El 20 de septiembre de 2017 marcó un antes y un después en Cataluña. Las protestas ante la conselleria de Economía de la Generalitat dejaron para la historia imágenes muy significativas de lo que se estaba viviendo en la comunidad a menos de dos semanas del referéndum de autodeterminación declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Pero aunque lo ocurrido acabase por ser unos de los días que marcaron el procés, el respaldo al mismo no tuvo su culmen ni empezó en aquel día. Ni aun con la imagen tan potente de los Mossos d'Esquadra desalojando a guardias civiles del edifico público, ni siquiera porque los líderes de la ANC y Òmnium llamaran a la calma desde el techo de un coche de la Guardia Civil que fue totalmente destrozado. Solo fue un día más en un proceso que pasó de la protesta pacífica a la radicalización. Una evolución que auspició el expresident Carles Puigdemont, y que ahora continúa con el actual president, Quim Torra. Y con el artículo 155 listo en Moncloa para volver a aplicarse en caso de otra deriva.
Los primeros avisos de que el independentismo había pasado de movimiento utópico a reclamación expresa se dieron en la Diada. La manifestación del 11 de septiembre de 2010, la primera tras la sentencia del TC sobre el Estatut, no fue tan exitosa como se puede pensar. Sí lo fue la de dos años después, cuando el empuje de la ANC reactivó por completo la fuerza del independentismo. La guerra de cifras, que iba de los 600.000 al más de millón y medio de asistentes, no hizo más que confirmar que los partidarios de la independencia habían dado un golpe sobre la mesa. La movilización siguió reuniendo a centenares de miles que estaban en sus puestos a las 17:14, una hora simbólica por ser además el año en el que Barcelona cayó ante las tropas borbónicas en la Guerra de Sucesión.
Quizá por cumplirse tres siglos de aquello la Diada más multitudinaria fue la de 2014. Y que también estaba marcada por la consulta del 9 de noviembre que convocó Artur Mas. El expresident intentó hacer su propio 1-O, pero la prohibición del Gobierno y los avisos de cometer varios delitos le disuadieron. Finalmente hubo votación y urnas, aunque el resultado no tendría validez ni para la propia Generalitat. Insistir en celebrar algo así le ha costado a Mas y a varios de sus exconsellers una condena del Tribunal de Cuentas de casi cinco millones de euros.
Todos los 11 de septiembre han sido pacíficos en Cataluña. En los últimos años, la movilización ha ido perdiendo fuelle. La de 2017, a pesar de ser la del 1-O, no superó a las de 2012 o 2014. La de este 2019 fue de las más discretas que se recuerdan. En medio de todos esos 17:14 del 11 de septiembre, la tensión entre Madrid y Barcelona no dejó de aumentar. Las cargas policiales del día del referéndum también fueron otro momento importante que sirvió como acicate al independentismo.
La batalla del Parlament
Una de las acusaciones recurrentes contra la Generalitat de la que está al frente el independentismo es que mantiene a Cataluña "paralizada" y "secuestrada". Una situación denunciada por la oposición que sí se ha dejado notar en la actividad del Parlament catalán. El legislativo autonómico ha sido el escenario de varios momentos que han evidenciado la brecha que existe entre los partidarios del procés y sus detractores. Algo que se ha notado especialmente desde que Ciudadanos ganó las elecciones e Inés Arrimadas se convirtió en la voz cantante de los que rechazaban unas iniciativas que fueron declaradas ilegales.
La mencionada radicalización llegó a las instituciones el 6 y el 7 de septiembre de 2017. En aquellos días, los partidarios de la secesión aprobaron las leyes del referéndum y de desconexión del Estado solo con sus votos. Y lo hicieron a través de un procedimiento irregular que fue avalado por la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. La oposición intentó alargar todo lo posible el debate para que el Constitucional suspendiese aquellas sesiones. Forcadell remaba en la dirección contraria para intentar adelantarse. Finalmente, los grupos que rechazaban la votación vieron cómo sus derechos parlamentarios eran violados. Desde entonces, las consecuencias penales para los impulsores del 1-O dejaron de ser una hipótesis.
Los lazos como siguiente paso
La polarización agravada que vivía Cataluña desde 2017 empeoró con las consecuencias del 1 de octubre. La aplicación del artículo 155 y las detenciones y el posterior encarcelamiento en prisión preventiva de los líderes del procés mantuvo la tensión a un nivel muy alto. Carles Puigdemont y otros consellers ya se habían fugado, evitando un arresto que sí vivieron los compañeros del Govern que acudieron a declarar por su implicación en el referéndum a la Audiencia Nacional. Fue ahí cuando cogió fuerza otro tipo de protesta para reivindicar el 1-O: el uso de los lazos amarillos.
En los últimos dos años, este símbolo aparentemente inofensivo ha sido motivo de conflicto en numerosas ocasiones. Los choques entre quienes los ponían para defender su causa y los que los quitaban por estar en contra de lo que significaban desembocaron en enfrentamientos en ciudades, playas o incluso en medio de las carreteras. Especialmente llamativo fue lo que ocurrió en Vic el verano pasado, en el que un coche derribó todas las cruces amarillas que fueron colocadas en una plaza para reivindicar a los 'presos politics'. Torra también los ha utilizado en edificios públicos como los del Palacio de la Generalitat, viéndose obligado a quitarlos por las resoluciones de la Junta Electoral o por orden judicial.
Los CDR, el ejemplo de la evolución
La evolución de la protesta independentista en Cataluña ha pasado por todas esas fases anteriores hasta llegar a la más controvertida hasta la fecha: el papel y los objetivos de los Comités en Defensa de la República (CDR). Lo último sobre estas organizaciones callejeras es lo más grave, ya que siete de sus supuestos miembros están en prisión provisional acusados de preparar atentados por el segundo aniversario del 1-O. Ya hubo un precedente en este sentido, con la detención de una joven a la que se acusó de rebelión y terrorismo por coordinar los CDR. Finalmente, fue absuelta a los pocos días y puesta en libertad.
En estos dos últimos años, este movimiento se ha caracterizado por sus acciones vandálicas en las calles. Una actividad que han ejercido especialmente en las llamadas 'huelgas de país', donde se instaba desde el independentismo a no abrir comercios, no acudir al trabajo ni a los centros de estudio. Para intentar contribuir al éxito de las jornadas, convocadas por las detenciones de los líderes independentistas o por el inicio del juicio del procés, los CDR cortaban carreteras, vías de tren o se formaban 'piquetes'. Todos estos paros no contaron con un seguimiento mayoritario.
Los CDR se han convertido en el último asidero del independentismo. Un movimiento político que ha pasado de la protesta pacífica a un radicalismo que se ha dado al mismo nivel en la calle y las instituciones. Y que ha encontrado en el papel de los dos últimos presidents el pretexto para avanzar hacia manifestaciones menos edificantes.
El desgaste de la causa
A pesar del ruido de sus líderes y de las protestas callejeras, la sociedad catalana no tiene clara la separación de Cataluña del Estado español. Así lo ha ido revelando la encuesta del CEO, el conocido como 'CIS catalán', cuyo último barómetro sitúa el apoyo a la independencia en el 44%. Solo cuatro meses antes, este ascendía a más del 48%, cuando alcanzó sus máximos históricos tras el referéndum ilegal y las cargas policiales contra los que estaban en los colegios para votar en el mismo.
La gestión del Govern tampoco cuenta con el respaldo de la ciudadanía, según la misma encuesta. En el último CEO, Quim Torra y los suyos eran suspendidos por un 55,8% de catalanes. Los que le aprueban alcanzaban el 40,5%.
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