La decisión que ha tomado el Ejecutivo español de cerrar desde el día 30 de marzo hasta el 9 de abril todas las empresas cuya actividad no sea esencial para frenar el avance del Covid-19 ha dejado contentos a unos y enfadados a otros. El presidente de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, ya venía pidiendo desde hace días la medida que, finalmente, Pedro Sánchez anunció en su comparecencia del sábado 28, con lo que ha recibido la noticia con palabras de agradecimiento. En cambio, el máximo dirigente vasco, Íñigo Urkullu, ha lamentado que el presidente del Gobierno no contara con la opinión de las autonomías a la hora de tomar la decisión y ha expresado su preocupación acerca del impacto que podrá tener la medida en la economía vasca.
"Ahora, el empleo, la economía y el futuro se enfrentan a un panorama peor. Nuestras empresas van a cerrar, mientras la competencia está abierta en Europa y en el resto del mundo". Urkullu ha reclamado medidas "para apoyar al sector industrial" y, así, "compensar el grave impacto en el empleo y en la actividad productiva que va a tener la decisión de cierre". El dirigente vasco ha llegado a pedir a Sánchez que "corrija la distorsión" que supone comunicar a los presidentes autonómicos las decisiones ya tomadas. Por otra parte, le ha trasladado que considera "contraproducente" aplicar de forma uniforme todas las restricciones y le ha emplazado a aclarar los "criterios de aplicación del decreto".
Al disgusto de Urkullu se ha sumado la patronal vasca, Confebask, que ve "inaceptable" la decisión del Ejecutivo y avisa de que las consecuencias económicas del frenazo productivo y ocupacional serán "terribles".
Torra insta a Sánchez a aplicar las medidas "de forma estricta"
Aunque el presidente de la Generalitat también pide un plan económico y social al Gobierno –con tal de dar "seguridad y confianza a trabajadores, empresas y autónomos"–, no ha escondido su conformidad con las medidas que anunció ayer Pedro Sánchez en rueda de prensa. A él le ha pedido, además, que las aplique "de manera estricta", puesto que han de ser eficaces para luchar contra la pandemia. En lo referente al plan socioeconómico, Torra ha insistido en que debe ser "fácil" y de aplicación inmediata para que las empresas y empleados no tengan que endeudarse y que esa carga la soporten las distintas administraciones.
Pero las exigencias del presidente catalán no acaban ahí. En la reunión de presidentes autonómicos, ha reiterado la conveniencia de establecer una renta de ciudadanía para trabajadores y autónomos y aumentar la liquidez de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas, que en Cataluña suponen el 95 % del tejido productivo. En la misma línea, ha planteado la suspensión del pago de impuestos como el IVA, el IRPF y el de Sociedades, así como las cotizaciones a la Seguridad Social y el pago de las cuotas de autónomos. También ha vuelto a plantear una moratoria en el pago de créditos e hipotecas.
Como ya hiciera en la reunión de hace justo una semana, el 'president' ha insistido en el pago de suministros básicos y también en que se amplíen las condiciones de fuerza mayor para que las empresas puedan acceder a los ERTE. En la línea de otros presidentes autonómicos, ha propuesto la suspensión del objetivo del déficit y el techo de gasto para permitir que las autonomías y los ayuntamientos se puedan endeudar para afrontar esta crisis.
Galicia y Madrid reciben las medidas con escepticismo
Según informan fuentes de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo ha reclamado que el cierre de actividades económicas no esenciales se realice de forma "ordenada" en determinados sectores debido a "los problemas que puede generar un cierre abruptos". Desde la Comunidad de Madrid, el consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, ha señalado que la decisión que trasmitió Sánchez durante su comparecencia "debería haberse analizado junto a las comunidades autónomas y los agentes sociales, los empresarios".
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (Confemetal) también se pronunciado. En su caso, considera que la medida provocará un deterioro económico "difícil de recuperar". Además, han puesto en duda su impacto positivo: "solo puede haberse tomado desde el desconocimiento del funcionamiento de una economía avanzada como la española". Desde la Confederación han asegurado que la medida "hará más difícil y menos efectivo" el trabajo en actividades implicadas en primera línea de la lucha contra la pandemia.
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