En el auto del juez Manuel García Castellón, magistrado de la Audiencia Nacional al frente del juicio del caso Púnica, se recogen hasta a 57 personas que deberán testificar por la presunta financiación irregular del Partido Popular madrileño entre 2007 y 2011. En la lista, resuenan nombres de la élite política y empresarial española que van desde las expresidentas 'populares' de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, hasta el expresidente de la consultora Indra Javier Monzón.
Este 'catálogo' incluye más de veinte testigos en calidad de investigados, entre los que destaca el nombre de Alfonso Granados Lerena, hermano de Francisco Grandos, expresidente del PP madrileño, quien fue detenido en 2014 como supuesto cabecilla de la trama. En 2017, la Agencia Tributaria redactó un informe en el que se recogían las presuntas irregularidades en las que habría incurrido el hermano del político en la compra de tres inmuebles, lo que puso al testigo en el punto de mira de la Audiencia Nacional.
Además, la lista de Castellón apunta al empresario burgalés José Luis Ulibarri, fundador de la constructora Begar, también como investigado. El nombre de Ulibarri quedó vinculado con el caso Enredadera y aterrizó en los informes de los investigadores de la Gürtel, quienes observaron el pago de una comisión al empresario Francisco Correa, tras lograr un terreno en el municipio madrileño de Boadilla del Monte hacerse con la construcción del Hospital Infanta Leonor de Vallecas.
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