Cuatro imputados por el cobro ilegal de subvenciones agrarias en Granada

Granada, 6 feb.- La Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha imputado a otras dos por el supuesto cobro ilegal, entre los años 2007 y 2010, de más de 415.000 euros en subvenciones agrarias sin que tuvieran derecho a ellas.

Con ello, la Guardia Civil da por concluida la operación "Crema", que instruye el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, a cuya disposición han sido puestas estas cuatro personas, según ha informado hoy el instituto armado en un comunicado.

Tres de las personas que han pasado a disposición judicial, una en calidad de detenido y los otros dos en calidad de imputados, recibieron supuestamente subvenciones agrarias sin ser propietarios ni arrendatarios ni tener autorización alguna sobre las fincas que fueron subvencionadas.

Según la Guardia Civil, estas tres personas se arrogaron los derechos de más de cien fincas en la provincia de Granada, de las que sus propietarios o arrendatarios, mas de cuarenta, no habían solicitado subvención agraria alguna para ellas.

El último detenido ha sido un trabajador de una de las entidades que colaboran con la Consejería de Agricultura y Pesca en la tramitación de los expedientes para la percepción de subvenciones agrarias, concretamente de una caja de ahorros del área metropolitana de Granada.

Este último no solo tramitó a los imputados y al detenido la documentación necesaria, sino que les facilitó los datos catastrales de las fincas cuyos propietarios o arrendatarios no habían solicitado subvención alguna, ya que era la persona con acceso al registro informático de la Junta de Andalucía de donde poder extraer estos datos, según la Guardia Civil.

El principal detenido es un vecino de Dílar que directamente, o a través de dos empresas a su nombre, recibió 93.000 euros en subvenciones el año 2007, más de 274.000 euros el 2008, casi 79.000 el año 2009 y 65.000 euros el año 2010.

A esta última persona la Guardia Civil la considera además presunto responsable de un delito de falsedad documental, dado que falsificó supuestamente un contrato de arrendamiento de una de las fincas agrícolas investigadas.

Los otros dos imputados no detenidos son un matrimonio, también de Dílar, familia del arrestado anterior, que durante esos cuatro años habría defraudado más de 42.000 euros.

La investigación comenzó el día 13 de abril de 2010, después de que una empresa propietaria de varias fincas agrarias denunciara ante la Guardia Civil de Armilla que el detenido había cobrado de forma indebida subvenciones por la producción de almendra entre los años 2006 y 2009 que debería haber recibido dicha empresa.