El acuerdo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y la empresas de Gerard Piqué (Kosmos Holding) para celebrar la Supercopa española en Arabia Saudí durante seis años a cambio de 24 millones en comisiones para la empresa del futbolista y 40 millones al año más para los equipos que la disputan y la propia federación, está bajo la lupa del Consejo Superior de Deportes (CSD), que es el encargado de velar por la legalidad de la operación y debió estar informado en tiempo y forma de todas las negociaciones que se llevaron a cabo, tal y como señala su Código de Buen Gobierno. Aunque desde el Consejo no se ha hecho ningún comentario, fuentes jurídicas consultadas por La Información y cercanas al organismo aseguran que esa comunicación con todos los detalles del contrato es obligatoria desde el punto de vista legal por el hecho de que una parte de su financiación se realiza con dinero público. En el caso de la RFEF, aunque se organiza en gran parte con sus propios medios, recibe un 0,5% del dinero que genera el fútbol profesional por imperativo legal, algo que le obligaría a comunicar al CSD la negociación y el acuerdo con Arabia Saudí antes de firmarlo.
El Código de Buen Gobierno del organismo público obliga a todos los directivos y altos cargos federativos a “suministrar información relativa a la existencia de relaciones de índole contractual, comercial o familiar con proveedores o entidades que tengan vínculos comerciales o profesionales con la Federación de la que forman parte”. Además, establece que “se requerirá información periódica sobre el volumen de transacciones económicas que la Federación mantenga con sus miembros o terceros vinculados a ellos”, dos procesos administrativos que, en caso de incumplimiento, obligarían a la Federación de que se trate -en este caso la de fútbol- a devolver todo el dinero público que hayan recibido “de forma inmediata”, señalan las fuentes consultadas, que advierten que ese puede ser el único resquicio legal por el que se pueda atajar el ‘pelotazo’ de Piqué y la RFEF, una vez que se compruebe que todas las cláusulas y condiciones del contrato son perfectamente legales.
El propio presidente de la federación de fútbol, Luis Rubiales, ha asegurado este lunes que el contrato cumple con todos los requisitos establecidos en la normativa, si bien existen dudas en el seno del CSD sobre si se hizo o no la obligada comunicación a la que era su presidenta y secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda. Desde entonces y siempre dentro de los gobiernos de Pedro Sánchez, han pasado por el organismo en apenas dos años otros dos dirigentes más, Irene Lozano y el actual presidente, José Manuel Franco.
A falta de conocer todos los detalles del contrato, las claves legales de la operación pasan por analizar el acuerdo de intermediación entre la empresa de Piqué y la Federación. En principio, según la información adelantada por El Confidencial, se pactó que fuera la empresa pública saudí Sela quien pagara a Kosmos Holding de forma independiente a su acuerdo con la RFEF, para que no hubiera ningún conflicto de interés con el futbolista, que está en activo y es propietario de un club en Andorra que juega bajo el amparo de la Federación española. No obstante, los abogados consultados advierten que habría que analizar si la RFEF condicionó la celebración del evento deportivo cada año a que se cumpliera con los pagos anuales del agente intermediario, algo que podría ser interpretado como una "garantía de pago" de dudosa legalidad.
Código ético de la RFEF
Al igual que ocurre con el caso del CSD, los detalles del contrato y las contrapartidas que pueda haber entre la propia RFEF y la empresa de Piqué son claves para determinar si se puede haber coadyuvado al cobro de algún tipo de comisiones en el acuerdo de forma ilegal, algo que está expresamente prohibido por el código ético de la Federación. Aunque su alcance legal es dudoso, el artículo 24 del citado código establece que "las personas sujetas al presente código no aceptarán, entregarán, ofrecerán, prometerán, recibirán, pedirán o solicitarán comisiones, en su beneficio o en el de terceros, por negociar o cerrar acuerdos u otras transacciones en relación con sus funciones, salvo que así esté establecido en un contrato legítimo".
Es precisamente esa parte final sobre la legitimidad del contrato la que salva, a priori, a Luis Rubiales y su equipo directivo de incumplir su propio código ético. Desde la Federación han defendido en todo momento la legalidad de la operación, hasta el punto de recomendar que haya más como está en adelante, aunque eso suponga llevar cuatro equipos españoles a jugar a un país extranjero un trofeo puramente local, como la Superliga.
En cualquier caso se trataría de una infracción administrativa menor que tendría consecuencias dentro de la propia organización interna de la RFEF, pero ningún tipo de efectos jurídicos externos. "Si las comisiones están incluidas en un contrato, todo se ha hecho con dinero A, se ha declarado, sin engaños ni ocultaciones que puedan vulnerar la legislación mercantil, no hay implicaciones legales del tema, por más efecto que haya tenido en la opinión pública", advierten los expertos jurídicos.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios