Entre las críticas de las CCAA

Trabajo se ampara en la crisis para 'apropiarse' los fondos de formación

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en el Congreso
EP

El Ministerio de Trabajo ha confiado en que las autonomías entiendan que el país está atravesando una situación excepcional a causa de una crisis sanitaria sin precedentes, ante las quejas de comunidades como Madrid, Cataluña, País Vasco o Andalucía por no recibir los fondos de formación.

Durante la conferencia sectorial que se ha celebrado este miércoles, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha explicado a los consejeros autonómicos que precisamente por la crisis del Covid-19, y cumpliendo la normativa sanitaria, este año no se podrá hacer la mayor parte de la formación de trabajadores. Por esta razón, el decreto ley aprobado el martes por el Consejo de Ministros incluye destinar los ingresos de la cotización por formación profesional de este año a financiar los subsidios de desempleo, prestaciones que afectan también a todas las autonomías, según explican fuentes del Ministerio de Trabajo.

La disposición es solo para este año 2020 y se relaciona con las medidas excepcionales para afrontar la crisis del Covid-19, aclaran las mismas fuentes, que añaden que habrá una segunda conferencia sectorial en la que se tratará el eventual reparto de fondos adicionales a las comunidades cuando se sepa cómo queda el ejercicio.

Madrid rechaza la decisión de "recortar" 139,5 millones

La Comunidad de Madrid ha rechazado la decisión del Gobierno central de eliminar el reparto de fondos a las CCAA  para el desarrollo de políticas de formación. Según el Gobierno regional, la Comunidad dejará de percibir 139,5 millones de euros para acciones que cada año mejoraran la cualificación profesional de 95.000 madrileños. "Esta medida reduce los derechos de los trabajadores y elimina la posibilidad de mejorar su cualificación, impidiendo que se mantenga el empleo", ha denunciado el Gobierno regional en una carta remitida a la ministra de Trabajo y firmada por el consejero de Economía, Manuel Giménez.

En la mencionada Conferencia Sectorial se ha tratado la distribución de fondos a las comunidades autónomas para desarrollar políticas activas de empleo durante 2020, de los que a la región le correspondían en principio más de 266 millones de euros. Estos fondos se recaudan a través de la cuota de formación que pagan las empresas y los trabajadores. 

Esta medida implica que sólo se distribuya entre las autonomías las cantidades destinadas al fomento del empleo y modernización de servicios públicos de empleo, que en el caso de la Comunidad de Madrid asciende a 135,8 millones. En la práctica, la decisión implica que el Ejecutivo regional va a dejar de percibir 139,5 millones de euros destinados a desarrollar cursos de cualificación y recualificación profesional dirigidos a personas desempleadas y trabajadores ocupados que quieran mejorar sus capacidades, en los que participan cada año más de 95.000 madrileños.

"Supone intentar limitar las competencias de la CCAA"

El conselleiro de Economía, Emprego e Industria de la Xunta de Galicia, Francisco Conde, se ha sumado también a las críticas de varias autonomías, alegando que la autonomía no podrá accedes a los 100 millones de euros que le correspondían este año.  En un comunicado, Conde denuncia que esta decisión supone romper "el consenso, el diálogo y la corresponsabilidad" que el Ejecutivo central debía mantener con las autonomías.

"Supone intentar limitar las competencias de la comunidad autónoma, atacar el principio de suficiencia financiera, y, por tanto, es una decisión que rompe cualquier tipo de diálogo y de consenso en un contexto en el cual lo que necesitan los ciudadanos es, precisamente, una respuesta conjunta de las administraciones", clama. Según explica la Xunta, a Galicia se le van a aportar 81 millones para partidas de empleo y modernización, pero no los fondos correspondientes a formación, que estima en 100 millones si en el reparto final se aplica un incremento porcentual similar a 2019.

Al respecto, Conde lamenta que esta decisión supondrá "una pérdida de oportunidades" para trabajadores y empresas puedan "salir de esta situación en mejores condiciones". Apunta que esta financiación está prevista para la formación en la Industria 4.0, automoción, naval y diferentes talleres, entre otros.

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