo autonómico. El argumento técnico lanzado por este es que cumplían todos los requisitos de camas para UCI y enfermos agudos, a pesar de que su directora de Salud Pública dimitió por considerar que eso no era así. Pero el que más ha pesado es el económico, ya que Madrid insistía en que su actividad no podía esperar más para reactivarse. Algo que, según la presidenta, podría incluso provocar "problemas de orden público". Unas advertencias que el departamento de Salvador Illa ha ignorado, y que han puesto en el disparadero a la coalición de PP y Ciudadanos.
La decisión de Sanidad contra el interés de Madrid ha sido el colofón a 48 horas de polémica que ha contado con varios frentes. El más destacado y que sirvió para avisar del cariz que había tomado el asunto fue la dimisión de la directora de Salud Pública, Yolanda Fuentes, que estaba en contra de solicitar el cambio de fase y se negaba a firmar el informe que la Consejería de Sanidad madrileña iba a remitir al ministerio del ramo. Una renuncia ante la que Ayuso no se ha mostrado contrariada. De hecho, ha admitido abiertamente que impuso su criterio al de su principal experta en la gestión de la crisis sanitaria. Y que lo que inclinó la balanza fueron razones económicas, que es la preocupación principal en el Gobierno autonómico compartido por PP y Ciudadanos.
El equipo que lideran Ayuso e Ignacio Aguado sabía que no cumplía con los requisitos mínimos necesarios para dar un paso adelante, como ya contó este diario. Algo que les explicó precisamente la doctora Fuentes, que en un informe desvelado por la Cadena SER les avisaba de que no había EPIs, camas UCI o personal suficientes para el momento actual o para afrontar un rebrote. Pero aun así, el gobierno tiró para adelante. A pesar de que incluso el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, admitió que no disponían de todos los recursos pero que sí podrían conseguirlos en los próximos días. Un camino en el que solo le ha seguido Castilla-La Mancha, que tiene los peores datos de muertos y contagios tras Madrid y Cataluña, pero que no ha dudado en reclamar que todas sus provincias cambiaran de fase. Al final, lo harán Guadalajara y Cuenca.
Ni Ayuso ni Aguado han ocultado que la cuestión económica ya empezaba a inquietarles tanto o más que la capacidad de los hospitales para atender a pacientes con Covid-19. Tras conocerse oficialmente que Madrid continuará en la fase 0, el vicepresidente ha recordado que muchos autónomos y bares no podrán volver a ponerse en marcha desde este lunes. Además, les ha rogado que "aguanten" hasta que sí se les permita reabrir sus negocios. En esa misma línea se pronunció horas antes Ayuso, cuando reveló que se había reunido con agentes económicos y que eso había motivado que cambiara de opinión, ya que ella misma aseguró en una entrevista el miércoles que no tenía "prisa". . Las reuniones entre Ruiz Escudero y el ministro de Sanidad no sirvieron para convencer a Salvador Illa, que no ha querido valorar de una u otra manera todo lo ocurrido con la región madrileña en las últimas horas.
El panorama de Madrid
El resultado tras una dimisión, los cambios de versión, la polémica con el Gobierno y los partidos que lo forman y una polvareda considerable es que la Comunidad de Madrid es la excepción en todo el país. Pero no por una buena noticia, sino por quedarse atrás. Desde el lunes 11 de mayo, será la única autonomía de toda España que no tiene ni un punto de toda su extensión en la fase 1. Otras como Castilla y León o Cataluña, que no solicitaron cambiar de escenario de manera general, sí podrán desescalar algunas áreas sanitarias. Lo que la deja en una situación de desventaja con respecto al resto, que al menos contarán con algunos puntos en los que iniciar el proceso. Sin olvidar que provincias muy cercanas, como es el caso de Guadalajara, sí cambian de escenario.
Ahora, tras la confirmación de que tendrá que aguantar al menos una semana en la fase de marasmo casi total, Madrid tendrá que prepararse para intentar aguantar económicamente hasta que el Gobierno le dé el visto bueno a sus planes sanitarios. Las dificultades para afrontar esta problemática son evidentes, y en el Ejecutivo madrileño temen que haya un colapso de la economía en los próximos días. Hasta el momento no se conocen soluciones que puedan servir para aliviar la paralización de los negocios que estarán forzados a permanecer cerrados u operando a medio gas. Aunque fuentes consultadas por esta redacción apuntan a que una solución es la de ir preparando subsidios que den cierto oxígeno a todos los afectados. Pero eso no es todo, ya que también tocará controlar la pandemia para presentar nuevos números que convenzan a los técnicos de la desescalada que trabajan para Moncloa.
El otro reto será superar una semana especialmente complicada para el gobierno madrileño. Pero, sobre todo, para su presidenta. Tras convocar un evento multitudinario donde no se respetó la distancia de seguridad para celebrar un éxito contra el coronavirus, rectificar los menús que reciben los menores en exclusión tras defender que se les diera comida rápida y solicitar cambiar de fase en la desescalada desoyendo a los técnicos, Isabel Díaz Ayuso afronta una etapa donde se cuestiona de antemano todo lo que hace y dice, y pone en peligro incluso la viabilidad de su Ejecutivo.
Las voces que claman para que Ciudadanos rompa con ella y se alíe con PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos no paran de crecer. También genera dudas que se haya caracterizado por ser la punta de lanza de la oposición del PP a Pedro Sánchez. Algo especialmente significativo en estos últimos días, tras el órdago del PP contra el estado de alarma que finalmente se quedó en una abstención y en que Moncloa incluyera entre sus socios a Ciudadanos. Un giro de Inés Arrimadas con el que consiguió que se aplicaran medidas que los 'populares' podrían haber obtenido con más peso, ya que tienen más de 70 diputados que los narankas.
Pero no se prevén giros en la estrategia de la presidenta. Ni aunque se haya situado en el disparadero tras una de las gestiones más polémicas que se recuerdan. Por eso, las comparaciones con Esperanza Aguirre también empiezan a ser constantes.
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