Domingo, 20.10.2019 - 08:59 h
Nuevo frente abierto en la Audiencia Nacional

La cúpula de la CAM afronta hasta 4 años de cárcel por un desfalco de 37 millones

La instructora abre juicio oral contra tres exaltos cargos de la caja por operaciones con la promotora Hansa y les impone fianza de 189 millones.

La Audiencia condena a la exdirectiva de la CAM por falsedad documental
La Fiscalía les considera culpables por delito de administración desleal/Archivo

La magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón ha dado un paso más en la causa abierta contra tres exdirectivos de la CAM y el empresario Rafael Galea por operaciones inmobiliarias con la promotora Hansa y ha abierto juicio oral contra todos ellos. La Fiscalía pide para los cuatro penas de prisión que van de entre dos a cuatro años de cárcel por delito de administración desleal y les impone una fianza de 189 millones de euros para asegurar la responsabilidad civil que puedan tener en estos hechos.

De esta forma sienta en el banquillo de los acusados a la que fuera directora de la caja María Dolores Amorós además de Daniel Gil y Vicente Sánchez (ambos exdirectivos de la Tenedora de Inversiones y Participaciones de la CAM) y el empresario Rafael Galea por  irregularidades en operaciones inmobiliarias que el 'ladrillo' de la caja desarrolló con la promotora Hansa Urbana poco antes de ser intervenida por Banco de España y que habría dejado un agujero de 37,7 millones de euros. De hecho, la magistrada también pide que respondan como responsables civiles subsidiarios las sociedades Hansa Urbana y Management Service.

Se trata de un nuevo frente abierto para parte de la excúpula de la entidad que ya ha sido juzgada en la Audiencia Nacional por otros hechos tales como falsedad en las cuentas de los ejercicios 2010 y 2011. En este caso la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 María Tardón da el paso definitivo para sentarles en el banquillo por estas operaciones inmobiliarias que comenzaron a investigarse en la Audiencia Nacional en el año 2015.

La Fiscalía pide además que se le imponga a la aseguradora Caser una fianza de 37,7 millones de euros a favor del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), el cual también ejerce acusación en este procedimiento. De hecho, solicita para los exdirectivos de la CAM cuatro años de prisión por delito continuado de distracción desleal y dos para el empresario Galea por estos hechos que se han investigado en una pieza separada de la causa genérica contra la CAM relacionados con una operación de reestructuración de deuda. 

De acuerdo con el relato que efectuó la magistrada en su auto de procesamiento, la Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP), que se creó en el año 2002 para que la caja alicantina pudiera participar en proyectos de desarrollo de suelo, operaba con diferentes empresas, entre ellas Hansa Urbana. A finales de 2010, y ante la mala situación financiera que atravesaba la CAM, se acordó con la promotora realizar una doble operación para que ésta pudiera aflorar unas plusvalías de 40 millones de euros en su cuenta de resultados y evitar así la intervención del Banco de España, que terminó por producirse un año después.

Tasaciones infladas de hasta 443 millones de euros

De este modo el TIP vendió dos tenedoras de Hansa a cambio del 8 por ciento de capital de la misma mientras que la CAM acordó con Rafael Galea, socio mayoritario de la operación, la venta del 13 por ciento de la propiedad de Hansa con un pacto de recompra de los títulos. Para la primera operación se basaron en unos terrenos que la promotora tenía en Baja California y utilizaron una tasación que los valoraba en 443 millones de euros. El problema es que su validez venía condicionada a la obtención de licencias y éstas fueron anuladas por la Justicia.

Por ese motivo, aunque la caja afloró en un primer momento un resultado positivo de 40 millones de euros, estas valoraciones no pasaron por el filtro de los auditores externos, lo que derivó en un importante ajuste en las cuentas del ejercicio 2011. Para entonces, la situación financiera de la promotora era "muy crítica" debido a sus problemas de liquidez; lo que propició que la CAM, que seguía ostentando mucha participación en la misma, buscara una salida a la situación optando por una reestructuración de la deuda con Hansa.

La juez denunció en su auto que los acusados eran conscientes de la situación y, aún así, acordaron que el valor era de 35,7 millones de euros y, en base a ello, canjearon la participación por una reducción de la deuda de esa cuantía. Prueba de ello es que dos años después de que tuvieran lugar estas operaciones, en julio de 2013, las tenedoras de Hansa en México se vendieron a un grupo empresarial por importe de un euro. 

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