Corrupción. Castedo pactó su dimisión hace dos meses con la cúpula del pp

La alcaldesa de Alicante Sonia Castedo, que este martes anunció su dimisión al frente del Ayuntamiento por su presunta implicación en varios casos de corrupción, pactó hace dos meses su renuncia con la dirección nacional del Partido Popular.
Según confirmaron a Servimedia fuentes populares, Castedo se reunió el 16 de octubre en un restaurante de Madrid con el vicesecretario general de Organización y Acción Electoral del PP, Carlos Floriano, quien le trasladó en nombre de la cúpula del partido que no sería la candidata en las próximas elecciones municipales y le exigió que abandonara el cargo.
La alcaldesa, que hasta entonces había hecho oídos sordos a las peticiones en el mismo sentido del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, empezó a virar su posición cuando la dirección nacional le comunicó que tenía los días contados dentro de la política.
Floriano recordó a Castedo que la elección de los cabezas de lista a ayuntamientos de capitales de provincia corresponde en exclusiva al Comité Electoral Nacional y confirmó a la alicantina que el PP pensaba prescindir de ella antes de las elecciones.
A partir de ese momento, Castedo buscó una salida airosa y pidió algo de tiempo a los responsables de Génova 13. El PP estaba dispuesto a expulsar a Sonia Castedo del partido si ella no colaboraba, aunque la dirección nacional era plenamente consciente de que esa decisión podía empujarla a aferrarse al puesto de alcaldesa hasta el último día de la legislatura, lo cual quería evitarse a toda costa.
Castedo accedió a pactar una salida cuando asumió que abandonar el Ayuntamiento de Alicante la alejaría del foco de los medios de comunicación y de que, de ese modo, desaparecería la presión personal que ella y su familia habían soportado durante el último año.
LLAMADAS TELEFÓNICAS
Según relataron a Servimedia las fuentes consultadas, tras el almuerzo con Floriano se sucedieron varias llamadas telefónicas entre Castedo y la cúpula nacional del PP. El mensaje siempre fue que no sería candidata en mayo y que debía abandonar la Alcaldía para dedicar todos sus esfuerzos a defenderse ante la Justicia.
El presidente de la Generalitat y del PP de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra, había intentado convencer a Castedo por todos los medios pero no había conseguido ningún avance porque ella, entre otras cosas, no reconocía su autoridad y cuestionaba su liderazgo de forma similar a otros dirigentes regionales del partido.
Sin embargo, 48 horas después de la reunión discreta que Floriano y Castedo mantuvieron el 16 de octubre en Madrid, que hasta ahora no había salido a la luz, Fabra aprovechó un acto de partido en Benidorm para anunciar a los medios de comunicación que la alcaldesa no repetiría en el cargo la siguiente legislatura.
Fabra recalcó aquel día, como lleva haciendo desde que tomó posesión al frente de la Generalitat en sustitución de Francisco Camps, que "aquellos que están imputados en procesos que pueden afectar a la confianza de los ciudadanos en las instituciones están quedando fuera" y, por lo tanto, "no van a ser candidatos".
LA GOTA QUE COLMA EL VASO
La dirección nacional del PP había confiado durante meses en que Fabra resolvería el problema de la alcadesa de Alicante pero su paciencia se agotó a finales septiembre, tras un incidente en el Pleno del Ayuntamiento que derivó en otra exhibición de prepotencia de Castedo.
Entonces, Castedo retó directamente a la concejal socialista Loles Fernández a que le demostrara "solamente un beneficio" obtenido por el empresario Enrique Ortiz en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante. Ante la falta de pruebas, Castedó apostilló: "Manolete, Manolete, si no sabes torear, 'pá' que te metes".
La dirección nacional llegó a la conclusión de que Castedo suponía un doble problema, tanto por su imputación en varios casos de corrupción como por las "malas formas" que exhibía en público y los dirigentes populares se declaraban "muy molestos" con el comportamiento de la primera edil.
Por ese motivo, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, tomó la decisión firme de intervenir desde la dirección nacional y pidió a Carlos Floriano que se hiciera cargo del problema ante los intentos reiterados e infructuosos del presidente del PP de Alicante, José Císcar, y del presidente del PP de la Comunidad Valenciana, Alberto Fabra.
DOS MESES
La intervención de la cúpula nacional provocó un cambio de actitud de la alcaldesa, que aceptó una hoja de ruta para abandonar la política pero que pidió "algo de tiempo" para plasmarla. El PP aceptó siempre que la renuncia se produjera en un plazo de dos meses, antes de que acabara el año 2014, a lo que Sonia Castedo accedió.
La alcaldesa garantizó que dejaría el Ayuntamiento de Alicante antes de concluir el año y, en alguna de sus conversaciones con la dirección nacional, planteó la posibilidad de hacer coincidir su dimisión con el 23 de diciembre, fecha de su cumpleaños, como finalmente ha ocurrido.
A partir de ahora, Castedo podrá centrarse, como le sugería el partido, en defenderse de las acusaciones que tiene en los tribunales, ya que está imputada desde mediados de septiembre por presunta prevaricación y tráfico de influencias con el empresario Enrique Ortiz en la tramitación del Plan Rabasa, que contempla la instalación del Ikea en Alicante.
Esta es su segunda imputación, ya que en octubre de 2012 la alcaldesa de Alicante fue imputada por el 'caso Brugal' en la pieza que investiga el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante para supuestamente beneficiar a Ortiz en un pelotazo urbanístico.