La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha emplazado a los sindicatos mayoritarios del sector público para abordar de forma inmediata una negociación para modificar la regulación de los 'interinos' en la Ley del Estatuto Básico de la Función Pública. El objetivo es retocar la ley para acelerar el proceso de estabilización de los más de 250.000 puestos de trabajo ocupados hoy por interinos - la inmensa mayoría en Sanidad y Educación - pero que tanto Administraciones como sindicatos asumen que tienen un carácter estructural y que por tanto deberían tener una naturaleza estable.
El asunto lleva años coleando, ha sido cuestionado en un rosario de sentencias de los tribunales europeos e incluso fue objeto de un compromiso explícito de resolución por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, que en el Acuerdo de Mejora de las Condiciones de los Empleados Públicos firmado a principios de 2018 incluyó el compromiso de las Administraciones Públicas de reducir la tasa de temporalidad al 8% desde el 25% en que se encontraba entonces. Poco se ha avanzado, sin embargo, desde entonces. La mayoría de los procesos de estabilización prometidos ni siquiera se han convocado y en en el periodo que va entre 2011 y 2020 la cifra de temporales en la Administración no sólo no se ha reducido sino que se ha incrementado en más de 162.000 personas, según los datos estimados por la Federación de Servicios Públicos de UGT.
Esta creciente tendencia a cubrir las vacantes que se generan en la Administración con temporales se da sobre todo en las comunidades autónomas y en las corporaciones locales y se concentra con mucho en dos ámbitos críticos del sector público: la Sanidad y la Educación. Desde 2011 la cifra de temporales en el sector de la enseñanza no universitaria se ha duplicado hasta superar los 150.000 y en Sanidad ha pasado de 170.000 a más de 226.000 tras incrementarse en más de 50.000 temporales. El acuerdo de 2018 no ha logrado revertir lo que los sindicatos observan como una 'precarización' del empleo público y los planes de estabilización de interinos tampoco han cumplido ni de lejos con los objetivos que se fijaron. Llegados a este punto, el Gobierno pretende ahora tomar cartas en el asunto y afrontarlo con la ley a la mano para empujar sobre todo a los gobiernos autonómicos a convertir en plazas fijas lo que hoy son puestos temporales, según señalan fuentes sindicales.
Las comunidades autónomas se han mostrado hasta la fecha remisas a abordar este proceso. De las 132.582 plazas sanitarias que debían consolidarse en el periodo 2018-2020, apenas se han convocado 79.316 y son muchas menos las que se han ocupado de manera efectiva. En el ámbito educativo, el número de empleados a consolidar era de 151.136, de las que solo se han convocado 84.000. Se trata de plazas que llevan cinco, diez o veinte años ocupadas pero que no se han reconocido como parte de la estructura fija de los sistemas sanitarios y educativos. Su consolidación implica la extensión 'de facto' de la plantilla de base de estos servicios.
"Un acuerdo no es lo mismo que una ley", recalca Frederic Monell, secretario de Organización de FeSP-UGT para justificar la necesidad de la negociación para cambiar la ley del estatuto del empleado público. "Se debe reforzar la obligación de sacar las plazas de consolidación previstas y si no se hace ese incumplimiento debería estar penalizado". La reticencia de las Administraciones a la hora de convocar esas plazas públicas para consolidar empleo interino ha obligado al Gobierno a intervenir y a prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2021 el plazo legal para sacar esas plazas ante el riesgo cierto de que muchas de ellas caducaran. Hay que recordar que la legislación establece un plazo de tres años para convocar las plazas ya sean nuevas o de consolidación de las ofertas públicas de empleo.
El Gobierno está dispuesto a modificar el artículo 10 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público para empujar a las Administraciones Públicas, especialmente a las comunidades autónomas y los ayuntamientos donde se concentra el mayor problema con los interinos, a apuntalar sus plantillas con la consolidación de esos puestos de trabajo pero los sindicatos le piden que vaya más allá. Tanto UGT como CSIF defienden el establecimiento de un nuevo mecanismo de penalizaciones que permita sancionar a los responsables públicos que esquiven sus obligaciones para con las ofertas de empleo público. En otras palabras, que si ocurre como en el periodo 2018-2020 y no se convocan sin una justificación suficiente las plazas previstas las unidades responsables de ese incumplimiento 'paguen' por ello.
La factura de ese incumplimiento no sólo se abona en términos de precariedad en el empleo público y debilitamiento de los servicios públicos básicos, algunos tan críticos como la Sanidad y la Educación, sino que también lastra el cumplimiento por parte de España de algunos de los objetivos de política económica marcados por Bruselas de cuya mayor o menor observación dependerá la financiación que reciba España de Europa dentro del Fondo de Reconstrucción de 140.000 millones de euros.
Los más de 800.000 trabajadores temporales de la Administración, que sitúan la tasa de temporalidad del empleo público por encima del 25% según la EPA, alejan al país del objetivo de rebajar su tasa de temporalidad, la más elevada de todos los países de la UE-27. Desde esa perspectiva, la aceleración del proceso de consolidación de los más de 250.000 interinos que se calcula hay en las Administraciones Públicas españolas no sólo lograría el objetivo de apuntalar las plantillas de los servicios sanitarios y educativos, como nos exige Bruselas, sino también le pegaría un buen mordisco a la tasa de temporalidad del mercado de trabajo doméstico.
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