Corrupción y violencia impulsan nuevos grupos de autodefensa en sur de México

Alberto Cabezas

México, 31 ene.- La proliferación del crimen organizado, las extorsiones, la impunidad y la corrupción de los funcionarios han impulsado la aparición de nuevos grupos de autodefensa en el sur de México, declararon a Efe expertos en estas organizaciones.

El caso más reciente es el de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) en los municipios de Ayutla de los Libres, Teconoapa y San Marcos, en la Costa Chica del estado de Guerrero, que está integrado por personas armadas y encapuchadas que controlan el acceso a las comunidades donde viven.

Su movilización ha dejado ya un muerto, un presunto delincuente abatido a tiros el pasado 22 de enero en el poblado de Atliaca, sin juicio de por medio ni garantía alguna.

El surgimiento de este colectivo ha suscitado una renovada atención sobre esta zona de México, una de las más pobres del país y hogar de indígenas me'phaas, nahuas, amuzgos y afromestizos, entre otros.

"Estos levantamientos son el pretexto ideal que buscaban algunos funcionarios gubernamentales para justificar la militarización en la zona y exacerbar la división en las comunidades" ante, por ejemplo, proyectos mineros que podrían implicar la destrucción de sus recursos naturales, dijo a Efe Luz Paula Parra, del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

La coordinadora del Proyecto de Negociación y Mediación del CIDE alertó de que no hay que confundir a los alzados recientes con quienes son elegidos por asambleas y autoridades locales que se rigen por "usos y costumbres" propios desde hace 17 años.

Parra defendió a la Policía Comunitaria, que gestiona la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Zona de la Montaña y de la Costa Chica de Guerrero (CRAC) y protege a 100.000 personas.

Bajo este esquema quienes son arrestados por alguna "falta" son trasladados a Casas de Justicia Comunitaria y sometidos a programas de "reeducación" con los que retribuyen el daño causado a las comunidades donde delinquieron.

Actualmente bajo supervisión de unos 900 policías comunitarios elegidos y supervisados en asambleas comunitarias están doce municipios de la Costa Chica y La Montaña de Guerrero.

"Es una región donde el Estado no tiene presencia y, cuando la tiene, se caracteriza por ser impune, con fuertes complicidades con las bandas criminales", indicó.

"Ante la inacción del Estado, o la acción en contubernio con el crimen organizado las comunidades decidieron, y eso es el origen de la Policía Comunitaria, autodefenderse", apuntó.

La experta rechazó que se establezcan paralelismos entre los policías comunitarios y el paramilitarismo, protagonista de masacres como las de Aguas Blancas (28 de junio de 1995) y la de Acteal (22 de diciembre de 1997).

"(Los policías comunitarios) no están ni financiados, ni entrenados, ni ejercen funciones paralelas a los militares", enfatizó.

En noviembre pasado, la CRAC decidió que la prioridad era "consolidar" su modelo a la vez que "expandir su proceso organizativo" interno, incapaces de abarcar más comunidades, a pesar de la violencia, inseguridad y corrupción que padecen, dijo el activista Pável Vallejo Chavarría, de la ONG Telar de Raíces.

Detalló que los motivos que han dado pie a la aparición de los grupos encapuchados "pueden ser varios" y "muy legítimos", pero pidió que no se les confunda con las policías comunitarias de la CRAC, uniformadas (pantalón negro, camiseta verde), que trabajan a cara descubierta y que están plenamente identificadas.

"Cualquier error que cometa uno de los levantamientos va a ser utilizado para atacar a la CRAC", advirtió Vallejo, cuya ONG lleva siete años ofreciendo asesoría técnica a los agentes comunitarios.

El pasado 13 de enero la propia CRAC se desligó de los alzados con pasamontañas y denunció que esos grupos tratan de "desestabilizar a toda la región en la que opera" la Policía Comunitaria.

El surgimiento de las fuerzas de autodefensa en México no es exclusivo de Guerrero, ya que existen algunas comunidades alzadas en armas en Cherán, estado de Michoacán, desde 2011, en el Valle del Mezquital, en Hidalgo, desde 2008, y en comunidades que simpatizan con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en Chiapas, desde 1994.