El exjefe de Seguridad de BBVA quiere demostrar que él no fue el responsable directo de todos los encargos que se hicieron al comisario jubilado José Manuel Villarejo por parte del banco entre 2004 y 2017. Julio Corrochano sigue con su estrategia de desvincularse de los negocios del agente encubierto y reitera ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón su petición de llamar a declarar, en calidad de testigos, a cinco empleados de la entidad financiera para acreditar que él no tuvo nada que ver con la investigación que se realizó a Ausbanc, ni a clientes que tenían deudas pendientes, como a Fernando Martín, expresidente de Martinsa, o Luis Portillo, expresidente de Colonial; o Prasa.
El juez instructor rechazó el pasado 11 de marzo esta petición que Corrochano realizó hace meses, cuando cambió su estrategia y decidió 'confesar' cómo se comenzó a trabajar con Villarejo , alegando que éste no había argumentado suficientemente la necesidad de dichos testimonios. En este contexto, el exdirectivo de BBVA ha presentado un nuevo escrito, al que ha tenido acceso La Información, en el que se detiene en cada uno de los cuatro trabajadores del departamento financiero del banco y una quinta del área de Riesgos, para justificar por qué sus declaraciones son "útiles y pertinentes". El exjefe de Seguridad entiende que con ellos se corroboraría que "ni participó en las negociaciones" con las empresas del agente encubierto, "ni ordenó su contratación, ni participó en las reuniones derivadas de este contrato". De este modo, se descartarían parte de los delitos de cohecho y revelación de secretos que se le atribuyen, señala.
Corrochano es uno de los principales investigados de la novena pieza separada de la macrocausa 'Tándem' (conocido como 'caso Villarejo') por ser la persona encargada de contratar al Grupo Cenyt, el entramado empresarial liderado por el comisario jubilado, mientras éste seguía en activo en la Policía Nacional. No obstante, el exjefe de Seguridad de BBVA asegura que él no fue el alto cargo del banco que canalizó todos los trabajos que desarrolló el agente encubierto, por los que llegó a recibir 10,3 millones de euros, ni quien autorizó todos los pagos.
Así, tras ser llamado a declarar en 2019 a raíz de su imputación y guardar silencio durante más de dos años, el pasado mes de octubre decidió comenzar a "colaborar" con la Justicia y, a través de un escrito, explicó cómo se habrían iniciado las relaciones en 2004 con el polémico policía para frenar el intento de asalto de Sacyr Vallehermoso en el Consejo de Administración de BBVA, y por qué éstas se mantuvieron a lo largo de 13 años. En este sentido, el juez García Castellón le citó a declarar el pasado mes de diciembre, si bien Corrochano se limitó a ratificar su escrito y solo contestó a su abogada.
En dicho documento, a lo largo de 41 páginas, Corrochano afirma "sobre el asunto Ausbanc" que a finales de 2014, el socio de Villarejo en el Grupo Cenyt, Rafael Redondo, le entregó un informe sobre la asociación de consumidores de banca con datos "más que suficiente" para que BBVA pudiera presentar una denuncia contra ellos. Añadió que, a petición de los servicios jurídicos del banco, el 2 de febrero de 2015, presentó en la Comisaría General de la Policía Judicial una denuncia anónima para impulsar una investigación contra Ausbanc, cuyo líder Luis Pineda -personado en el 'caso Villarejo' como perjudicado- y el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, han sido condenados años después por la Audiencia Nacional por el delito de extorsión.
Sin "capacidad de influir"
Así, Corrochano indica ahora que descubrió en el sumario de esta causa que BBVA pagó en junio de 2015 una factura girada por Cenyt por el importe de 211.000 euros por servicios relacionados con Ausbanc, que el 'forensic' de PwC -que el banco encargó para depurar responsabilidades internas- le atribuye al coincidir con el abono de otros trabajos de Villarejo. Por ello, pide que se cite a declarar a tres empleadas de contabilidad del banco para que expliquen cómo se tramitó dicha transferencia y acrediten que el jefe del departamento de Seguridad "no tenía capacidad de influir en la decisión del banco" de contratar a las empresas del agente encubierto para "la prestación de estos servicios". Se da la circunstancia de que Corrochano fue uno de los asistentes a la comida que se celebró en el complejo policial de Canillas, el 7 de enero de 2015, sobre la que la Fiscalía Anticorrupción sospecha que se gestó la denuncia anónima contra la asociación.
Asimismo, considera que estas tres testigos podrían confirmar que Corrochano tampoco intervino en la autorización y pago de todas las facturas derivadas de los contratos de febrero de 2010, anexos y prórrogas para la investigación patrimonial de Luis Portillo y Fernando Martín, así como todas aquellas relacionadas con la la investigación de los bienes del Grupo Prasa, que se encargó en 2012. De hecho, para incidir en este punto, el exjefe de Seguridad de BBVA solicita la declaración de un cuarto testigo que fue el "autorizador del pago" de 2.130.299 millones de euros a Cenyt en 2014 por las indagaciones sobre los dueños de las constructoras Martinsa y Colonial para que "justifique la legalidad de ese pago".
El papel de Béjar
En relación a los trabajos realizados sobre Prasa, el exresponsable de Seguridad señala que también tuvo conocimiento de la existencia de otra factura de 2015 a raíz de esta macrocausa, por lo que solicita la declaración de una empleada del Departamento de Riesgos que gestionó directamente este asunto. El objetivo de esta testifical sería aclarar "exactamente el papel y la intervención de sus superiores en este contrato y en concreto el de (Antonio) Béjar", exdirector de dicha área del banco, también investigado, que niega su participación en estos hechos. Cabe recordar que el que fuera jefe del área inmobiliaria del banco mantiene una intensa 'batalla' jurídica con BBVA por achacarle, a través del informe 'forensic' de PwC, la responsabilidad de abonar a Villarejo alguno de los servicios que realizó.
Así, solicitó poder acceder a los correos corporativos y agendas que envió y recibió durante su etapa en BBVA y en Distrito Castellana Norte (DCN) para probar que siempre siguió instrucciones de superiores y que no adoptó decisiones independientes. Así, el pasado mes de noviembre, ya pudo comenzar a comprobar más de 110.000 archivos y, además de pedir recuperar otros tantos del actual presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, o el consejero delegado de Bankia, José Sevilla (que no están investigados en el 'caso Villarejo'), apuntó que de la documentación examinada se desprende que la localización de bienes de clientes deudores eran totalmente legales y sin tachas de "irregularidad". Eso sí, aprovechó para acusar a BBVA de "faltar a la verdad" a la hora de insistir en que estos trabajos que desarrollaron las empresas del comisario jubilado no fueron "provechosos y útiles".
La documentación a revisar ha aumentado, pues según ha notificado el juez García Castellón en un reciente auto, que también ha podido ser consultado por este diario, Distrito Castellana Norte, entidad de la que Béjar fue destituido en 2019 tras su imputación en el caso 'Tándem', ya ha localizado todos los correos electrónicos reclamados y los ha remitido a la Audiencia Nacional. En este sentido, el magistrado instructor ha seguido el mismo protocolo de actuación que en ocasión de las comunicaciones pertenecientes a BBVA, pese a las quejas de la defensa, y emplaza a la representación del expresidente de esta filial de BBVA a acudir a la sede judicial desde el 4 al 22 de abril, "en horario de audiencia al público", para poder analizar la nueva documentación en formato digitalizado.
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