La decana de los abogados catalanes tacha la sentencia del 1-O de "injusta"

La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), Maria Eugènia Gay, ha considerado este lunes que la sentencia del 1-O fue "desproporcionada, injusta" y que no responde a las necesidades de Cataluña.

Gay también ha apostado por el diálogo político en el marco de la jornada 'La sentencia del procés a debat', en la que ha moderado una mesa con representantes sindicales y empresariales, que han reclamado que los partidos hagan nuevos presupuestos en todas las administraciones.

El secretario general de CCOO de Cataluña, Javier Pacheco, ha apuntado que el fallo del Tribunal Supremo no ha tenido un impacto directo en la economía y el trabajo, pero ha subrayado que "hay imperfecciones" en la estructura democrática, y ha criticado que el PP llevara un conflicto político a los tribunales.

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Sí ha indicado que la paralisis política ha tenido consecuencias para revertir los efectos de la crisis, ya que ha explicado que los "indicadores sociolaborales" no se recuperan pese al crecimiento económico, y que no se han modificado las medidas que se adoptaron ante la recesión. También ha advertido de que hay gente que deja de creer en la política y ha alertado del ascenso de Vox, aunque ha asegurado que está convencido de que no hay "tres millones de fachas".

El secretario general de UGT de Cataluña, Camil Ros, ha señalado que la economía funciona al margen de la política pero que "la sentencia agudiza el problema" político, ya que la ha calificado de injusta. Ha apostado por el diálogo político y por nuevos presupuestos, ya que ha lamentado que en un contexto de recuperación económica las cuentas públicas están prorrogadas y no se toman medidas que podrían "recuperar la economía".

Señala también que la sociedad catalana es fuerte y que no se ha roto pese a que haya discusiones intensas, y ha asegurado que Barcelona "aún es un polo de atracción internacional".

El adjunto a la presidencia de Pimec, Lluís Bahamonde, ha reclamado soluciones satisfactorias para el conflicto político y ha asegurado que las empresas y los autónomos quieren "estabilidad". Ha apostado por la aprobación de presupuestos, especialmente en Cataluña, y ha dicho que la sociedad tiene que presionar a los políticos "para que hagan el trabajo para el cual" han sido escogidos.

El abogado y vocal de la Cámara de Comercio de Barcelona Antoni Fitó ha asegurado que la "falta de voluntad política del Estado" para solucionar el conflicto en Cataluña puede incidir a largo plazo en el tejido empresarial catalán y generar inseguridad jurídica.

También ha resaltado que no hay presupuestos recientes ni en el Estado, ni en Cataluña ni en Barcelona, situación que ha apostado por "desencallar". Además, ha criticado la "deriva represora que está siguiendo el Estado" y de la que, según él, forma parte la sentencia.