Tenía que haber sido el 25 de abril y no fue. Tenía que haber sido el 9 de mayo y tampoco fue. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha aplazado dos veces en tres semanas el debate en el pleno del organismo de una norma fundamental para el futuro de la energía nuclear en España y para los planes del ministro de Energía Álvaro Nadal, partidario de ampliar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años.
El proyecto de Real Decreto de Seguridad Nuclear en Instalaciones Nucleares (sic) debe incorporar a la legislación española la Directiva 2014/87/Euratom que trata de reforzar la seguridad -y el papel de los supervisores independientes- de las centrales tras Fukushima. La trasposición debería haberse realizado como límite en agosto de 2017. Acumula por lo tanto, diez meses de retraso y su tramitación ha sido polémica por varios motivos: por el oscurantismo con que se ha tratado el tema, según señalan técnicos del CSN, y por las anomalías registradas desde 2016 en la tramitación del decreto.
La intención de esas "anomalías" según las definen fuentes del CSN, no es otra que facilitar la ampliación de la vida útil de las centrales, tal y como desea el Gobierno. La mayor de esas anomalías se produjo el 21 de septiembre de 2016. Ese día, según recoge el acta del pleno del CSN -número 1.390-, el presidente del Consejo, Fernando Martí Scharfhausen, el único competente para modificar el orden del día, lo hizo. El punto donde se iba a analizar el borrador de decreto de Seguridad Nuclear pasó de ser “asunto para la toma de decisión” a “asunto para información”.
Ida y vuelta a Energía
Sin decisión, con el único sello de "informado", el proyecto llegó al Ministerio de Energía para seguir su tramitación. Ahora ha vuelto al CSN, a solicitud del Gobierno, para su aprobación definitiva. Según consta en el proyecto, el borrador "ha sido elaborado, de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear, en virtud del artículo 94 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear". El problema -anomalía, señalan fuentes del CSN- es que nunca ha habido tal acuerdo del Consejo, según las actas oficiales.
¿Por qué es importante el decreto y la normativa comunitaria que traspone? Lo explica el propio proyecto: porque "todas las etapas del ciclo de vida de una instalación tendrán como objetivo la prevención de accidentes" y porque se exige reforzar la autoridad reguladora -el CSN- en "aspectos tales como la independencia efectiva, la adecuada disponibilidad de recursos humanos y financieros, la transparencia o la prevención de conflictos de intereses, entre otros". Por supuesto, la clave está en el reglamento y en quienes lo deben desarrollar, el Ministerio de Energía y el propio CSN.
Es aquí donde saltan los recelos. Para los críticos con la gestión del presidente del CSN y exsecretario de Estado de Energía, Fernando Martí, el Real Decreto pendiente de aprobación forma parte del proceso general para facilitar los planes del Gobierno en materia nuclear. Es un paso más en una senda que ha tenido más hitos. Uno de ellos fue la aprobación -el 24 de octubre de 2016- de la llamada instrucción técnica (IS-22) que regula la operación a largo plazo de los reactores nucleares.
Instrucciones técnicas y debate
El Consejo aprobó la instrucción con la oposición de la entonces consejera del CSN Cristina Narbona. En su voto particular, la exministra y actual presidenta del PSOE sostuvo que la instrucción aprobada formaba parte de un proceso más amplio de adaptación de la normativa del CSN sin que se hubiera producido aún ningún debate, "ni técnico ni de ninguna otra índole en el pleno del CSN" sobre el alargamiento de vida de las centrales nucleares hasta los 60 años.
Los recelos en torno a la legislación que prepara el Gobierno prolonga un debate que tuvo su cénit con el cierre de la central nuclear de Santa María de Garoña. El titular de Energía, Álvaro Nadal, intenta cerrarlo mientras prepara la Ley de Transición Energética con una idea central: la energía nuclear, que supone en torno al 20% de la generación eléctrica, es fundamental en la transición a una economía baja en carbono y para cubrir las exigencias de la UE en recorte de emisiones.
La polémica sobre la vida útil de las centrales nucleares está alimentada por la ausencia de una norma que fije límites. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero llegó a plantearlo en la Ley de Economía Sostenible, pero la iniciativa no prosperó. El límite de 40 años que se consideraba razonable para la mayor parte de las instalaciones se ha superado en EE UU. El argumento es que con inversiones adecuadas, las centrales pueden funcionar muchos más años (hasta 60 en los nuevos planes). En España, desde finales de los 90, las licencias de las instalaciones nucleares se han ido renovando de 10 en 10 años.
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