Dan libertad a diputado chileno procesado por muertes opositores a Pinochet

  • La Corte de Apelaciones de la sureña ciudad chilena de Valdivia confirmó hoy la libertad provisional al diputado derechista Rosauro Martínez, procesado por los homicidios de tres opositores a la dictadura de Augusto Pinochet en 1981, informaron fuentes judiciales.

Santiago de Chile, 12 sep.- La Corte de Apelaciones de la sureña ciudad chilena de Valdivia confirmó hoy la libertad provisional al diputado derechista Rosauro Martínez, procesado por los homicidios de tres opositores a la dictadura de Augusto Pinochet en 1981, informaron fuentes judiciales.

El tribunal de alzada, no obstante, aumentó el monto de la fianza para la excarcelación de Martínez desde los 200.000 pesos (unos 340 dólares) que le había fijado en primera instancia la jueza del caso, Ema Díaz, a quince millones de pesos (unos 25.420 dólares).

El parlamentario, del derechista partido Renovación Nacional (RN), y desaforado desde julio pasado, cumplía prisión preventiva desde este jueves, cuando fue notificado de su procesamiento, en un regimiento de Valdivia, a 835 kilómetros de Santiago.

En 1981, según los antecedentes del caso, Rosauro Martínez era capitán del Ejército y jefe de una compañía de comandos que participó en la llamada "Operación Machete" contra un foco guerrillero instalado por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), en la zona de Neltume, en Validivia.

Los militares encontraron en una vivienda a los presuntos guerrilleros Próspero del Carmen Guzmán Soto, Patricio Alejandro Calfuquir Hernández y José Eduardo Monsalve Sandoval, desarmados y uno de ellos herido de gravedad, y se cree que les dieron muerte.

La versión oficial de las autoridades de la época fue que se trataba de terroristas muertos en combate, lo mismo que otros cuatro guerrilleros muertos en la zona en esos días.

Martínez se ha declarado inocente de los cargos y el jueves recibió la solidaridad "en lo personal y en lo humano" de su partido, que emitió una declaración pública al respecto, mientras el gobierno pidió que se deje a la Justicia "sin presiones", según dijo el portavoz gubernamental, Álvaro Elizalde.

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