Corría el mes de mayo cuando, con España recorriendo la desescalada hacia la ‘nueva normalidad’, el Gobierno de coalición se dispuso a aprobar la clave de bóveda de su sistema de protección social. Era la propuesta ‘estrella’ de Unidas Podemos, la idea que brillaba con luz propia en todos sus programas electorales desde el nacimiento del partido: el Ingreso Mínimo Vital (IMV), un ‘salvavidas’ de entre 462 y 1.015 euros que acudía al recate de personas y familias en situación de especial vulnerabilidad. El 2 de junio, el Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias aprobó la propuesta en Consejo de Ministros, ratificada una semana después por el Congreso de los Diputados sin un solo voto en contra y con la abstención de Vox, que la consideraba "una pagüita".
Por aquel entonces, este diario se puso en contacto con cuatro familias que habían solicitado la prestación y que creían que cumplían todos los requisitos para recibirla. Hoy, casi cuatro meses después, ni una sola de esas familias está cobrando el Ingreso Mínimo Vital.
"Es un engaño, un timo, parece una operación cosmética del Gobierno. Nosotros no cobramos ni un euro del IMV y seguimos viviendo de la caridad de la familia, de nuestros vecinos y de diversas ONG. En este país sí hay gente que nos estamos quedando atrás”, declara a La Información una de esas familias solicitantes, respondiendo a la famosa frase del presidente Sánchez, quién al comienzo de la pandemia aseguró que la acción de su Gobierno estaba enfocada en que ·ni un solo español se quede atrás y sin protección social".
El propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, proporcionó los datos esta semana. Desde que se abrió el plazo para solicitar el IMV la Administración ha recibido 900.000 solicitudes y ha aprobado 90.000 expedientes de familias que ya están cobrando la renta, aunque solo se han podido tramitar 350.000 de todos los expedientes presentados. Escrivá apuntaba que más del 50% de las peticiones para recibir el IMV no tienen derecho al mismo y, por tanto, la ayuda se quedara en unos 500.000 beneficiarios.
Este martes, mientras admitía el colapso de una Administración desbordada por la tramitación de los ERTE, las prestaciones de paro y el Ingreso Mínimo Vital, el Consejo de Ministros aprobaba una serie de modificaciones en la normativa que regula el IMV para agilizar su tramitación. En concreto, el Gobierno extenderá el período de retroactividad, desde el 15 de septiembre hasta el 31 de diciembre, de forma que a todos los solicitantes hasta fin de año se les abone la prestación desde el 1 de junio. También ampliaba el plazo para resolver y notificar las solicitudes garantizando la tramitación, eliminando el requisito de estar dado de alta en los servicios públicos de empleo (SEPE), de forma que se pueda cumplimentar en los seis meses siguientes. Asimismo, las modificaciones aprobadas permitirán un cruce de datos de la Administración con el padrón para que la información se autentifique de forma automática, eliminando un tramite que dificulta la entrega de documentación.
Javier: "No se puede aprobar una ley para quedar bien"
Javier, de 49 años, reside en Vigo, ciudad a la que se se mudó hace unos años "por amor". Ahora se encuentra "solo, divorciado, sin trabajo, pobre y malviviendo en una habitación por la que pago 240 euros" de los 457 que percibe por la Renta de Inclusión Social de Galicia (RISGA), que gestiona la Xunta. Admite ahora que "ante el colapso de la Seguridad Social y lo farragoso y complicado que es rellenar el formulario para el Ingreso Mínimo, y el riesgo de quedarme sin la renta básica que percibo de la Xunta de Galicia, he decidido no solicitar el IMV".
Javier critica duramente al Gobierno porque, en su opinión, "han aprobado una ley para quedar bien" sin estar "preparados para gestionarla". "Es como no hacer nada", dice, "mientras los más vulnerables seguimos con una mano delante y otra detrás". El gallego espera "que se solucione todo este desastre, la Seguridad Social contrate al personal necesario y se desbloquee el tema" porque "lo que está pasando es muy grave. Un desastre".
Como en mayo, cuando habló por primera vez con La Información, Javier insiste en que mantiene la esperanza de encontrar trabajo lo antes posible aunque lleva años sobreviviendo con contratos precarios "de comercial, teleoperador…". Ahora esta "desempleado". Ha llegado a vivir "en la calle" y reconoce que sobrevive gracias a "unos comedores sociales que cada día están más llenos y desbordados". Para él, el Ingreso Mínimo es "una cuestión de dignidad, no de caridad". "Yo no he parado nunca de buscar trabajo, de colaborar con organizaciones sociales, de estudiar, de preparar oposiciones…" Cree que si finalmente puede recibir el IMV antes de fin de año será un buen punto de partida para volver a empezar, "preparar, por ejemplo, oposiciones y encontrar al fin un trabajo digno que me saque de la precariedad".
Jacqueline: "Es un timo, un engaño del Gobierno"
Jacqueline Moreira, de 54 años, es cubana y lleva un lustro en Valencia. Es titulada en Enfermería pero por razones económicas y burocráticas no ha podido "homologar" su título en España. Durante estos años ha trabajado de empleada del hogar, "sin contrato", e incluso durante la pandemia encontró un puesto durante un mes en una residencia de ancianos. "Lo hice encantada y en la residencia también estaban muy contentos conmigo pero, tras un mes de trabajo, no pudieron renovarme el contrato porque no tengo el título homologado. Hacerlo me supone gastar un dinero que no tengo".
Jacqueline, que mantiene la nacionalidad cubana, vive en España con su esposo, de 62 años y con nacionalidad española tras dos décadas residiendo en este país, su hijo de 18 años y su sobrino, de 19, el último en llegar de Cuba y que se encuentra en situación irregular. Todos sobreviven con los 425 euros que cobra su esposo de la renta mínima de la Comunidad Valenciana. "El alquiler nos cuesta 347, más luz, agua, gas... Y luego está comer. ¿Cómo lo hacemos?". Cuenta Jacqueline que su marido, "que tiene el título de marino", ha trabajado "en barcos" pero con la crisis del 2008 "se quedó en la calle y, por su edad, le resulta muy difícil encontrar trabajo. Incluso tuvo un negocio hace cinco años pero se vio obligado a cerrarlo porque las pérdidas eran mayores que los ingresos".
Jacqueline y su marido acudieron al SEPE para solicitar el IMV, pero allí "nos dijeron que no podíamos ser beneficiarios por la renta que cobra mi esposo y porque no éramos un núcleo familiar monoparental". Su decepción fue absoluta: "¿Nosotros no estamos en riesgo de exclusión social, en situación de vulnerabilidad? El IMV es un timo, un engaño del Gobierno, que anuncia cosas con mucho bombo y platillo y luego se quedan en nada". Toda la familia ha estado trabajando en Francia en la vendimia para ir tirando pero el dinero que han ganado, después de pagar por el alojamiento en el país vecino, se ha quedado en nada. "Mantendremos la esperanza, pero la esperanza en la sociedad, en las ONG, en encontrar trabajo, que es algo que nunca hemos dejado de buscar... pero esperanza en el Gobierno y en el IMV no, la hemos perdido por completo".
José Manuel: "Todo se debe a una falta absoluta de personal"
José Manuel Moreno es el responsable del CSIF, sindicato mayoritario entre la función pública, en la Seguridad Social. Para él, además de otras cuestiones, el 'atasco' en la gestión del IMV se debe a "una falta absoluta de personal. Ahí se puede resumir toda la situación, independientemente de lo farragoso que puede ser completar el formulario (nos estamos encontrando con problemas de DNIs caducados, errores de empadronamiento...) y luego resolverlo (si todo está bien y toda la documentación está correcta, que no suele ser lo habitual, se tardan 45 minutos en resolver cada expediente). Hemos perdido el 21% de la plantilla en los últimos 10 años y no se convoca una OPE para cuerpos administrativos de la SS desde 1992. Por ahí pasaría una de las soluciones del problema, aumentar el personal de la Seguridad Social, que está exhausto".
Moreno explica con cifras el colapso que sufre la Seguridad Social por un aumento exponencial del trabajo: "En un año normalmente se presentan 750.000 expedientes de jubilación que tenemos que resolver. Pues bien, en tres meses solo del IMV se han presentado 900.000". Por ello, las modificaciones hechas por el Gobierno en la tramitación de los expedientes "pueden ser beneficiosas, pero no resuelven el problema, tan solo lo aplazan. Aquí la única solución es aumentar la plantilla de la Seguridad Social y así se podrá dar el servicio al que tiene derecho la sociedad porque no nos olvidemos que hablamos de personas vulnerables, en riesgo de exclusión social".
Pedro: "Parece una operación cosmética del Gobierno"
Pedro, de 38 años, Irene, de 37, y su hija Carol, de 14, esperaban hace cuatro meses como agua de mayo que se aprobara el IMV. "Llevamos viviendo de la ayuda de ONG varios meses. Y las penurias se han intensificado desde que ha ocurrido esto del coronavirus", contaba en mayo este antiguo trabajador de la construcción que se quedó en el paro "en la anterior crisis" y desde entonces ha ido encadenando "empleos precarios" en la recogida de fruta, en la campaña de la aceituna en Castilla-La Mancha o como teleoperador, alternando esos trabajos con "largas temporadas en el paro". La pandemia le sorprendió "en el paro y mi esposa, que trabajaba en una subcontrata de limpieza a media jornada, se quedó también sin trabajo". Ambos habían agotado ya todas las prestaciones y recibían una renta básicas que apenas "llega a los 400 euros".
Esta semana se sintieron "aliviados" cuando el ministro Escrivá amplió a seis meses el plazo para resolver los expedientes: el suyo era uno de esos casi 500.000 expedientes que iban a decaer por silencio administrativo. "Presentamos los papeles, llenamos el formulario, pero aquí seguimos esperando. Nadie nos ha dicho nada hasta ahora y por lo menos tenemos la esperanza en este momento de que nuestro caso se resuelva, pero...", explica.
El pero de Pedro trae consigo una retahíla de reproches al Ejecutivo: "Es un desastre y parece una operación cosmética más del Gobierno. Nosotros no cobramos ni un euro del IMV y seguimos viviendo de la caridad de la familia, que nos dejan la vivienda, de nuestros vecinos y de diversas ONG. Nos han tenido que comprar hasta el material escolar para que nuestra hija comience el colegio", dice, antes de confesar que él y su familia continúan "malviviendo" gracias a la ayuda "de un familiar que nos deja su piso" en un barrio 'bien' de Madrid. La situación les genera "un sentimiento de culpabilidad y de vergüenza" y esperaban "poder recibir esta renta mínima para empezar a salir del pozo".
Un IMV que "no es para vivir de la subvención, es solo para poder tener una vida digna y poder salir a buscar trabajo porque durante estos meses no me podía permitir ni salir de casa, pagarme el billete de metro o autobús, e ir a 'buscarme la vida'". "No somos parásitos", sentencia, "queremos trabajar e ir hacia adelante, salir del pozo y tener dignidad. Nosotros éramos una familia de clase trabajadora que podía vivir dignamente y ahora hemos caído en la pobreza. Algo habremos hecho mal para ello, no lo niego, pero esta situación no se la deseo a nadie".
Carmen: "He encontrado trabajo. Ese es el mejor IMV"
"¿Yo una vaga? El Ingreso Mínimo Vital, cuando se apruebe y lo recibamos, nos permitirá a mi hija de 16 meses y a mi vivir y comer, no depender de la caridad, y poder volver a empezar. Por ejemplo, podré preparar adecuadamente mis oposiciones para ser guardia civil, que es el objetivo que tengo. Esto no es una cuestión de vivir sin hacer nada a cuenta de Estado. Es una necesidad vital. Se trata de poder comer". Estas eran las declaraciones de Carmen, una joven de 25 años de Oviedo, en el paro y sin prestación alguna y con una hija de año y medio, cuando habló con La Información en mayo. Cuatro meses después asegura que no ha recibido ni un euro del IMV. "No quiero saber nada de ello", dice, "espero no tener que volver a solicitarlo nunca más". Pero al menos lanza un mensaje de esperanza: "Estoy trabajando, he vuelto a trabajar, ese es el mejor IMV". Lamentablemente, su caso no es el habitual entre las familias en situación de vulnerabilidad que aspiraban a una renta básica que, de momento, parece no ser más que un fantasma que colapsa la Administración Pública, pero no llega al ciudadano que lo necesita.
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