Sobrevivientes y representantes de más de 1.000 estadounidenses -que murieron en los atentados del 11 de septiembre, en secuestros de aviones y otros ataques de los que se reprocha a Irán financiar o facilitar- exigen que se les pague una compensación de los fondos que el banco central de Irán tiene en el banco Citibank en Nueva York.
El caso comenzó a ser abordado por la Corte Suprema en un momento muy delicado desde el punto de vista diplomático, a pocos días de entrar en pleno vigor el histórico acuerdo nuclear que Estados Unidos e Irán firmaron hace seis meses.
El caso incluye a familiares de los 241 soldados de Estados Unidos que murieron junto a 58 militares franceses en el atentado suicida de octubre de 1983 en Beirut contra las barracas de una fuerza multinacional, que los dos países atribuyen al grupo libanés Hezbolá apoyado por Irán.
Una corte ordenó en julio de 2014 que se entreguen a las familias de estos soldados estadounidenses 1.750 millones de dólares de fondos iraníes que se encontraban en Estados Unidos gracias a varios intermediarios y que habían sido congelados en 2008.
Para asegurar que el dinero permanezca en el país, en 2012 el presidente estadounidense Barack Obama decretó la prohibición de transferencias y el Congreso legisló su confiscación.
En respuesta a estas medidas, el Banco Central iraní presentó una demanda ante la Suprema Corte argumentando que el Congreso violó la separación de poderes que dicta la Constitución estadounidense al legislar en un caso jurídico específico, argumento que los abogados de los familiares de las víctimas rechazan.
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