Crisis Group pide reanudar cuanto antes el juicio a Ríos Montt

  • El juicio por genocidio del exdictador José Efraín Ríos Montt en Guatemala debe reanudarse cuanto antes en aras de la justicia y de reconciliar a los ciudadanos con una "democracia que sigue siendo frágil", afirma el International Crisis Group (ICG) en un informe publicado hoy.

Bogotá, 23 sep.- El juicio por genocidio del exdictador José Efraín Ríos Montt en Guatemala debe reanudarse cuanto antes en aras de la justicia y de reconciliar a los ciudadanos con una "democracia que sigue siendo frágil", afirma el International Crisis Group (ICG) en un informe publicado hoy.

"Justicia a prueba en Guatemala: el caso Ríos Montt" es el título de este informe elaborado por la organización no gubernamental especializada en la prevención y resolución de crisis, que tiene su sede central en Bruselas y su oficina regional en Bogotá.

El informe hace un repaso de las vicisitudes del juicio a Ríos Montt -"en un lapso de diez días los tribunales guatemaltecos hicieron y deshicieron la historia legal del país"- y finaliza con una serie de recomendaciones "para combatir la impunidad y asegurar la rendición de cuentas por violaciones a los derechos humanos".

Ríos Montt fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de cárcel por genocidio y otros crímenes de guerra, pero la Corte Constitucional anuló el 20 de mayo la sentencia y ordenó retrotraer el juicio a la situación en que se encontraba el 20 de abril.

Además, el caso de Ríos Montt y del exdirector de inteligencia militar José Rodríguez Sánchez, juzgado con él y absuelto el 10 de mayo, fue trasladado al Tribunal B de Mayor Riesgo, pero existe "incertidumbre" acerca de si el juicio se va a reanudar y cuándo, dice el informe.

Para el ICG, el hecho de que se juzgara y condenara al exdictador "fue un logro extraordinario", mientras que la decisión del tribunal constitucional de anular esas actuaciones fue "confusa" y "planteó dudas" acerca de si esa corte cedió "a la presión" de "poderosos grupos de interés".

Ríos Montt, quien gobernó de facto entre 1982-1983 y Rodríguez Sánchez, son acusados de las matanzas de que fueron víctimas 1.771 indígenas ixiles del departamento noroccidental de Quiché.

Ambos se encuentran con arresto domiciliario a la espera de enfrentar de nuevo a la justicia por genocidio.

"La impunidad generalizada de la violencia del pasado y del presente tiene un efecto corrosivo sobre la democracia del país", señala International Crisis Group.

Por eso, "no reanudar el juicio en contra de Ríos Montt por atrocidades masivas y no buscar la justicia para las víctimas de crímenes violentos debilitaría el escaso progreso alcanzado en el Estado de Derecho, incluyendo a un poder judicial fuerte e independiente".

De cara al nuevo juicio, ICG subraya que "se debe permitir a estos nuevos jueces trabajar sin interferencia, examinando cuidadosamente tanto los argumentos de los acusadores como los de la defensa" y se debe garantizar a Ríos Montt "un juicio justo".

Sin embargo, que "las víctimas también tienen derechos" y el pueblo ixil ya ha esperado 30 años para tener justicia, agrega.

El informe menciona también el proceso de nominación de los candidatos para una nueva Corte Suprema y otros tribunales de apelación y la elección de un nuevo fiscal general en 2014.

"Las autoridades políticas deben actuar de manera urgente para asegurar que los candidatos sean seleccionados por sus méritos, dentro de un proceso transparente que realce el prestigio y la independencia de los jueces".

"Está en juego la capacidad de lidiar no sólo con los abusos del pasado, sino también con la delincuencia y la corrupción que amenazan la democracia hoy en día", dice ICG.

Entre otras recomendaciones, pide que se brinde "protección efectiva" a todos los implicados en juicios por casos de derechos humanos.

También continuar con las investigaciones y procesamientos de todas las personas que se consideren responsables por masacres y otras violaciones al derecho internacional humanitario, "incluyendo aquellas cometidas por las guerrillas".

Al Gobierno guatemalteco le reitera la necesidad de asumir un "compromiso con un poder judicial independiente por medio de acciones concretas".

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