El endurecimiento de la acusación de la Fiscalía Anticorrupción contra los principales acusados del caso Bankia se ha hecho patente en esta nueva fase de conclusiones del procedimiento al pasar de acusar únicamente por estafa a incluir también delito de falsedad contable por las cuentas del banco de 2010 y 2011. Esta ampliación de la acusación, que ya avanzó sutilmente la fiscal Carmen Laúna al comienzo del procedimiento, se apoya principalmente en dos hitos nuevos surgidos durante la vista oral: la aparición de nuevos correos internos entre los miembros del Comité de Auditoría y el peritaje del Banco de España.
Estas son las dos principales bazas para el Ministerio Público que hacen que después de seis años de instrucción y ocho meses de vista oral, la responsabilidad penal por la salida a bolsa de Bankia no quede reducida a rendir cuentas por el maquillaje del folleto informativo de la OPS del que se valieron miles de pequeños accionistas para invertir en el banco. En relación a la pericial de los inspectores del Banco de España Víctor Sánchez Nogueras y Antonio Busquets, la fiscal explica en su escrito de conclusiones finales que aportaron nuevos elementos probatorios que refuerzan la tesis principal de que el deterioro de los activos en BFA y Bankia ya se había producido mucho antes del 31 de diciembre de 2011.
La densa fase dedicada a las periciales destacó por el duro enfrentamiento entre estos dos inspectores del supervisor y los peritos de parte ya que estos últimos exculparon a la cúpula del banco la comisión de cualquier irregularidad. Sin embargo, para la fiscal del caso estas cuatro semanas bastaron para dejar patente que los problemas que abocaron a Bankia al colapso vinieron desde el mismo momento de su nacimiento, consecuencia de la fusión fría de las siete cajas integrantes. El diferimiento del registro contable de los "cuantiosos quebrantos" de 2010 no solo no es intrascendente sino que permitió la salida a bolsa de Bankia ocultando la verdadera situación patrimonial de la entidad "perfectamente conocida por los acusados".
Así pues, aunque el déficit de saneamientos iniciales no afloró contablemente hasta verse reflejado en las cuentas anuales de 2011 (las mismas que se reformularon un año después con la llegada de Ignacio Goirigolzarri a la presidencia), había información más que suficiente de la mala situación del banco ya al cierre de 2010. Por ese motivo, la fiscal incluye el delito de falsedad contable y lo atribuye a Rato, al auditor Francisco Celma y a otras 12 personas más en su mayoría integrantes del comité de auditoría de la entidad. Precisamente, los correos internos intercambiados en este departamento, constituyen una 'pata' clave para la fiscal Anticorrupción.
Otra de las novedades de estas conclusiones reside en el papel que tuvo el auditor externo de Deloitte Francisco Celma en este asunto. Aunque el experto se sentó en el banquillo sin que la Fiscalía ejerciera acusación contra él, ahora se enfrenta a una petición de Anticorrupción de dos años de cárcel por sus informes sobre la viabilidad de la entidad. De este modo,el escrito concluye que la decisión de Celma de informar a favor de las cuentas de Bankia de 2010 "estaba tomada de antemano, siendo su informe una formalidad sin contenido alguno". Es más, le acusa de actuar en connivencia con Rato e Ildefonso Sánchez Barcoj emitiendo un análisis "limitado, anómalo e irregular"sobre los estados contables de ejercicio.
Sin embargo, sí recoge la fiscal Laúna las advertencias que efectuó el auditor a los miembros de este comité acerca de que carecía de información clave para dar el visto bueno a los estados de 2011. De hecho, apunta que la situación "quedó claramente evidenciada en los numerosos correos" que Celma envió entre los meses de diciembre de 2010 y abril de 2011 al interventor Sergio Durá Mañas; al exdirector de auditoría interna Miguel Ángel Soria Navarro; o al que fuera presidente de esta comisión de Bankia Alberto lbañez González. Contra todos ellos se dirige ahora el Ministerio Público.
Olivas y Sánchez Barcoj: en el punto de mira
"Los acusados Miguel Ángel Soria y Sergio Durá, ambos en el ejercicio de sus cargos y en el marco de la estrategia diseñada, coordinaron la obstaculización de la labor auditora para dilatar la remisión de la información requerida que habría provocado el afloramiento de los deterioros que se pretendían ocultar para mantener una imagen de solvencia y fortaleza patrimonial de BFA/Bankia alejada de la realidad", reza el escrito de la Fiscalía.
Igualmente cobra especial relevancia en este procedimiento penal José Luis Olivas. La fiscal, que aumenta su petición de cárcel hasta cinco años, no pasa por alto en el escrito final uno de sus principales alegatos mantenidos durante todo el juicio: la influencia que tuvo la mala situación de Banco de Valencia en el devenir de la entidad. Aunque el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo se muestra reacio a establecer esta relación de causa-efecto, Laúna ha determinado que Olivas, en su momento presidente de la entidad valenciana, "no solo tenía perfecto conocimiento de la deteriorada situación económica (...) sino que además estaba en posición de obtener cualquier tipo de información al respecto".
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