San José, 21 nov.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) inició hoy un periodo de sesiones en su sede en Costa Rica, en el que tiene previstas dos audiencias contra Venezuela y una para evaluar el cumplimiento de Colombia a la sentencia por la masacre en la localidad de Mapiripán, en 1997.
La corte, que realizará sus sesiones desde hoy y hasta el próximo 3 de diciembre, efectuará sólo dos audiencias públicas, ambas contra Venezuela, en las que escuchará, el 28 de noviembre, a las partes involucradas en el caso conocido como "Néstor José y Luis Uzcátegui" y el 1 de diciembre a las relacionadas con el caso "Díaz Peña".
El primero, ocurrido en 2001, se relaciona con la muerte de Néstor Uzcátegui, aparentemente ejecutado por la policía del Estado Falcón, y la posterior supuesta persecución del mismo cuerpo policial en contra de su hermano Luis Uzcátegui por buscar justicia.
La denuncia indica que como parte de esa persecución, familiares de Néstor Uzcátegui han sido detenidos y sometidos a allanamientos ilegales y arbitrarios, mientras Luis ha sufrido amenazas contra su vida e integridad personal.
El segundo caso contra Venezuela, registrado en 2003, se refiere a la supuesta detención ilegal de Raúl José Díaz Peña y "su presunto sometimiento a un régimen de detención preventiva que habría sobrepasado los límites establecidos en la ley penal, con fundamento en una presunción de peligro de fuga", indicó la CorteIDH en un comunicado.
Según la demanda, Díaz no contó con una revisión judicial efectiva de su situación y sufrió "irregularidades" que provocaron que el proceso penal en su contra durara cinco años y dos meses desde su detención hasta la condena.
Por otra parte, el próximo miércoles la CorteIDH celebrará una audiencia privada para evaluar el cumplimiento de Colombia a una sentencia dictada en el 2005 por el caso conocido como la "Masacre de Mapiripán", una matanza realizada en 1997 por paramilitares.
En esta audiencia los jueces escucharán a los representantes de las víctimas y familiares de éstas, así como al Estado, acerca del cumplimiento de las órdenes de la corte y para recibir información sobre el supuesto pago de indemnizaciones a falsas víctimas.
El caso de la masacre de Mapiripán, localidad ubicada en los Llanos Orientales de Colombia, fue resuelto en 2005 por la CorteIDH, que le ordenó al Estado el pago de indemnizaciones a los familiares de las víctimas; no obstante, en las últimas semanas se denunció que presuntamente se han hecho pagos a personas que no fueron afectadas.
Durante este periodo de sesiones la corte, con sede en Costa Rica, también realizará otras actividades como analizar en privado la posibilidad de dictar sentencia en los casos llamados Fleury contra Haití, Familia Barrios contra Venezuela, y Fontevecchia y D'Amico contra Argentina.
La CorteIDH forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y sus resoluciones son de acatamiento obligatorio para los países miembros del organismo hemisférico.
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