No hace mucho tiempo, en los otoños en los que Cataluña intentaba celebrar referéndums ilegales (ya fuera con Artur Mas o con Carles Puigdemont), el despliegue masivo o puntual de los militares en suelo nacional siempre se observaba con recelo y críticas políticas. Quitando a la Unidad Militar de Emergencias (UME) y su (siempre aplaudida) labor en incendios, nevadas o emergencias muy concretas, la presencia de los uniformes se había limitado a momentos muy específicos, como momentos de máxima alerta terrorista (casi 5.000 efectivos del Ejército de Tierra vigilaron infraestructuras críticas en la Navidad de 2004). Desde la pasada primavera, ya nadie puede imaginar una crisis nacional (sanitaria o de cualquier índole) sin las Fuerzas Armadas como apoyo indispensable.
Han tenido que llegar los estados de alarma para dar un paso más. O varios pasos más, en cuanto a la utilidad que pueden tener las Fuerzas Armadas españolas más allá de su misión constitucional, recogida en el artículo 8 de la Carta Magna, de "garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. de velar por la seguridad nacional". Ese fue el argumento usado por el Gobierno socialista a finales de 2010 cuando utilizó a miembros del Ejército del Aire para controlar el tráfico aéreo interrumpido por la huelga de los controladores.
Y, desde marzo de este año, las Fuerzas Armadas han demostrado su valía como instrumento esencial para apoyar, gestionar, prevenir y actuar directamente en situaciones de alerta sanitaria con motivo de pandemias. Ya nada será lo mismo y, por ello, la Directiva de Política de Defensa 2020, firmada el pasado 4 de agosto por la ministra Margarita Robles y que acaba de publicarse de manera oficial, establece como uno de los ejes clave de planeamiento la necesidad de reforzar la sanidad militar y potenciar la sanidad operativa para mejorar su capacidad para afrontar futuras crisis sanitarias.
Lo dice claramente la Directiva de Política de Defensa, que publica el Boletín Oficial de Defensa (BOD), y donde se desarrollan las directrices de la Directiva de Defensa Nacional, firmada por el presidente del Gobierno el pasado mes de junio, a pocos días de terminar el estado de alarma. Antes de dicho desarrollo, en la presentación, ya se incorpora lo que es la gran amenaza que el mundo del siglo XXI ha descubierto de pronto: los ataques (de la naturaleza) sobre el sistema sanitario y la salud de la población.
Por todo ello, la nueva Directiva establece que "se determinarán los esfuerzos militares a sostener en tiempo de paz y situaciones de crisis, tanto en las misiones y operaciones en el exterior, como en las misiones permanentes de las Fuerzas Armadas en los espacios de soberanía e interés nacional. En las actuales circunstancias adquiere particular relevancia el apoyo a la población en crisis sanitarias, continuando el éxito obtenido en la operación 'Balmis' mediante el aprovechamiento de la valiosa experiencia adquirida por las Fuerzas Armadas".
Sin embargo, no solo será necesaria dicha experiencia. En la misma directiva, a la hora de fijar cómo deben prepararse los alrededor de 100.000 militares que hay en España, se explica que "las Fuerzas Armadas deberán ser capaces de sostener el despliegue de las fuerzas necesarias para mantener sus misiones permanentes, los compromisos con las Organizaciones Internacionales y la defensa de los intereses nacionales en el exterior", pero que, en ese objetivo, tendrán que estar "en disposición de incrementar ese esfuerzo militar sostenible al menos en un 50% durante un período máximo de un año" para cuestiones muy concretas como son "reforzar la seguridad de nuestros espacios de soberanía e interés" o "reforzar la preservación de la seguridad y bienestar de los ciudadanos y los servicios esenciales, entre los cuales las reacciones ante crisis sanitarias o catástrofes de cualquier género han de ocupar un lugar especial".
Esto no quiere decir que vayan a incorporarse a filas más de 50.000 efectivos en un año, sino que los Ejércitos y la Armada se comprometen a tener siempre disponibles una fuerza de acción inmediata para atender las necesidades. Es decir, habrá más activación previa, pese a que el despliegue en los meses del confinamiento fue ya de por sí rápido.
Por lo demás, y tras establecer los principales puntos de actuación en el interior y el exterior, la directiva subraya la "muy necesaria atención" a la mejora de las condiciones y calidad de vida de los militares, a su formación, preparación profesional y al impulso y continuidad de programas industriales que proporcionen capacidades "necesarias e innovadoras". Además, la promoción de la mujer se considera "de la máxima prioridad".
El documento analiza también el contexto estratégico en el mundo para subrayar la importancia de tener en cuenta fenómenos como "los ciberataques, la militarización del espacio, las amenazas híbridas, incluida su componente de desinformación", resume Efe. También "el cambio climático, los fenómenos meteorológicos catastróficos, los desequilibrios demográficos, los movimientos migratorios descontrolados y, una vez más, las pandemias que "pueden tener un enorme impacto sobre el bienestar de los ciudadanos, sobre la estabilidad social y la seguridad internacional", advierte.
El documento establece los objetivos de la política de Defensa y las directrices para planificar su consecución, entre las que destacan la necesidad de mejorar las condiciones de vida y trabajo del personal militar, especialmente Tropa y Marinería, y avanzar en la plena incorporación de la mujer a todas las actividades de la Defensa por medio de nuevas medidas de conciliación. Para todo ello, el Ministerio requiere "unos recursos financieros razonables y un escenario presupuestario lo más estable posible", de modo que no solo "atienda a las necesidades propias de ese servicio público, sino que contribuya a la innovación, el desarrollo tecnológico, la creación de empleo y la proyección de España en el mundo", concluye el documento.
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