Aunque la ministra de Justicia, Pilar Llop, aseguró la semana pasada que cuando va en metro o en autobús escucha a la gente hablar de la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la verdad es que muchos ciudadanos piensan que este bloqueo no les afecta en su día a día. Una idea equivocada. Las posturas encontradas que mantienen PP y PSOE para no renovar el órgano de gobierno de los jueces provoca que se dilate en el tiempo la prohibición de hacer nombramientos en la cúpula judicial, donde se crea la jurisprudencia. La carga de trabajo que soportan los magistrados es cada vez mayor, ralentizando la respuesta que los ciudadanos esperan sobre determinados asuntos, como todo lo relativo a condiciones laborales, impuestos, hipotecas, ERTE, las consecuencias derivadas de la pandemia de la covid-19, etc.
El presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha manifestado en varias ocasiones que la situación es "insostenible" y que la limitación de las funciones del órgano de gobierno del Poder Judicial está llevando al colapso a los tribunales. Una situación agonizante que describió ante el Rey Felipe VI, el pasado 7 de septiembre, en la Apertura del Año Judicial, donde dio un ultimátum a los dos grupos políticos mayoritarios y amenazó con su dimisión en las próximas semanas si la renovación no tiene lugar o no le devuelven las competencias. El todavía máximo responsable del CGPJ parece no ir de farol, pues ya ha puesto en marcha mecanismos para hacer efectiva su salida y ha solicitado un informe técnico sobre el procedimiento a seguir para su "eventual sustitución" con el fin de explicárselo en los próximos días a los vocales del órgano de los jueces y magistrados del Alto Tribunal.
La Comisión Europea ha lanzado ya varios avisos y ha expresado su apoyo a Lesmes. La vicepresidenta de la institución, Věra Jourová, le mandó una carta para trasladar que comparte la "urgencia y prioridad absoluta" de la renovación. También el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, que visitará España esta semana, ha dejado un hueco en su agenda para reunirse el viernes 30 de septiembre con el presidente del CGPJ para evaluar la situación de la Justicia, un día después de mantener un encuentro en este mismo sentido con Félix Bolaños, ministro de la Presidencia y el negociador del PSOE para la renovación.
Mientras tanto, el CGPJ lleva un año y medio sin poder cubrir las plazas que dejan vacantes magistrados que se jubilan o cambian su lugar de trabajo. En marzo de 2021, las Cortes Generales aprobaron la iniciativa impulsada por PSOE y Podemos -partidos de coalición en el Gobierno- para limitar las funciones del órgano de gobierno de los jueces mientras se encuentre en funciones e impedir que hicieran nombramientos en el Tribunal Supremo, Tribunales Superiores de Justicia, Audiencia Provinciales y Audiencia Nacional. El objetivo de esta medida era meramente político: generar presión en el otro bando negociador.
Pero el efecto ha sido el contrario. Desde entonces, los tribunales se quejan de que cada vez hay más falta de efectivos para sacar adelante las resoluciones. La gravedad de la 'parálisis' de la Justicia comenzó a hacerse patente a finales de 2021 y el Tribunal Supremo lanzó un S.O.S. en septiembre de ese mismo año para advertir de las "perniciosas consecuencias" de no poder hacer nombramientos: 1.000 sentencias menos al año y más retraso en los tiempos de respuesta. "El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la historia de nuestra democracia", señaló Lesmes en la apertura del año judicial.
"El estropicio es tan grande que no se había producido una situación semejante en la historia de nuestra democracia"
Un 25% menos en el Supremo
Y es que, el Tribunal Supremo, el máximo órgano judicial en todos los órdenes jurisdiccionales, es el que, en muchas ocasiones, da la 'solución final' a un problema sobre el que distintos tribunales han sentenciado de manera contradictoria. Por ello, muchos juzgados esperan a que el Alto Tribunal resuelva un asunto controvertido antes de dictaminar sobre un caso particular.
A día de hoy, 65 plazas están pendiente de cubrir, de las cuales 14 corresponden al Tribunal Supremo, que a finales de octubre serán 16 (jubilación de dos magistrados), a las que podría sumarse la salida de otros dos magistrados que irán al Tribunal Constitucional, una vez que el CGPJ cierre la negociación en este sentido. Ello supone un 25% de los puestos en el Alto Tribunal vacíos. Otras 30 plazas son de Tribunales Superiores de Justicia, de las que siete son Presidencias (Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja y Murcia). Otras 20, son Presidencias de Audiencias Provinciales. Y la última es la Presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que dejó Concepción Espejel tras ser nombrada magistrada del tribunal de garantías.
Las bajas en el Alto Tribunal -que cuenta con una planta de 79 magistrados- se incrementarán en los próximos meses con motivo de varias jubilaciones, llegando a alcanzar la veintena de efectivos menos. Además, según datos recogidos en la Memoria Anual del Tribunal Supremo del año 2021 -la última publicada-, la litigiosidad ha aumentado por la pandemia de coronavirus, ya sea por el 'parón' de la actividad registrado durante el confinamiento o por las consecuencias económicas que ha supuesto la crisis sanitaria, que ha generado un aluvión de demandas. De hecho, algunas de las Salas han solicitado al CGPJ y al Ministerio de Justicia medidas para poder aumentar los tiempos de respuesta.
Sala por Sala
Así, de acuerdo con dichas cifras, la Sala de lo Civil -encargada de resolver asuntos relacionados con las cláusulas suelo, tarjetas 'revolving', reclamaciones entre particulares o patrimoniales, divorcios, custodias, entre otros- recibió un total de 10.949 asuntos nuevos en 2021, que se sumaron a los 15.556 que tenían en cola, terminando el año con 19.383 litigios pendientes. La Sala de lo Penal -conocida por la resolución de casos más mediáticos como los de corrupción, violencia de género o terrorismo- al finalizar el año 2020 tenía pendiente 6.302 recursos, que se juntaron a los 8.982 nuevos casos registrados el año pasado, si bien la cantidad disminuyó, pues inició el 2022 con 6.379 asuntos pendiente.
Por su parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo -resuelve recursos contra actos del Gobierno como indultos, nombramientos, impuestos- ha experimentado este último año un crecimiento de los temas a estudiar. El Gobierno le concedió la potestad de tener la última palabra sobre las normas autonómicas acordadas para combatir la covid-19. Así, en 2021 registró en la bandeja de entrada 9.080 recursos de casación, que se acumularon a los 6.302 que había a finales de 2020, concluyendo el año de 2021 con 6.379 asuntos a la espera de resolución.
La Sala de lo Social -que se pronuncia sobre cuestiones relativas a condiciones laborales, despidos, Seguridad Social, cuestiones sindicales, etc.- ha vivido una situación similar durante la pandemia, al ser la encargada de revisar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) que muchas empresas tuvieron que emplear, los cuales muchos de ellos están aún por llegar. Así, esta Sala, que terminó el ejercicio anterior con 7.210 asuntos, tuvo una entrada de 4.979 casos nuevos en 2021, dejando pendiente de pronunciamiento a finales del año pasado un total de 7.522. Finalmente, la Sala de lo Militar -dedicada a los delitos y materia disciplinaria de orden estrictamente castrense- solo ha registrado en 2021 145 asuntos nuevos, quedando pendiente 82 por resolver, si bien la situación comienza a agravarse en este área, pues, tal y como señaló el propio Lesmes en el discurso de inicio del curso judicial, el 21 de diciembre en la Sala de Justicia del Tribunal Militar Central se quedará sin magistrados.
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