Pedro Sánchez ha tomado personalmente la que, según fuentes del Gobierno, ha sido la decisión que ha generado más polémica en el seno del consejo de ministros. Levantar el parón total de la actividad económica a partir de este lunes con 619 fallecidos en el último recuento y con la recomendación genérica de usar mascarilla a quien acuda a su puesto de trabajo en transporte público ha provocado que, de nuevo, el Ejecutivo se rompa en dos. Y es que el presidente no dispone de información científica que le haga concluir con seguridad que la curva de contagios no va a crecer, de nuevo, a finales de este mes de abril. Se trata, por tanto, de una vuelta a la actividad en determinadas industrias que entraña riesgos para la lucha contra la pandemia.
Una parte del sector empresarial venía tiempo reclamando a Sánchez que el cerrojazo total de la economía fuera lo más corto posible para evitar daños mayores en un tejido empresarial. Ya hicieron ver a Presidencia y al equipo económico del Gobierno representado en Nadia Calviño y María Jesús Montero los riesgos que entrañaba la hibernación que anunció el propio presidente el pasado 28 de marzo y que ya entonces provocó serios quebraderos de cabeza en Moncloa. "¿Qué paramos y qué no?" fue la discusión aquel domingo 29 donde se redactaron varias versiones del decreto más polémico y enrevesado de la crisis, tal y como se publicó en estas páginas.
Fue un intenso trabajo de cirujano que comenzó a primera hora de la tarde y finalizó sobre las 22 horas para ser publicado en el BOE al filo de la medianoche. Había que calcular muy bien qué actividades debían parar, teniendo siempre en cuenta a la recuperación a posteriori que menciona Calviño una vez tras otra. Ese día al Gobierno no le quedó más remedio que tomar una decisión histórica ante el constante aumento de contagios y fallecidos. Ideó, eso sí, un permiso retribuido recuperable por ocho días para, aprovechando las vacaciones de Semana Santa, evitar ese daño mayor del que venían advirtiendo desde los sectores empresariales que fueron obligados a cerrar.
Con la decisión de levantar el cerrojazo a la economía Sánchez cumple con las demandas de estos sectores empresariales que querían volver a la actividad, pero abre otra vez una grieta con los ministros de Unidas Podemos. Según ha sabido la Información, Pablo Iglesias y los cuatro ministros morados han hecho ver al consejo de ministros su desacuerdo con la decisión. Existen riesgos, según argumenta desde la parte morada del Gobierno, y los datos de los expertos no aseguran que levantar la hibernación de una parte de las empresas vaya a permitir seguir doblegando la curva, como sí se está consiguiendo hasta ahora.
Sí parece claro que el estado anterior al cierre de la actividad no esencial ha permitido aplanar el crecimiento de los contagios y fallecidos y en ese dato en el que se ha apoyado Sánchez y Calviño para argumentar su decisión. Pero también hay que tener en cuenta lo que dijo ayer el presidente en su comparecencia desde Moncloa: "Las cifras de muertes siguen siendo extraordinariamente altas" y el parón total de la economía no se verá en los datos hasta mediados de esta semana. Otra evidencia de lo arriesgado que supone la medida.
El Gobierno trabaja día a día, hora a hora, con los consejos, datos y simulaciones que le facilitan desde el comité de expertos sanitarios dirigido pro Fernando Simón y por eso Sánchez dejó caer ayer que su decisión se basaba en esos datos. Pero no lo concretó. Es más, desde el propio Ejecutivo, con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, a la cabeza se viene insistiendo que el confinamiento va a ser "largo" y "duro".
La incertidumbre es tal en el Gobierno que el propio Sánchez afirmó ayer que si la curva de contagios y muertes no bajaba el escenario que contemplaba incluía un endurecimiento de las medidas. Es decir, que volver a parar toda la actividad económica, salvo la esencial, es un escenario contemplado en el comité de seguimiento de la crisis de Moncloa. Iglesias y Unidas Podemos, según las fuentes consultadas, se muestra a favor de que si se detectan señales de que el final de la hibernación conlleva datos negativos para la evolución de la curva el Gobierno vuelva a escenarios anteriores de endurecimiento del confinamiento. Levantar la cerrojazo de la actividad tendrá su reflejo en la curva en torno a la última semana de abril y primera de mayo. ¿Y si en ese momento sube la curva? Es la pregunta que se hacen en Podemos.
El Gobierno esté repartiendo desde este lunes 10 millones de mascarillas y ha difundido varias guías de recomendaciones para los trabajadores que mañana tienen que volver a su puesto de trabajo. Este hecho también es visto en la parte de Unidas Podemos en el Gobierno como una improvisación, ya que no es posible garantizar unas mínimas condiciones de seguridad en los empleos y, lo que es más importante, salvar de los contagios a las familias de los trabajadores cuando vuelven a casa.
Esos problemas fueron denunciados ayer por los sindicatos, que en esta batalla se posicionan con los ministros morados. UGT y CCOO han pedido a los comités de empresa, delegados de personas y de prevención de las empresas que en los puestos de trabajo se garanticen las medidas de seguridad. "Los trabajadores deben exigir estas medidas y denunciarlo sin no se cumplen ante la Inspección de Trabajo", recomiendan.
Nueva polémica por la renta mínima
Este desacuerdo sobre la vuelta a determinadas industrias se suma a otro que hay dentro del Consejo de Ministros respecto a si es momento de aprobar o no una renta mínima para los ciudadanos más desamparados. Desde la Vicepresidencia de Asuntos Sociales se ha propuesto un ingreso mínimo vital que garantice que todos los ciudadanos cuenten con al menos 500 euros al mes y que incremente la aportación según las cargas familiares. El planteamiento defendido por Iglesias es que se aprobase de forma inmediata. Funcionaría hasta que se dé encaje técnico la propuesta que iba en el acuerdo de coalición firmado entre PSOE y Unidas Podemos y que ayer apoyó el propio Sánchez desde Moncloa.
Sin embargo, en este punto Unidas Podemos ha chocado, entre otros, con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que prefiere esperar aún para su aprobación. Tampoco lo apoya la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ha argumentado que "a día de hoy, solo hay documentos de trabajo" respecto a este ingreso mínimo vital. Fuentes socialistas rechazan que se vaya a aprobar en el consejo de ministros de este martes y retrasan la decisión definitiva.
Es decir, Iglesias pretender que el ingreso mínimo vital puente se apruebe, pero Sánchez y la otra parte del Gobierno lo está enfriando. El planteamiento de la renta mínima de Escrivá es presentar su proyecto para verano u otoño.
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