San Salvador.- Defensores de los derechos humanos criticaron hoy al Tribunal Supremo de El Salvador por denegar un pedido de la Audiencia Nacional de España para el envío de datos sobre 14 militares acusados de asesinar en 1989 a cinco jesuitas españoles y uno salvadoreño.
El director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), Benjamín Cuéllar, consideró que "es una costumbre que tiene el sistema de justicia salvadoreño de proteger a los victimarios dependiendo de su estatus (...) y menospreciar a las víctimas".
La decisión "pasa por encima" de un convenio de colaboración entre los Supremos de España y El Salvador, añadió.
Cuéllar criticó "las marrullerías" del alto tribunal, aunque anticipó que se acelerará el proceso en España, al señalar que en adelante se dará por "evacuada esta etapa".
Insistió en la "necesaria derogatoria de la Ley de Amnistía", que, según dijo, busca mantener la impunidad de los imputados.
"No es solamente la impunidad del pasado, pues la impunidad del pasado fortaleció la impunidad del presente y promueve la inseguridad, la violencia, la delincuencia a todo nivel", advirtió.
La Corte Suprema de Justicia "se esconde tras la legislación nacional para, una vez más, omitir y eludir obligaciones importantísimas del Estado salvadoreño", señaló a Efe la abogada española Almudena Bernabeu, querellante en la Audiencia Nacional.
"La investigación sigue adelante con nueva prueba (...) con toda su fuerza y con todas las consecuencias que esta decisión de la Corte pueda acarrear de conformidad con la ley española e internacional", añadió Bernabeu vía internet.
Estimó que con esta decisión se "vulnera el derecho de defensa de los querellados, privándoles de su oportunidad y derecho legítimo a declarar y nombrar abogado que les represente".
Cuestionó que se argumentara que el envío de la información supusiera someter la soberanía nacional.
"Lamentablemente hace alarde de su desconocimiento de sus obligaciones cuando alguno de sus miembros manifiesta que cumplir con este pedido vulnera la soberanía nacional y parece desconocer que desde hace más de 50 años ningún Estado se puede esconder detrás de su 'soberanía' para violar la ley internacional", aseveró.
El 16 de noviembre de 1989, militares salvadoreños asesinaron en la Universidad Centroamericana al entonces rector de la institución, el jesuita español Ignacio Ellacuría, a los sacerdotes de misma nacionalidad Ignacio Martín Baró, Amando López, Juan Ramón Moreno y Segundo Montes, y al salvadoreño Joaquín López y López.
También quitaron la vida a Elba Julia, una empleada doméstica, y su hija Celina, de 16 años.
Por estos crímenes fueron llevados a juicio en El Salvador, en septiembre de 1991, nueve militares, pero solo dos fueron condenados y en 1993 quedaron libres tras se amnistiados.
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