Carlos Arrazola
Guatemala, 19 abr.- La decisión sobre la continuidad del juicio por genocidio y crímenes de guerra en Guatemala en contra del exdictador José Efraín Ríos Montt, pasó hoy a manos de la Corte de Constitucionalidad (CC), máximo tribunal del país, después de que el jueves una jueza ordenara la anulación del proceso.
El Tribunal Primero A de Alto Riesgo envió este viernes una consulta a la CC para que en un plazo de 48 horas esta defina el procedimiento a seguir para la continuación del proceso, luego de que "por unanimidad" los miembros de esa judicatura rechazaran por "ilegal" la anulación del juicio decretada el jueves por un juzgado de primera instancia.
Jazmín Barrios, presidenta del tribunal, dijo durante una sesión celebrada en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia, que el debate queda "suspendido temporalmente", mientras la CC se pronuncia sobre la resolución "ilegal" fallada por la jueza Carol Patricia Flores, titular del Juzgado A de Mayor Riesgo.
Además de la consulta del tribunal, los magistrados de la CC deberán resolver la apelación presentada por la Fiscalía en contra de la resolución de la jueza Flores, así como los amparos solicitados esta mañana por el Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) y la Asociación Justicia y Reconciliación, entidades que actúan como querellantes dentro del proceso.
Juan Francisco Soto, abogado de CALDH, dijo a los periodistas que el amparo tiene como objetivo revertir el fallo de Flores, por considerar que el mismo "viola el derecho fundamental de la búsqueda de justicia de las víctimas" y, por lo tanto, "viola la Constitución".
Los letrados que acudieron a la CC fueron acompañados de más de 2.000 personas, en su mayoría mujeres ixiles supervivientes y familiares de las víctimas de los crímenes de guerra perpetrados por el Ejército entre marzo de 1982 y agosto de 1983, por los cuales son procesados por genocidio Ríos Montt, y su antiguo jefe de Inteligencia, José Rodríguez.
Con claveles rojos y pancartas en mano, entre llantos de rabia e indignación, las mujeres y los activistas que se sumaron a la marcha, exigieron "justicia pronta y responsable" a los magistrados del máximo tribunal, de quienes depende ahora el futuro del histórico juicio.
Las acciones judiciales también fueron dirigidas hacia la jueza Flores, en contra de quien fueron presentadas este viernes al menos cuatro denuncias ante la Corte Suprema de Justicia por parte de la Fiscalía y los querellantes.
En los diferentes recursos se pide desde la destitución de la letrada, hasta su procesamiento por delitos de abuso de autoridad, prevaricación y violación a la Constitución.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el organismo de las Naciones Unidas que colabora con el Estado guatemalteco en el combate de las estructura que procuran impunidad, también anunció que investigará a la jueza "por haber emitido una resolución ilegal".
En escuetas declaraciones a los periodistas, Flores dijo que mantenía su posición de que actuó "conforme a la ley" y que no temía a los recursos promovidos en su contra.
Mientras la CC desenmaraña el proceso, Ríos Montt y Rodríguez seguirán bajo arresto, el primero en su residencia y el segundo en el hospital militar donde convalece, y sus abogados defensores trabajan en los siguientes pasos de la estrategia que habrán de poner en práctica para evitar que, de continuar el juicio, sean condenados.
El camino que ha tomado este proceso ha motivado la condena de la comunidad internacional, que ha advertido sobre el peligro que la anulación del juicio representa para la democracia guatemalteca.
"Lo esencial es que el juicio continúe de una manera u otra", porque "este es un caso único, emblemático, que es importante no sólo para Guatemala, sino para todo el sistema internacional de justicia", declaró Rupert Colville, portavoz de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay.
La decisión de anular el juicio "debe ser revocada con urgencia o se corre el riesgo de fortalecer la impunidad y debilitar el estado de derecho en Guatemala", advirtió por su parte Amnistía Internacional. EFE
ca/rsm/dmt
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios