Cortés: El Gobierno va a perder el recurso al TC de desahucios en Andalucía

Sevilla, 17 jul.- La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, se ha mostrado hoy convencida de que se va a "ver" que el Gobierno perderá el recurso al decreto de vivienda ante el Tribunal Constitucional, y ha conminado al PP a que mientras tanto apoye la moratoria de desahucios que pedirán a las entidades financieras.

En su comparecencia en el pleno del Parlamento andaluz para debatir sobre el recurso del Gobierno, ha afirmado con rotundidad que cree que no saldrá adelante y ha dicho que está convencida de ello porque hay jurisprudencia que garantiza la función social en otros asuntos como la ley de reforma agraria o de urbanismo.

Ha asegurado que en la Junta van a continuar defendiendo la función social de la vivienda y que "van a perseverar por hacer Andalucía un territorio libre de desahucios", ya que ha recordado que en esta comunidad hay "un Gobierno diferente" en el que está IU y en el que la Consejería de Vivienda la lleva ella, "que es comunista".

Ha señalado que no hay "Plan B" porque los planes "de la A a la Z" para el Ejecutivo regional son "defender a la ciudadanía de la estafa financiera e hipotecaria", y ha pedido a los ciudadanos que no se "vengan abajo" porque "sí se puede" y la Junta continuará "poniendo las políticas de vivienda al servicio del derecho humano".

Mientras el TC se pronuncia sobre un decreto "que se encardina perfectamente en la Constitución", Cortés considera que el PP "ya lo han perdido" porque los españoles han conocido "que hay gobiernos que hacen cosas distintas".

Ha manifestado que la suspensión del decreto "ha privado al pueblo trabajador de un arma poderosa", ya que era el "antídoto" contra la especulación y contra el "atracón" de los bancos.

"El decreto es plenamente constitucional y se pone al servicio de la gente", ha añadido la consejera, quien se ha preguntado qué intereses persigue la 'Troika' y si la razón es "intentar hacer ver que no hay alternativa al neoliberalismo, al dolor, al sufrimiento".

Ha agregado que "inquietar a las entidades financieras será todo lo grave que se pueda considerar pero no es en absoluto anticonstitucional".

Ha recordado que hasta la suspensión de la norma se estaba desplegando "con efectividad y diligencia" en la comunidad, con 18 familias para las que ya se había iniciado el expediente de expropiación temporal del uso de la vivienda.

La portavoz del PP, Alicia Martínez, ha pedido al Gobierno andaluz que rectifique y "acepte la mano tendida" de su formación porque "hay solución" aceptando medidas de modificación de la norma y aplicando la ley estatal para evitar los desahucios.

Ha exigido al Gobierno regional "que no ponga excusas de ningún tipo" y que trabaje para que las personas afectadas "no se vean expulsadas de sus viviendas" y "se juegue con su angustia", por lo que cree que es momento de elegir entre "confrontación y solución".

"No tienen intención de arreglarlo, prefieren utilizarlo como ariete contra el Gobierno", ha dicho Martínez sobre el decreto, a la vez que ha reclamado que "se construya una ley constitucional" porque tienen "la pelota en su tejado" y la disponibilidad presupuestaria es "fundamental" para ayudar a esas familias.

Martínez considera "vergonzoso y lamentable" que se diga que cualquier desahucio "va a llevar la firma del PP", sobre todo cuando el vicepresidente del Gobierno andaluz, Diego Valderas (IU), "se aprovechó de un desahucio para hacerse con una vivienda" y no ha pedido perdón hoy, aunque la consejera le ha respondido que al PP "le queda grande" hablar de él.

Por su parte, el portavoz socialista, Enrique Benítez, ha criticado que el PP "no tenga piedad con los más vulnerables" y que haya decidido "arrasar con todo y con todos, que el país se hunda con ellos", con una "persecución a Andalucía".

Para los socialistas, Andalucía "se ha rebelado" contra ese "desidio", y lo ha hecho desde el Parlamento, "con un decreto que será ley después del verano", ya que entiende que el recurso sólo es "el último paso de una gran pataleta partidista".

Ha asegurado que "no hay ni una sola línea en la Constitución que se vea desafiada por este decreto" y ha criticado que el PP se oponga al derecho de las familias que están amenazadas por ejecuciones hipotecarias por un asunto "partidista".