El director técnico de Seguridad del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Antonio Munuera Bassols, es desde hoy un jubilado. Munuera, que ha trabajado 35 años en el organismo, ha sido una pieza clave en la posición del presidente del Consejo, Fernando Marti, en el debate sobre la prolongación de la vida útil de las centrales nucleares más allá de los 40 años. Entre otras cosas, el director del CSN fue decisivo para que el consejo aprobara en febrero de 2017 la polémica renovación de la licencia de actividad de la central de Garoña. El Gobierno decidió el cierre de la instalación seis meses después.
Munuera se despidió del CSN, vino español mediante, el pasado viernes. Desde el día 19 ya no es funcionario en activo, sino un jubilado. El pleno del consejo abordó la situación que plantea la salida del responsable técnico en el pleno del día 14. Así consta en el orden del día. Pero no decidió sobre su sustituto. La Dirección Técnica de Seguridad queda vacante. La coordinará, según apuntan fuentes del CSN, un subdirector, Rafael Cid.
Con la salida de Munuera, el presidente del CSN, Fernando Marti pierde la palanca técnica que ha permitido al consejo en ocasiones inclinar el debate sobre el futuro nuclear a favor de la extensión de la vida útil de las centrales más allá de los 40 años. Así sucedió con Garoña. El CSN aprobó renovar la licencia de actividad de la central pese a que había obras pendientes de realizar. Eran obras que el propio Munuera había solicitado por carta a la propietaria de la central, Nuclenor (50% de Endesa y 50% de Iberdrola) en el año 2015.
Polémica por Garoña
La renovación de Garoña fue polémica. La entonces consejera Cristina Narbona -actual presidenta del PSOE- planteó un voto particular en contra de la decisión. Ante el revuelo, el CSN -Marti- convocó una inusual conferencia de prensa en la que Munuera tuvo un papel fundamental. El responsable de seguridad del consejo admitió que el 16 de abril de 2015 envió una carta a Nuclenor en la que, según sus palabras, le advertía que el incumplimiento de determinadas instrucciones técnicas y la no finalización de modificaciones de diseño (la central tenía 46 años) "podría" suponer que el CSN no elaborara el informe de autorización.
Pero a renglón seguido, Munuera explicó que la carta de exigencias a Garoña sólo era una forma de meter prisa al propietario (Nuclenor) para que cumpliera en tiempo y forma con las exigencias. Otro consejero, Fernando Castelló remachó el argumento y explicó que la carta de Munuera no era de cumplimiento obligatorio. Garoña tenía el campo despejado. Pero el Gobierno del PP decretó su cierre.
La salida de una pieza clave en el organigrama del CSN se produce cuando está pendiente la renovación del organismo. El presidente Fernando Marti -reprobado en el Congreso- cumple su mandato de seis años el 28 de diciembre. Otros tres consejeros -dos de ellos nombrados a instancias del PSOE- tienen que ser sustituidos antes de marzo. El proceso de renovación es complejo y los plazos están al límite. Si no hay acuerdo entre los partidos para designar candidatos, Marti puede prolongar su mandato hasta entrado 2019.
El retraso es notable y fuentes internas del CSN lo atribuyen al recelo con el que se han acogido las demandas de Podemos -aliado en la acción de gobierno de Pedro Sánchez- para participar en el proceso. La formación que dirige Pablo Iglesias ha solicitado al menos en dos ocasiones al Gobierno el comienzo de las negociaciones. A día de ayer, no había obtenido respuesta.
Más allá de los 40
El papel del CSN es clave en el momento que vive el sector nuclear. El Gobierno se debate entre cumplir la promesa de no prolongar la vida útil de las centrales más allá de los 40 y la necesidad de no comprometer el suministro, lo que llevaría a un cierre escalonado de centrales que podría ir más allá del año 2030.
El proceso de designación de candidatos para el CSN es largo: intervienen los partidos, el Gobierno y la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, que debe examinar y dar el definitivo visto bueno a los nuevos consejeros propuestos. Son meses de tramitación y con los recesos parlamentarios de Navidad y del verano, la posible prórroga de Marti sería una baza importante para el PP.
Todo en unos meses más que intensos. Endesa e Iberdrola tienen que pedir el próximo año al Gobierno la renovación de las licencias de explotación de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres) y Vandellós II (Tarragona). En ambos casos los permisos expiran en 2020, pero deben solicitar su ampliación con un año de antelación.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios