El debate sobre el futuro de las centrales nucleares está más vivo que nunca. El nuevo Gobierno de Pedro Sánchez es partidario de cerrar las instalaciones a medida que cumplan los 40 años, lo que sucederá con las seis en funcionamiento en la próxima década. Cierren o no cierren, los residuos que generan tienen que ser tratados y almacenados, en principio en un gran Almacén Temporal Centralizado (ATC) que estará ubicado en Villar de Cañas (Cuenca). Pero hay un problema. Pasan los años y faltan algunos de los informes que exige la ley.
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) sólo ha enviado a los ministerios implicados en el proceso de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas parte de las evaluaciones de impacto radiológico que exige la normativa en vigor desde el año 2010. Como consecuencia, ni los técnicos del Ministerio de Medioambiente ni los de Energía (ahora de Transición Ecológica) han aprobado las declaraciones de impacto ambiental y de construcción necesarias para montar el almacén.
En torno a la legislación nuclear todo es complejo. En el caso del ATC, manda la instrucción IS-29, publicada en el BOE el 2 de noviembre de 2010. Esa norma obliga al CSN a hacer una evaluación de impacto radiológico ambiental del ATC en un doble escenario: en operación normal y en situación anormal, de accidente. Evaluar este último caso implica calcular, entre otras cosas, cuántos residuos gastados habría en el almacén. Como la decisión de cerrar nucleares a los 40 años o extender su vida útil no estaba -ni está-tomada, el CSN tiró por la calle de en medio. Sólo evaluó la seguridad del ATC en operación normal, según confirman fuentes del organismo.
El pleno del CSN del 15 de julio aprobó por unanimidad el informe parcial. Pero el acta publicada el 16 del mismo mes recoge el hecho que a la postre es fundamental para entender el enredo. El acta detalla que "el informe presentado a la consideración del pleno (del CSN) valora únicamente el impacto radiológico al público como consecuencia de la operación normal de la instalación". El documento no dice lo que falta: la evaluación en situación de accidente.
La instrucción de 2010, en su apartado quinto -Evaluación de la seguridad de la instalación- precisa que la documentación para las correspondientes autorizaciones del ATC deberá contener "la evaluación de impacto ambiental y radiológico, en condiciones normales y en caso de accidente". Hace tres años que falta la mitad correspondiente al "caso de accidente".
El CSN ha declinado valorar esa ausencia. No obstante, fuentes del organismo destacan que el proceso para construir el ATC es dinámico y el organismo elabora los informes, siempre a petición del Gobierno, y de forma sucesiva, para que sea este el que tome la decisión final.
Tres autorizaciones
Para que el polémico ATC sea una realidad necesita tres autorizaciones: de emplazamiento, de construcción y de explotación. El CSN sólo ha informado favorablemente hasta la fecha sobre el emplazamiento. La concesión de las autorizaciones de instalaciones nucleares corresponde al Ministerio de Transición Ecológica con el informe preceptivo del Consejo.
Con nuevo Gobierno y nuevas orientaciones en energía, la cuestión nuclear -cierre progresivo o ampliación de vida útil- toma más temperatura. Hace una semana, la Comisión Europea anunció la apertura de un procedimiento de infracción a España y Polonia. Ninguno de los dos países han completado la introducción en sus legislaciones nacionales de la Directiva europea en materia de seguridad nuclear.
El retraso afecta también a la gestión de los residuos nucleares. España informó hace cuatro años al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en octubre de 2014, de que tenía en marcha -preparado y enviado al Gobierno- un nuevo plan de residuos radiactivos para sustituir al de 2006, que está todavía vigente. Cuatro años después, el plan sigue pendiente.
La gestión del combustible nuclear gastado es un servicio público esencial que gestiona la empresa pública Enresa. Los residuos más peligrosos se almacenan en piscinas y contenedores en las instalaciones nucleares. El problema es que el sistema no da más de sí. Las piscinas están ocupadas en casi un 89% de media y sólo los almacenes temporales individuales (ATI) de Ascó y de Trillo muestran ocupaciones por debajo del 40%.
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