Ignacio Stampa atraviesa momentos delicados en su carrera profesional. El fiscal Anticorrupción ha pasado de liderar la acusación en la macrocausa de espionaje contra José Manuel Villarejo a figurar como protagonista no deseado de la misma por el presunto nexo al que hizo alusión la abogada de Podemos Marta Flor en los chats internos del partido. Aunque su nombre se haya visto envuelto en polémica tras la filtración de los mensajes internos de la formación morada, los que le conocen destacan de él su carácter constante y el trabajo minucioso en los últimos cuatro años al frente de uno de los mayores casos de corrupción del país.
Natural de Madrid, arrancó su carrera como fiscal en Lanzarote. En su estancia en las islas se le asignaron importantes asuntos de corrupción como el 'caso Stratvs' contra varios exmiembros del Gobierno de Canarias por la construcción de una bodega en un espacio natural protegido de Lanzarote, o el 'caso Montecarlo', centrado en el presunto fraude en los concursos públicos de Arrecife. Tras más de diez años llevando temas de índole urbanística y medioambiental, Stampa obtuvo la comisión de servicio en el órgano que entonces dirigía Manuel Moix, convirtiéndose en uno de los fiscales más joven de toda la plantilla de Anticorrupción.
Tras su vuelta a la capital se le asignó la investigación de un grupo de comisarios y altos cargos de la policía, con José Manuel Villarejo a la cabeza, acusados inicialmente de permitir la entrada ilegal en España desde el aeropuerto de Barajas de ciudadanos guineanos. La causa que asumieron Ignacio Stampa y Miguel Serrano cogió vuelo y se ha terminado convirtiendo varios años después en un macroprocedimiento que suma hasta 25 piezas separadas por todos y cada uno de los encargos que gestionó Villarejo desde su entramado privado. Unos hechos que salpican a grandes empresas del Ibex contra las que también actúan los dos fiscales al considerar que se beneficiaron de su condición de policía en activo.
Caso Gurtel y Caso Hulla
La complejidad de 'Tándem' ha hecho que el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, haya ido librando a estos dos fiscales de tener que compaginar estas pesquisas con otras que también se siguen en este órgano. No obstante, ambos han trabajado en otras diligencias de investigación. Así, Miguel Serrano estuvo al frente del caso Mario Conde junto con Elena Lorente, mientras que Stampa hizo lo propio con una pieza de la trama Gürtel o la investigación abierta en Anticorrupción contra la portavoz del PP en Asturias, María Teresa Mallada. En el primero de los casos actuó contra Francisco Camps por presuntas irregularidades en el stand de Fitur de 2009 y consiguió que se le abriera juicio oral. En el segundo caso investigó a la dirigente asturiana por presunto delito de prevaricación.
Pese a ello, el caso que ha acaparado todas las miradas tanto por su complejidad como por su magnitud ha sido el relativo a Villarejo y su entorno. Los fiscales han ido avanzando en las pesquisas manteniendo siempre perfil bajo y evitando ser objetivo de las cámaras en sus entradas y salidas de la Audiencia Nacional. Sin embargo, su actuación saltó a la palestra a mediados de 2018 ante las presuntas divergencias mantenidas con el primer magistrado que comenzó investigando Tándem, Diego de Egea. El instructor y los fiscales 'chocaron' en algunos de los aspectos troncales de la instrucción como lo fue el archivo de las piezas Iron y Land o la escisión de las pesquisas al exjefe de la UCAO Enrique García Castaño, alias 'El Gordo'.
En estos casos la Sala de lo Penal acabó dando la razón al Ministerio Fiscal y no solo reabrió las causas cuya investigación ya ha sido concluida, sino que volvió a incluir en el caso Tándem a García Castaño. El magistrado Manuel García Castellón, titular del juzgado en el que estaba De Egea en comisión de servicio, vio indicios suficientes para acumularle en este procedimiento por su "innegable" papel en el entramado empresarial del agente encubierto. El avance de la investigación, no obstante, ha generado de nuevo desavenencias entre el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 y ambos fiscales siendo la más patente la relativa a la pieza décima sobre el robo de teléfono de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias.
La polémica pieza Dina
Las divergencias en el criterio de actuación entre el instructor y Anticorrupción se acuciaron tras la declaración de Bousselham el pasado mes de mayo. Las contradicciones con respecto a su declaración inicial en la causa en marzo de 2019 dejaron en un aprieto a Pablo Iglesias al apuntar que él recibió su tarjeta en enero de 2016 en perfecto estado y se la devolvió ilegible, si bien luego suavizó esta versión y negó cualquier irregularidad del líder de Podemos. En ese momento la Fiscalía abogó porque Bousselham -defendida por Marta Flor- volviera a declarar una vez más, pero el juez descartó esa vía y abrió una nueva línea de investigación para esclarecer si Iglesias tuvo algo que ver en que la tarjeta telefónica llegara destrozada a su dueña en agosto de 2016. Además, también vio conflicto de interés al compartir Dina e Iglesias la misma abogada y sugirió un cambio que ha materializado este último, a quien a partir de ahora le defenderá Raúl Maíllo.
Las pesquisas han avanzado en paralelo a la difusión en prensa de unos chats internos del equipo legal de Podemos en relación al caso Tándem. De acuerdo con estos mensajes, que adelantó el diario El Confidencial, la abogada Marta Flor habría mantenido una relación que trasciende el ámbito estrictamente profesional con el fiscal Stampa, al que se refería con el sobrenombre de 'Ironman'. En sus comunicaciones explicaba al resto del equipo que se reunió con Anticorrupción para trazar unas líneas de actuación en la pieza 'Dina' antes de que ésta se abriera y que les asesorarían en su camino al Supremo contra Ok Diario, dando a entender que gozaba de información de piezas secretas del caso. El revuelo mediático generado no ha modificado el criterio de Anticorrupción, desde donde mantienen su respaldo al fiscal al no ver delito de revelación de secretos, según fuentes del órgano consultadas por este diario que aclaran que las reuniones con las partes son acciones que entran dentro de la normalidad en un procedimiento.
Las primeras informaciones surgidas sobre este asunto recogidas por este diario provocaron que la Fiscalía General del Estado que dirige Dolores Delgado incoara en febrero un expediente gubernativo para investigar la imparcialidad de Ignacio Stampa. Semanas después, el fiscal jefe inspector archivó la investigación al no acreditar que debiera apartarse del caso. Ahora, y con los nuevos mensajes de chats publicados en prensa, la Inspección ha vuelto a abrir nuevas actuaciones para estudiar si pudo cometer alguna infracción con los nexos del partido que ejerce la acusación popular así como la veracidad de los mensajes que envió la abogada Flor al resto de miembros del equipo legal de Podemos.
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