"Acusados por los delitos de Malversación, Falsificación de Documentos Bancarios y de Comercio e Incumplimiento del Deber de Preservar los Bienes de Entidades Económicas, a los seis involucrados les fueron impuestas sanciones de entre uno y diez años de privación de libertad, además de la responsabilidad civil", dijo el periódico.
Una séptima persona, la subdirectora económica de la empresa, fue acusada en ausencia, "pues salió del país antes de concretarse las acciones operativas", indicó.
Esas operaciones fraudulentas "provocaron una afectación al Presupuesto local ascendente a nueve millones 408.263 pesos", (392.000 dólares) y generaron perjuicios adicionales.
Los primeros afectados fueron "los trabajadores de Comunales, quienes en la etapa mencionada no recibieron utensilios demandados por su labor, pues los recursos concebidos para eso nunca llegaron a su destino".
Ademas, "la población del territorio que debió sufrir el deterioro de los servicios referidos a la recogida de basura y otras acciones de higienización. Baste decir que de la inejecución de determinadas actividades también se desviaron sumas considerables", añadió.
La recogida de basura es uno de los grandes problemas de la capital cubana desde hace algunos años, por el alto volumen que se genera y el insuficiente mecanismo de recolección, lo que provoca pequeñas montañas de desperdicios en muchas esquinas de la ciudad.
A ellos se une que vecinos que reparan sus viviendas, gracias a las facilidades crediticias y de ventas de materiales que dio el gobierno de Raúl Castro desde hace dos años, viertan escombros junto a los desperdicios.
En noviembre de 2014, el periódico provincial Tribuna de La Habana informó que 60 funcionarios del servicio de comunales fueron detenidos y serían juzgados por corrupción.
Dos años antes, funcionarios de la misma empresa estatal, pero del municipio de La Habana Vieja, fueron condenados a penas de cárcel por un desfalco de procedimiento similar, pero equivalente a 1,4 millones de dólares.
A pesar de que las autoridades realizan desde hace algunos años una cruzada contra la corrupción administrativa en las empresas estatales, el descontrol sigue siendo el factor común que facilita la comisión de esos delitos, según la Contraloría.
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