Correa, Crespo y Fernando Martín, a juicio por el pelotazo de la red en Arganda

  • De la Mata sienta en el banquillo a un total de 21 personas en esta pieza de Gürtel por presunto amaño de adjudicaciones públicas. 
Francisco Correa y Pablo Crespo
Francisco Correa y Pablo Crespo
POOL - ARCHIVO

Un total de 21 personas, entre las que se encuentran Francisco Correa, Pablo Crespo y el expresidente del Real Madrid y de Martinsa, Fernando Martín Álvarez, se sentarán en el banquillo de los acusados por su implicación en una de las piezas de la macrocausa Gürtel. Se trata de la que se llevó a cabo en la madrileña localidad de Arganda del Rey, considerada como el gran 'pelotazo' de la red. De hecho, el magistrado instructor, José de la Mata, acuerda junto con la apertura de juicio oral, la fijación de fianzas que en el caso de los arriba mencionados asciende a cerca de 80 millones de euros.

El magistrado, que cerró el pasado mes de enero la investigación de esta pieza de la red por más de ocho delitos, acuerda llevar a juicio también a ocho empresas, entre las que se encuentran Constructora Hispánica S.A o Martinsa, además de las mercantiles del presunto cabecilla de la red Easy Concept y Special Events. Todos ellos rinden cuentas por las actividades del Grupo Correa en Arganda entre los años 1998 y 2009 consistentes en el presunto amaño de licitaciones públicas; una práctica que el magistrado califica de "depredadora" y con la que causaron "enormes perjuicios al ente público".

Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción solicitó penas de prisión para todos los acusados que van desde los dos años y medio a los 29 años de cárcel y determinó que se pagaron hasta 25 millones de euros en mordidas, de acuerdo con su escrito de acusación adelantado por La Información. Ahora, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 da por terminada esta parte de las pesquisas del caso Gürtel y relata en su auto de 162 páginas la dinámica que presuntamente habrían puesto en marcha los 21 acusados consistente en la presunta manipulación de los procesos de contratación del consistorio de dicho municipio madrileño.

Reparto de funciones

De acuerdo con el relato del juez, el exalcalde de Arganda Ginés López se concertó con el exdiputado del PP en la Asamblea de Madri Benjamín Martín y el que fuera consejero delegado de la Sociedad Municipal de Fomento de Arganda (FDM) Juan Fernández Caballero y, aprovechando su posición "privilegiada" en las entidades públicas de Arganda, facilitaron que las licitaciones públicas fueran a parar a los otros acusados de la red. Para ello, diseñaron un "complejo plan" que consistió en la alteración del procedimiento habitual de contratación.

Una vez superado este escollo, otros acusados de la red como los funcionarios Isaac García, Luis Bremond o Josefa Aguado (quienes afrontan nueve años de prisión) se concertaron evacuando informes técnicos o de valoración, validando procedimientos y autorizando facturas y pagos. En el otro lado de la trama, el juez sitúa a Correa, Crespo, Isabel Jordán y a Pablo Collado (ambos exempleados del Grupo Correa) por corromper "activamente" a todos los anteriores con sus "promesas y dádivas hasta comprometerlos como miembros de la comunidad criminal".

Fianzas millonarias

Ya por último, una vez amañados los contratos, éstos iban a parar a empresarios tales como Fernando Martín, Alfonso García Consuelo (dueño de Constructora Hispánica); José Luis Martínez Parra (Teconsa); Manuel Salinas, Armando Mayo o Ramón Blanco Balín. "Presentaron sus ofertas amañadas sabiendo que les serían adjudicadas, con precios desorbitados, plazos de incumplimientos imposibles o con conocimiento previo de las condiciones de los pliegos", reza el auto del magistrado. 

Por ese motivo, el magistrado les impone a todos ellos fianzas millonarias que van desde los 52.000 euros en el caso de Isabel Jordán a los 80,8 millones de euros para Armando Mayo. También destacan las altas cuantías fijadas para Fernando Martín (79,1 millones), Ramón Blanco y Manuel Salinas (75 millones) y Francisco Correa y Pablo Crespo. Estos dos últimos ya condenados en otras piezas de la macrocausa, tendrán que depositar una fianza de 78 millones de euros ante la responsabilidad que tuvieran que asumir por estos hechos. 

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