Uno de los grandes contrastes políticos que quedaron patentes en la jornada de investidura de este sábado ha sido el elevado grado de acuerdo que los independentistas de ERC mostraban en el Congreso de los Diputados con el candidato a presidente y, a la misma hora, el respaldo que daban al president de la Generalitat, Quim Torra, en un pleno extraordinario de su Parlament, forzado para frenar la inhabilitación que le impone la Junta Electoral Central (JEC). Lo que en Madrid era diálogo sin límites para solventar el conflicto catalán y ‘paños calientes’ para congeniar la catalanidad con el españolismo por parte de Gabriel Rufián, en Barcelona era, a la misma hora, una piña con Torra y calificar como “golpe de Estado” la decisión de la JEC de ratificar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que inhabilita a Torra por el conflicto de los lazos amarillos y a Junqueras por pesar sobre él una sentencia firme.
El revuelo que generó el pasado viernes la decisión de la JEC amenazaba con reventar la primera sesión de investidura de Sánchez y se convertía en la mejor arma arrojadiza que tanto desde el PP como desde Cs y Vox no se dudó en utilizar. La convocatoria de urgencia del Parlament por parte de Torra, en plena desesperación al ver cómo la resolución podía ser real, era además el caldo de cultivo ideal para que ERC, con el compromiso de gobernabilidad con Sánchez en Madrid cerrado, dejara todo en el aire desde Barcelona, donde el partido está sostenido por las bases más radicalizadas y comprometidas con la independencia, que además estaban de nuevo en las calles de la Ciudad Condal.
ERC ratificó su decisión e apoyar a Sánchez y las “gracietas” de Rufián en Madrid sirvieron para calmar la situación, pero eso no obsta para que todo pueda encallarse a corto plazo si, finalmente, hay que apartar a Torra del poder en contra de la voluntad de ERC. Mientras el análisis jurídico aclare la validez de la resolución de la JEC frente a la legitimidad del Parlament (como aduce el president catalán) o frente a las decisión final que debe tomar al respecto el Tribunal Supremo (como advirtió desde el primer momento el PSOE), la situación puede empeorar, hasta el punto de amenazar el pacto con ERC o colocar al presidente investido en situaciones muy complicadas. Sánchez pretende reunirse antes de final de mes con Torra en una mesa de tú a tú para hablar del conflicto político catalán, un encuentro en el que, si no se ha resuelto ante el galimatías judicial, puede ser entre un presidente del Gobierno investido con el apoyo de ERC con un president catalán pendiente de inhabilitar por el Supremo o en rebeldía.
Recurso de casación y medida cautelarísima
Fuentes judiciales conocedoras de la legislación electoral y los procesos contencioso-administrativos advierten que lo más lógico en esta tesitura es que Torra recurra en casación ante el Tribunal Supremo la resolución de la JEC, con la petición de una medida cuatelarísima para que todo quede paralizado hasta que haya un pronunciamiento definitivo. Pero a nadie en el ámbito jurídico se el escapa que la JEC está formada por jueces del Supremo y académicos, todos ellos de alto nivel y reconocido prestigio, y han tomado una decisión que está amparada por una ley orgánica, por lo que no se puede justificar con facilidad que sea de una validez jurisdiccional menor, como llegó a pone en duda el PSOE
Si el Supremo admite la medida cautelar y paraliza la inhabilitación, a la espera de una decisión definitiva que convierta en firme la sentencia de inhabilitación de Torra que en su día dicto el TSJC y que debería tomar la polémica Sala Tercera del Alto Tribunal, en un tiempo más o menos corto por ser un trámite ordinario, el revuelo jurídico y político se paralizaría un tiempo. A pesar de ello, fuentes jurídicas del propio ámbito socialistas advierten que la situación sería siempre una amenaza para las negociaciones de ERC con el Gobierno, a pesar de que se trate de dos procesos que debieran ir por separado y no poner en duda la independencia del Poder Judicial.
En enero de 2011 se modificaron varios artículos de la Ley Electoral para que no pudieran ser electos los condenados “por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación…”, a lo que se añade “una nueva causa de incompatibilidad sobrevenida, que concurrirá en los representantes electos de candidaturas presentadas por partidos, o por federaciones o coaliciones de partidos declarados posteriormente ilegales por sentencia judicial firme”. Con esa base, el Supremo deberá decidir si hay que inhabilitar a Torra como dicen el TSJC y la JEC, aunque no haya una causa sobrevenida sobre su partido, sino sobre su persona, por pesar sobre él una sentencia firme que ha sido dictada a posteriori.
El análisis jurídico es complicado, como deja claro el hecho de que la decisión de la JEC se tomase solo por un voto (seis contra siete) y esté regada de opiniones particulares donde las dudas técnicas son patentes. "Esa discrepancia que mantiene la ley es precisamente lo que ha resuelto con su decisión la JEC, con toda la legitimidad, porque para eso está", aseguran desde el ámbito académico. "Otra cosa es que ahora se puede recurrir al Supremo, con mejores argumentos que los que haya puesto la Junta, cosa complicada dado el alto nivel de sus componentes", coinciden desde el área judicial.
Los expertos jurídicos y políticos consultados este sábado alertan de la complejidad de las dos decisiones que al Supremo le quedarían por tomar, en pleno inicio de las negociaciones con los separatistas catalanes tras la investidura de Sánchez: por un lado, el análisis sobre la inmunidad de Junqueras tras la sentencia del TJUE, tras el apoyo que le da la Abogacía del Estado y el rechazo de la Fiscalía. Y por otro lado, analizar ahora si la reforma de la Ley Electoral que el propio Gobierno de Zapatero introdujo en enero de 2011 y que es en la que se basa la inhabilitación de Torra (y de Junqueras) avala la decisión de la JEC.
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