Empieza el baile. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), un organismo fundamental en el proceso de transición energética que quiere abrir el Gobierno, registra los primeros movimientos para renovar a cuatro consejeros que acaban mandato entre diciembre de 2018 y febrero de 2019. Se abre la posibilidad de un cambio en la relación de fuerzas entre consejeros propuestos por el PP -tres- y el PSOE -dos-. El proceso de relevos coincide con la inspección (IRRS) que el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) lleva a cabo cada diez años en los países miembros. Los inspectores llegan a partir del 15 de octubre.
Por primera vez, además, entra en liza una candidata no directamente vinculada a un partido político. Se trata de Nieves Sánchez Guitián, presidenta de la Asociación Profesional de Técnicos en Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Sánchez Guitán ha confirmado a La Información su candidatura al consejo. Cuenta con el apoyo, explica, de la Asociación de Mujeres Empresarias y profesionales de Madrid (BPW). Entre sus objetivos: promover la transparencia y el debate en un organismo que, en su opinión, se ha caracterizado por el oscurantismo en los últimos años.
en estos momentos, la situación del consejo del CSN es la siguiente: dos consejeros, -Jorge Fabra, que sustituyó a principios de año en el organismo a la actual presidenta del PSOE Cristina Narbona- y el presidente, Fernando Marti, acaban mandato el 28 de diciembre. Otros dos, Fernando Castelló (nombrado a propuesta del PP) y Rosario Velasco (ex diputada del PSOE) terminan mandato en febrero de 2019. Permanece, porque fue nombrado en octubre de 2015, Javier Dies Llovera, nombrado también por el PP.
Fin de mayorías
Con las renovaciones y salvo sorpresa se puede acabar la mayoría (tres a dos) propiciada por el Gobierno del PP en el organismo. Es un momento para recomponer el equilibrio de fuerzas en el organismo y de ver cómo afecta esa recomposición a sus funciones en plena transición energética.
Sobre el papel, el organismo es independiente de la Administración, pero en la práctica, responde al juego de mayorías y reparto de poder de los partidos. El Gobierno de Sánchez necesita espacio para desarrollar su política energética. Por eso, desde que llegó al poder apostó por una supervisión más estricta del organismo desde la Secretaría de Estado de Energía. También sobre los movimientos de su presidente Fernando Marti (PP), que ha sido blanco de críticas y de reprobación por favorecer las tesis del PP en materia nuclear, según el PSOE.
El Congreso, en un duro informe de la ponencia encargada de las relaciones con el CSN, manifestó en su día "la necesidad de no prorrogar en ningún caso el mandato del actual y reprobado presidente del CSN". Las propuestas de resolución, muy contundentes y aprobadas por mayoría, también recogieron el malestar de los partidos por el funcionamiento del CSN.
Puestos de libre designación
Sin llegar a acusar directamente, la ponencia del Congreso recogió el particular funcionamiento del organismo en los últimos años. Por ello, exigió la "limitación en el número de puestos de libre designación, estableciendo criterios claros y transparentes para los puestos de libre designación basados en los principios de mérito y capacidad, para distinguirlos de los puestos de confianza". "En estos momentos -precisaba- este tipo de puestos supone más de un tercio de la plantilla del CSN".
La renovación del consejo del CSN coincide con un momento complicado en las relaciones laborales por la política de ascensos, según aseguran fuentes sindicales. Algo delicado cuando se espera la visita de los inspectores de la OIEA. La organización con sede en Viena revisa cada diez años, entre otras, las actividades de los reguladores nacionales en el ámbito de la seguridad nuclear, radiactiva, de los residuos radiactivos y del transporte.
España presentó a finales de 2017 el último informe al respecto. Fue elaborado por el antiguo Ministerio de Energía, el CSN y la empresa pública de residuos ENRESA. La OIEA lo ha publicado, lo que permite observar que el Gobierno justificó carencias como la ausencia de un Plan de Residuos Radiactivos -el vigente es de 2006- con argumentos poco consistentes como la inestabilidad política.
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