El abogado valenciano Curro Nicolau vuelve a la carga contra las medidas del Gobierno para controlar los brotes de contagios de la Covid. Este letrado de 41 años fue pionero en llevar el estado de alarma del Ejecutivo central ante el Tribunal Supremo y ahora ha vuelto a coger la delantera por las medidas del ministro Salvador Illa a las puertas de que entre en vigor un 'confinamiento blando' en Madrid y otros núcleos especialmente afectados por la pandemia. Pero ¿qué se esconde detrás de todas estas acciones judiciales contra el Ejecutivo? "No es una cuestión de colores políticos, sino de Justicia", explica en declaraciones a este diario.
A pesar de haber pasado por poco la cuarentena, Nicolau no es ninguna joven promesa del derecho. Arrancó su carrera en el prestigioso despacho de Garrigues pero con apenas 25 años decidió ir por su cuenta. Este especialista en derecho administrativo ha librado muchas batallas contra Ejecutivos de uno y otro color y eso pese a que en realidad ostenta el cargo de CEO en la multinacional Tecnourban Group dentro del sector de la energía. Además presta asesoramiento a diferentes gobiernos en sectores como la minería o el medio ambiente. ¿Y por qué se dedica a llevar ante la Justicia las medidas del Ejecutivo por la Covid? Según explica, es una cuestión de compromiso personal debido, en parte, al desconocimiento que tiene la sociedad en este campo concreto.
"Veo que se cometen injusticias y que la gente no entiende lo que está pasando porque son temas jurídicos muy concretos. Como yo esto me lo sé, no me parece bien que esto ocurra", cuenta el abogado. Desde que interpusiera su primer recurso a las restricciones acordadas en marzo para frenar el avance de la pandemia, su cara y su nombre se han hecho conocidos. "La gente me felicita porque sabe que no hay un tema político detrás ni represento a nadie. Simplemente soy un ciudadano más", explica en conversación con La Información.
Pendiente del TC
Aunque la deriva en el Tribunal Supremo parece agotarse -hace apenas unos días desestimaron su pretensión de citar como testigos a Salvador Illa y Fernando Simón- todavía está pendiente de conocer cómo resuelve el Tribunal Constitucional al recurso de amparo que interpuso el pasado mes de mayo. El abogado considera que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se decretó el estado de alarma, se excedió en sus facultades. En los escritos remitidos al alto tribunal insistió en que esta figura jurídica no podía anular derechos fundamentales recogidos en la Constitución como la libertad de reunión o de movimiento. Nicolau, que no descarta acudir a Estrasburgo, desoye el criterio de la Abogacía General del Estado y de la Fiscalía e insiste en que se están vulnerando los derechos de los ciudadanos con estas medidas restrictivas.
Precisamente y bajo esa misma premisa, interpuso este mismo jueves recurso ante la Audiencia Nacional al plan de Sanidad para confinar desde este mismo viernes todos los núcleos que registren un nivel de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. A su juicio, las medidas adoptadas el miércoles en la Conferencia Sectorial de la CISNS no pueden anular los derechos recogidos en la Constitución. Es más, considera que el plan de Illa que rechazaron los gobiernos de Madrid, Cataluña, Andalucía o Murcia, no es más que un "mero acuerdo" que no puede implicar el control de movimiento de un sector de la población en tanto se trata de restricciones que solo pueden llevarse a cabo a través de una Ley Orgánica. La Sala de lo Contencioso se pronunciará sobre este asunto en las próximas horas al haber pedido medidas cautelarísimas contra el acuerdo de Sanidad.
Sin embargo, su cruzada contra el Ejecutivo no termina aquí. El letrado también está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) resuelva su recurso contra la Conselleria de Sanidad por la resolución en la que acordaba limitar las reuniones familiares y sociales a un máximo de 15 personas. Precisamente, las limitaciones en lo que a reuniones y movimiento respecta centraron gran parte de su acción judicial. En sus escritos reiteró que se estaban vulnerando sus derechos y los de su hija de nueve años y habló de "discriminación" entre los menores en plena desescalada puesto que los jóvenes entre 14 y 18 años no se beneficiaron de las medida menos restrictivas que se acordaron para los más pequeños.
Cabe recordar que en este punto el alto tribunal le dio la razón y dijo que resolvería por la vía ordinaria su recurso a la orden ministerial sobre cómo debían desarrollarse los desplazamientos por parte de la población infantil. Con todo, este abogado valenciano no anda solo. En su periplo por el Tribunal Supremo contó con el respaldo de cinco catedráticos en Derecho Constitucional que firmaron un dictamen a su favor. Por su parte, la Fiscalía cerró filas en torno al asunto y respaldó la gestión del Ejecutivo. Al margen de su cruzada en los tribunales, el Supremo todavía tiene que pronunciarse sobre una veintena más de querellas contra el Ejecutivo también por la gestión de la pandemia, aunque la de Nicolau fue la pionera en denunciar que se extralimitaron bajo la figura del estado de alarma.
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