Casi cuarenta detenidos en una redada de Trabajo en la campaña del ajo en Albacete

Aprocoa culpa a la bajada de precios del ajo chino de la pérdida de rentabilidad para los agricultores andaluces
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La Guardia Civil de Albacete ha detenido a 36 personas en una redada de trabajo que han llevado a cabo con motivo de la campaña del ajo en la provincia. Las inspecciones de numerosas explotaciones agrarias de la zona, han permitido identificar a  144 personas y ya se investiga la actividad de dos empresarios sospechosos de vulnerar los derechos de los trabajadores.

Según ha informado la Guardia Civil en nota de prensa, los identificados son de distintas nacionalidades, siendo detenidos 29 de ellos por estancia irregular, 7 por usurpación del estado civil. En total, se han realizado cuatro inspecciones, una de ellas en el término municipal de La Gineta, dos en el de Motilleja y otra más en el de Tobarra, en las que los identificados realizaban tareas de recogida de distintos productos agrícolas, ha informado la Guardia Civil en nota de prensa.

El objetivo de estas redadas es comprobar que todos los trabajadores se encontraban dados de alta en el régimen de la Seguridad Social, tanto los comunitarios como los extracomunitarios, velando igualmente por el cumplimiento de todos los requisitos establecidos para realizar estas actividades agrarias por parte de los contratistas (ropa de trabajo adecuada, aseos o agua).

En una de estas inspecciones fueron identificados 20 trabajadores, que desde un primer momento se mostraron reticentes a entregar su documentación personal, presentando la de 14 de ellos dudas razonables sobre su autenticidad, no correspondiendo la fotografía del documento de identidad con la persona que lo portaba.

Tras la obtención de las huellas dactilares de estas personas se pudo verificar a través del sistema informático de identificación dactilar como 7 de ellas habían usurpado la identidad de la persona titular de la documentación original, encontrándose 5 de ellas en situación irregular en nuestro país, siendo los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía los encargados de iniciar los oportunos expedientes de expulsión.

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