Iglesias quiere ser más duro con el juego y cree que la ley de Garzón es insuficiente

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha reconocido este lunes que la legislación que ha impulsado el ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre la publicidad del juego no es suficiente y ha asumido que el Gobierno tiene que hacer "más cosas".

Iglesias ha destacado, en una entrevista en TVE que recoge Efe, que el decreto sobre publicidad del juego es la legislación "más restrictiva" que existe en Europa y reduce en un 80% la publicidad de las apuestas, aunque ha aseverado que "va a haber que dar más pasos" porque "lo de las casas de apuestas es vergonzoso". "Hay que seguir avanzando en la dirección que el Ministerio de Consumo y el ministro Garzón han planteado e ir más allá", ha añadido.

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"Las cosas no se pueden hacer en el tiempo que nos gustaría", ha precisado ante las "críticas muy positivas" recibidas por sectores que consideran que el decreto es laxo, unas críticas que Iglesias quiere asumir, según recoge Efe. 

El vicepresidente segundo, que ha recordado las muchas resistencias que hubo cuando se prohibió la publicidad del tabaco, también considera importante concienciar a distintos sectores de la sociedad, en concreto a aquellos medios de comunicación que ganan "muchísimo dinero" con la publicidad del sector del juego, que deberían entender que esto "hace mucho daño a la sociedad".

Iglesias se ha referido también a las presuntas discrepancias que se produjeron en el seno del Gobierno en torno a la ley integral por la protección de la libertad sexual y contra las violencias sexuales, unas diferencias que ha negado porque todos los ministerios están "trabajando juntos" para su aprobación.

"Está claro que la ley va a salir adelante antes del 8 de marzo", ha asegurado, para explicar que se trata de una reivindicación de las mujeres españolas y que el próximo 8M podrán celebrar "una victoria que no es del Gobierno", sino de la democracia española y de ellas.

En cuanto a las devoluciones en caliente, el también ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha reiterado que la política de migraciones del Ejecutivo "va a ser respetuosa con los derechos humanos" y que hay consenso sobre que las devoluciones en caliente "no son respetuosas con los derechos humanos". "Cualquier acción en contra de los derechos humanos y del acuerdo de Gobierno no se puede producir", ha incidido.