No corren buenos tiempos para los investigadores. El férreo control del gasto asfixia a los Organismos Públicos de Investigación (OPIs) y a centros punteros en la medicina como el Centro de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y el Centro Nacional de Investigación Cardiovasculares. El primer grito de alarma lo lanzó la semana pasada la Plataforma Solar de Almería (PSA), un centro de referencia mundial en energía solar. Las restricciones al empleo de fondos, propios y ajenos, amenazan su futuro.
El problema es serio. La Secretaría de Investigación sabe que tiene una patata caliente entre las manos y ha anunciado que va a tomar medidas. Pero mientras tanto, el problema crece.
Hasta 80 científicos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) han suscrito una misiva dirigida al presidente del Gobierno y a otros cinco ministros en la que avisan de que su labor investigadora está en "serio peligro" y le piden una "solución urgente" que garantice la integridad y estabilidad de su plantilla.
Carta al presidente
En la carta, a la que ha tenido acceso Europa Press, trasladan a todos ellos su "gran preocupación" ante la situación que atraviesan estos centros de investigación en cuanto a su capacidad de gestionar los recursos humanos necesarios para realizar su misión. Por ello, solicitan una política laboral de estabilidad, dentro de la legalidad, y coherente con el principio de estabilidad de la Carta Europea del Investigador, un aspecto "esencial" para mantener su nivel competitivo en el ámbito internacional.
Los destinatarios, además de Rajoy, son la vicepresidenta del Gobierno y los ministros de Hacienda, Economía y Competitividad, Empleo y Seguridad Social, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, así como la secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación y el director General del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).
Los investigadores explican que los cambios en la regulación surgidos a raíz de la publicación de los Presupuestos Generales del Estado 2017, y en particular en su disposición adicional 34, suponen un "grave problema" para el normal desempeño de ambas instituciones, acreditadas por el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad como Centros de Excelencia 'Severo Ochoa'.
La Secretaría de Estado de I+D conoce las dificultades de los centros. Un portavoz explicó a La información que se "está trabajando para minimizar el impacto de la intervención previa y agilizar los plazos, tanto de la intervención como de la contratación. Hemos propuesto al Ministerio de Hacienda que los proyectos financiados externamente por la UE no estén sujetos a intervención". Pero el tiempo corre.
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