Poco a poco, se van repitiendo algunas de las situaciones que se vivieron en lo peor de la pandemia. Aunque muy lejos todavía en incidencia, los militares vuelven a asumir competencias no habituales en su cometido con tal de controlar los brotes de coronavirus. El Ministerio de Defensa ha enviado a Lepe, en Huelva, a un equipo de reconocimiento del Ejército de Tierra para estudiar la instalación de un campamento de tiendas, literas y material de habitabilidad con el objetivo de prevenir contagios en los asentamientos de temporeros. Se trata de la Agrupación de Apoyo Logístico (AALOG 21 Sevilla), que se ha desplazado hasta localidad onubense con el fin de prevenir estos contagios en los asentamientos que se encuentran en precarias condiciones tras dos incendios, según informa Ep.
La actuación ha sido solicitada por las autoridades locales a la Delegación del Gobierno y transmitida al Ministerio de Defensa para su aprobación. Esta actuación es la segunda que el Ministerio de Defensa realiza para evitar contagios de coronavirus después de dar por finalizada la 'Operación Balmis'. La otra intervención se realizó en el municipio de Albalate (Teruel), dónde se desplegaron 30 militares. Desde el levantamiento del estado de alarma, los primeros brotes de nuevos contagios se fueron detectando en zonas vinculadas con la presencia de temporeros, como son el campo de Lleida y de Huesca o los de La Mancha. Con el tiempo, los focos han variado en su origen, apareciendo el ocio nocturno como la otra gran causa de su origen.
Los alojamientos son un riesgo añadido para el contagio
Los lugares en los que se alojan temporeros extranjeros en situación irregular, la mayoría en muy malas condiciones, son un riesgo añadido para la la transmisión del coronavirus, pero el limbo legal en el que viven dificulta una respuesta clara. A la situación en Lepe se suman los brotes en Aragón y Lleida, ambos vinculados desde el inicio a la actividad de la recogida de la fruta. Las autoridades afirman que los contagios entre jornaleros se están produciendo, salvo excepciones, en los desplazamientos y en el alojamiento.
Para el responsable de sector agrario y manipulado hortofrutícola del sindicato UGT-FICA, Emilio Terrón, el problema está en los "asentamientos sin higiene" en los que viven personas indocumentadas que llegan a esas zonas y finalmente acaban en el campo porque "hay empresarios" que los llaman para trabajar "en negro". "En esas condiciones, el coronavirus está ahí, en su máxima expresión", subraya en declaraciones a Efeagro Terrón, quien habla de la existencia de una "bolsa" de personas en situación irregular que se mueven por la geografía española en función del calendario de las cosechas. Otra situación es la de los trabajadores que acuden a las campañas con sus contratos y papeles en regla, y que cuentan con alojamientos proporcionados por las propias empresas y que "reúnen unos requisitos, servicios y aforos determinados" por la normativa, según el representante sindical.
El responsable adjunto de política sindical y sector agrario de CCOO, José Fuentes, añade que en lugares como Aragón, Lleida o La Rioja el convenio colectivo regula la obligación del empresario de ofrecer un alojamiento cuando contrata a alguien que vive a más de cien kilómetros de la zona. La "picaresca", asegura, aparece cuando se emplea a "trabajadores que son muy vulnerables por no tener documentación", que se ven obligados a alquilar la vivienda con otros muchos de diversas nacionalidades, a menudo sin guardar las distancias. El sector agrario se defiende de estas críticas. El responsable de fruta de hueso de Asaja y presidente de esa organización agraria en Lleida, Pere Roque, llama a los sindicatos a "denunciar a quien toque" si sospechan de esas prácticas ilegales: "Que digan quiénes son, pero que no generalicen".
Considera que las infecciones se dan en "la vida social" de los trabajadores y afirma que todos los temporeros que trabajan para los empresarios afiliados a Asaja "están legalmente contratados" y que se aplican las medidas higiénico-sanitarias necesarias. Señala que se pone a su disposición viviendas con las "condiciones pertinentes" y, sobre las personas sin papeles, reconoce que los que hay que "dan tumbos por España" son un "problema social" que "tiene que solucionar el Gobierno" y del que "no se puede culpar al sector agroalimentario".
Campamento a partir del lunes
El Ejército de Tierra, además, estudia la instalación a partir del lunes un campamento con tiendas, literas y material de habitabilidad con el objetivo de prevenir contagios de coronavirus Covid-19 en el asentamiento de temporeros calcinado en Lepe (Huelva). La subdelegada del Gobierno en Huelva, Manuela Parralo, ha informado en un audio de que ante "una situación de urgencia" como la que se está viviendo en Lepe "desde hace más de una semana, tras la pérdida por el incendio de los enseres de muchas de las personas que habitaban en los asentamientos" y ante "la falta de respuesta por parte de la Junta de Andalucía y del municipio", el Gobierno de España ha determinado "dar una respuesta rápida ante esta emergencia en la que estábamos viviendo".
Así, la subdelegada ha remarcado que "estamos en una situación de Covid" y que, por ello, "no se puede consentir que más cien personas anden por las calles sin que tener donde pernoctar, donde asearse o donde comer".
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